Los precios se fueron de rumba (+ Fotos)

Para quienes en di­ciembre compraron to­mate a 30 o 40 pesos la libra, en Madruga o en la capital, el bajón a ocho pesos que le dio el Consejo de la Admi­nistración, al topar los precios de los productos agrícolas, fue una bendición.

La medida, adoptada en todas las provincias, responde a la im­plementación de la Tarea Orde­namiento, que ha sacudido a un país donde los precios excesivos, las insuficiencias de la comercia­lización, los impagos a los produc­tores y el déficit en la producción de alimentos están urgidos de una profunda mirada.

Era lógico y reconocido que durante el trimestre inicial se darían los primeros tropezones, pero se toma como un período de ajustes y corrección de aquellas cuestiones que pueden ser cam­biadas en beneficio de producto­res, consumidores y de la econo­mía nacional.

Meisi Bolaños, ministra de Fi­nanzas y Precios, ha reiterado que: “El Ordenamiento no es solo una tasa de cambio, significa ordenar desde el punto de vista económi­co, estructural e institucional, y buscar eficiencia para visualizar dónde están las mayores distorsio­nes… No queremos que nadie pro­duzca para perder”.

Chocar con la misma piedra

Cada año y desde diferentes aris­tas Trabajadores ha hurgado en las problemáticas de la producción agropecuaria para llegar a una conclusión: cuando las cosechas no alcanzan para satisfacer a los consumidores se originan distor­siones, y “los más vivos” se apro­vechan del sudor ajeno para sacar ganancias.

Sin embargo, Cuba no tiene otra vía que la eficiencia en la maximización de las entregas al agro hasta lograr la soberanía alimentaria, porque a una nación férreamente bloqueada le niegan créditos en bancos internaciona­les, la adquisición de alimentos e insumos y tecnologías de punta y la comercialización en el mer­cado más próximo, el de Estados Unidos.

Pese a ello, no han podido do­blegar la voluntad de los campesi­nos y trabajadores de la agricul­tura, que en todo momento, y lo acaban de ratificar en los encuen­tros con los grupos de trabajo del Partido y del Estado en cada pro­vincia, confirman la disposición de producir; ante esos retos se im­pone el respaldo político y la bús­queda constante de soluciones a los obstáculos.

En este corto camino de aprendizaje (ni se ha completa­do el primer trimestre) sobran ejemplos de cuánto se han visto afectados los productores, sobre todo con la tarifa eléctrica, los precios de los servicios de ma­quinaria agrícola, de las horas de vuelo en las arroceras, del agua, el combustible…, teniendo en cuenta que la mayoría de las tec­nologías que aplican en el campo están obsoletas y, por tanto, son altas consumidoras.

El 9 de febrero la destacada ga­nadera Ana Julia Álvarez declaró al periódico: “Nos ha llegado una factura eléctrica que los campe­sinos de Cabaiguán consideran ¡fuerte! Por fortuna hoy día están revisando; refieren que para bajar la cuantía”.

Arcides Hernández Pérez, so­bresaliente productor de Cumana­yagua (Cienfuegos), plantea que de nada valdría realizar un trabajo tan exigente y agotador para que los ingresos no cubran los gastos y garanticen el salario de los traba­jadores.

La conversación con Arcides derivó hacia el efecto de la im­plementación de nuevos costos. “Me preocupa el cultivo del bo­niato. La semilla cuesta 84 mil pesos y la electricidad 137 mil, en tanto el ingreso es de 208 mil. Cuando sumas, pierdes dinero solo con esos dos gastos, sin con­tar el pago de la fuerza de traba­jo y los insumos. ¿A cómo hay que venderlo entonces?”.

Alguien que lidia entre los productores y el mercado, Elpi­dio Ponce Sánchez, comercial de la cooperativa de créditos y ser­vicios (CCS) Osmel Gonzalvo, en Manuel Tames (Guantánamo), asegura que es desestimulante el desequilibrio entre los precios de frutas, viandas y hortalizas: un quintal de frutabomba se pagaba a 80 pesos y ahora a 330, y el plá­tano burro, que era a 60 solo le subieron 20.

Equidistantes

Como asevera el campesino Yor­gel Domínguez Font es prematu­ro evaluar el impacto de la Tarea Ordenamiento en un aspecto tan complejo como la formación de precios del surco a la tarima. Hay que dar tiempo, y mientras caen las hojas del almanaque, ajustar lo que sea preciso en la tríada pro­ducción-acopio-comercialización, como han pronosticado las autori­dades nacionales.

Otro asunto es el precio de los insumos y las adversidades de la naturaleza. Yosvany Guerra Valdés, quien junto a su herma­no Niordanys trabaja la finca El Perú, en el centro de Ciego de Ávi­la, afirma que las cuentas no están claras hasta el final de la cosecha. “Ni un grano de frijol recogimos a inicios de febrero, perdimos unos 30 mil pesos invertidos; ningún insecticida pudo matar el Thryps palmi, y la plaga tampoco dejó a mi papá acopiar ni para un potaje. ¿Cuál hubiera sido la pérdida en el frijol con los actuales precios exce­sivos de los insumos?”.

