En Chile, a pesar de la compleja situación económica que ha obligado al Gobierno y al Congreso a legislar para auxiliar a millones de chilenos y chilenas en absoluta pobreza, el patrimonio de las mayores fortunas ha crecido casi en un 70 % según la última medición hecha por la Revista Forbes.
Encabezando la lista de los más ricos en Chile aparece Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa, y actual cabeza de la familia, quien maneja negocios principalmente en la minería (Antofagasta Minerals), y también en otras áreas a través de Quiñenco, donde tienen participación en Banco de Chile, ENEX, CCU, CSAV, entre otros.
Fontbona, quien ocupa el número 74 de la lista mundial, aumentó considerablemente su fortuna en los últimos meses, llegando a 23,3 mil millones de dólares, patrimonio que creció 12 mil 500 millones de dólares con respecto al ranking del año pasado.
En el segundo lugar de esos superricos, aparece el exyerno del dictador Pinochet, Julio Ponce Lerou, con 4,1 mil millones de dólares, quien progresó en mil 700 millones de dólares respecto al 2020. En el tercer puesto figura Horst Paulmann con 3,3 mil millones de dólares, 300 millones de dólares más. El cuarto puesto lo ocupa el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera y familia, que suman una fortuna de 2,9 mil millones de dólares, también con 300 millones dólares más que en la lista precedente.
El dato acerca de Piñera ha avivado el insulto popular y la investigación que sigue contra él la Contraloría General de la República por eventuales conflictos de intereses entre el supuesto “fideicomiso ciego” donde se encuentran sus negocios y el rol neutral que le corresponde como jefe del Ejecutivo.
Vale recordar que el 28 de enero, Piñera firmó el Decreto 77 que prorrogó por un año la vigencia de permisos de operación de los casinos municipales. De no hacerlo, la cadena de casinos Enjoy hubiera quebrado. La decisión ha sido cuestionada por la relación “empresarial” del jefe de Estado con las familias Cueto y Martínez, controladoras de Enjoy.
Una vez denunciados tales vínculos, la Contraloría decidió realizar una “revisión absoluta” del fideicomiso “en el ejercicio de las facultades legales que le confiere el inciso segundo del artículo 47 de la ley n° 20.880, sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses”.
La relación entre Piñera y las familias controladoras de Enjoy, se remontan a los años ochenta cuando el joven ejecutivo de Citicorp, filial del Citibank, les ayudó a refinanciar deudas, y de paso les mostró nuevas oportunidades de negocios en el mundo de las finanzas, los servicios y bienes raíces. Fue una relación beneficiosa para los tres que dio para mucho más y ha perdurado en el tiempo.
¿Estafadores de cuello blanco?
El pasado de Sebastián Piñera, ventilado en los medios de comunicación alternativos, esconde turbios manejos empresariales y sistemáticas estafas al fisco durante las últimas décadas del pasado siglo. Uno de los casos más escandalosos es precisamente la “triangulación de tipo tributaria” que lo enlaza a Antonio Martínez Ruiz y Juan Cueto Sierra, descendientes de inmigrantes españoles, aragonés el primero y asturiano el segundo.
El tema, investigado por los periodistas Sergio Jara, Héctor Cárcamo, Juan Andrés Guzmán, Jorge Rojas, y Carlos Tromben, reveló cuáles fueron los negocios que catapultaron las actuales riquezas de esos grupos familiares (Martínez, Cueto y Piñera) tras revisar los registros del Conservador de Bienes Raíces, el Archivo Judicial y el Diario Oficial.
“Con ayuda de un joven abogado llamado Fernando Barros Tocornal, los tres socios idearon un mecanismo para aprovechar un agujero en la normativa tributaria vigente: las empresas zombis. Se trataba de sociedades de papel que alguna vez pertenecieron a grandes grupos económicos anteriores a la crisis. Eran empresas muertas que acumulaban años de pérdidas, pero Barros, Piñera y sus socios aprovecharon un subterfugio legal para revivirlas. Con ello aprovechaban las pérdidas del pasado para hacer ‘desaparecer’ las ganancias del presente”, concluyó la investigación.
“Para elaborar el libro Empresarios Zombis, Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas accedieron a las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos. Por esta vía averiguaron que una empresa zombi se vendía por un valor de entre un 1 % y un 2 % de su pérdida contable”, dice Tromben.
“Piñera, Cueto y Martínez fueron los primeros en hacerlo; muchos empresarios los imitaron después y el fisco dejó de recaudar millones de dólares, hasta que el Gobierno de Ricardo Lagos cerró la válvula. En total utilizaron cuatro zombis y pudieron haber licuado sino todas, gran parte de las utilidades que las empresas de Piñera generaron en los noventa. Cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó el fraude y comenzó a fiscalizar, todas estas operaciones estaban prescritas. Ni Piñera, ni Cueto, ni Martínez fueron sancionados por ello”.
Este pasado inescrupuloso sirve de telón de fondo a la indagatoria actual de la Contraloría, a la que se suman dos querellas judiciales que exigen el enjuiciamiento de Piñera: la primera fue presentada ante la Fiscalía de Valparaíso el 4 de diciembre del 2019 por 16 abogados especializados en derechos humanos; y la segunda es del pasado 2 de abril, sostenida por las comunidades mapuches de Bío-Bío y la Araucanía (Wallmapu), quienes le acusan de genocidio.
Expertos reclaman que tales procesos se aceleren en beneficio de los cientos de jóvenes, hombres y mujeres que participaron en las revueltas de los últimos meses y aún permanecen encarcelados, así como de los más de 500 heridos, algunos con severos daños oculares y los familiares de los más de 30 muertos que reclaman justicia.
A tales procesos legales, activistas, políticos y expertos suman la responsabilidad que le corresponde a Piñera como jefe del Gobierno frente al manejo de la pandemia de la COVID-19, que ha costado la vida a unos 30 mil chilenos.
“Como si todo esto fuera poco, trató de transformarse en adalid de las causas democráticas propiciando nada menos que un golpe de Estado en Venezuela”, agregó Eduardo Gutiérrez, quien tuvo una activa participación en la lucha clandestina contra la dictadura pinochetista y actualmente representa el Movimiento No Más AFP de cara a la Constituyente.
A los chilenos resta esperar los resultados de los procesos legales, de la pesquisa que realiza la Contraloría, y de la iniciativa que va cobrando forma en el Senado que pretende inhabilitar a Piñera por “impedimento físico o moral”, pero muchos siguen en las calles, con la certeza de que la mayor presión está allí, denunciando la desvergüenza de un presidente que, a pesar del 80 % de descontento, insiste en sostenerse en el cargo hasta el 11 de marzo del 2022, fecha en que concluye su segundo mandato (el primero tuvo lugar entre marzo del 2010 y marzo del 2014).
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