Para abaratar los costos de la nueva tarifa, Pedro Alonso Gonzá­lez arrea los bueyes. El sexagenario de la CCS avileña José Maceo, cal­culó: “Tengo invertidos 2 mil 500 pesos en posturas de tomate y 74 mil en la malanga, que he regado una vez. El litro de petróleo subió de 2.00 a 13.90 pesos, no obstante agarro el que me den porque agua es lo que más necesita esta bendita tierra roja”.

Pareciera cuento de camino, pero golpea el fatalismo geográfico: de fertilizantes o cualquier agente biológico que llegue al país, a los guantanameros les toca un puñaí­to, muchas veces próximo a cadu­car, alega Elpidio Ponce Sánchez, de Manuel Tames.

“Pienso que es responsabili­dad de los gobiernos territoriales verificar esos precios y estudiar su adecuación. Aquí el 90 % de los 270 asociados a la CCS Osmel Gonzal­vo produce en condiciones de sequía muy severa y ni un 2 % posee sis­temas de regadío, otra cuestión que también implica costos”.

Un tema igual peliagudo saca a la luz Alexis Padilla, de la CCS Rafael Hernández, de San Luis, en Santiago de Cuba. “Preocupa el fu­turo de la producción porcina. Los precios de los piensos están eleva­dísimos, y es preciso resolver eso de que existen piensos en MLC, pero no hay mercado donde vender la carne en esa moneda para recupe­rar la inversión y seguir fomentan­do la crianza”.

Vilma Esther Revilla, usufruc­tuaria y presidenta de la CCS Os­mel Gonzalvo, de Manuel Tames, argumenta que persisten demoras en los pagos: la leche del mes de diciembre se pagó a inicios de fe­brero y la de enero todavía no se ha pagado, cuando hay produc­tores que dependen de ese dinero para adquirir la canasta básica, pagar la electricidad y mantener a la familia.

“Estamos a tiempo de revisar, a partir de la realidad de los costos, el precio que tienen los productos que nos vende el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agri­cultura (Gelma), de cuántas veces subieron su valor, o de a cuánto as­ciende el valor del servicio prestado en la preparación de tierra”, senten­cia Vilma.

Correlación precio-calidad

Un acercamiento de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento a la ruta de la producción agrícola en La Habana y las dos provincias colindantes, sacó a la luz otra cara de un añoso tema: “La mayoría de los problemas que detectamos son de carácter subjetivo, de atención, de sensibilidad para buscarles so­lución; y muchas inconformidades están asociadas a la no correspon­dencia de la calidad con el precio de los productos”.

Así resume Ramón Aguilar Betancourt, presidente de esa co­misión, el intercambio con pro­ductores, comercializadores y con­sumidores, en el cual detectaron que hay municipios como Arroyo Naranjo y Boyeros donde el ma­yor porcentaje de lo que el pueblo consume lo adquiere a través de la formas de gestión no estatales (74 y 62 %), una debilidad de la red de mercados estatales, puntualizó.

“La cadena del programa de au­toabastecimiento a la capital tiene debilidades desde la planificación agropecuaria; no se respalda ni con el plan de siembras ni con el des­tino de la producción, tampoco la empresa de mercados trabaja en la contratación y la planificación para la venta.

“En la red de mercados (52 vi­sitados) son recurrentes los proble­mas de administración: no cumplen con la protección al consumidor, los productos están sin beneficiar y con deterioro de la calidad, mante­niendo el precio máximo topado; y serias dificultades con el control de las ventas, de higiene y organizati­vos”, comentó.

Todo ello se contrapone con la actitud altruista de los producto­res, que “están sembrando y cose­chando, a pesar de sus múltiples preocupaciones. El desabasteci­miento de los mercados no está relacionado con la Tarea Orde­namiento, es un fenómeno que se arrastra desde la crisis energética de mediados del 2019. La carencia de insumos afecta la producción”, afirmó el diputado.

Los productores reclaman que se les consulte a la hora de estable­cer los precios topados y se reconoz­can los costos de la producción. Que se les dé garantía de precio para los productos de ciclo largo. No fijar precio en marzo y cambiarlos en agosto o diciembre, lo que deterio­ra el resultado, como ha sucedido varias veces, y no determinar már­genes comerciales superiores al que produce, porque no es justo, acotó Ramón Aguilar.

Otra preocupación, dijo, está relacionada con los créditos banca­rios, pues hay morosidad en el otor­gamiento y los requisitos de una ga­rantía, que históricamente ha sido la propia cosecha, es un tema muy serio, porque si solicitan 70 mil pe­sos y tienen que llevar 50 mil de ga­rantía, no lo piden. El seguro agro­pecuario debe atemperarse a las condiciones en que se trabaja hoy.

“Cuando hay similitud en los problemas en varios lugares es evidente que no existen sistemas efectivos para transformarlos, y ha sido más complejo para las formas productivas, donde se crean incer­tidumbres sobre todo a la hora del pago del anticipo, que se forma a partir de las utilidades”.

Ángel para un final

“La Tarea Ordenamiento mani­fiesta la voluntad de ajustar todo lo posible, sin modificar su obje­tivo, y ese necesario proceso tiene en cuenta las opiniones de la po­blación y los criterios de la base productiva y de las empresas”, destacó Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Im­plementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Al momento de redactar este trabajo quedan tarifas y precios por definir, medidas por aplicar y publicar. Los organismos responsa­bilizados con la imple­mentación aún trabajan en la búsqueda de solu­ciones justas; ese es el ángel para quitar pesa­res e incertidumbres.

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