Hace un tiempo atrás en una provincia oriental tuvieron la feliz idea de publicar en el periódico local los números telefónicos de los celulares institucionales de los principales dirigentes de aquel territorio. Recuerdo el suceso porque el hecho generó cierta polémica entre quienes defendían esa decisión, y otras personas que lo vieron como una medida excesiva.
En lo personal este comentarista aplaudió la iniciativa en ese ámbito provincial, porque en realidad esos teléfonos institucionales, que popularmente se les llaman “petroleros” porque no gastan del bolsillo particular de quien lo recibe, son una herramienta de trabajo muy útil para quienes tienen así la oportunidad y la responsabilidad de estar al tanto de cualquier asunto que afecte a la ciudadanía a la cual se deben.
Rescato aquella anécdota porque a partir de varias experiencias de colegas y propias, parece ser que no siempre la respuesta a través ese medio de trabajo es la que uno esperaría.
Lo primero que sería importante hacer notar es que no son todas las entidades con la posibilidad de dotar a directivos y funcionarios de esos móviles institucionales, porque esta es una vía con un costo financiero no despreciable, además de que supone la creación de condiciones tecnológicas para soportar y expandir ese valioso servicio.
Con el gradual desarrollo de la infraestructura para la telefonía celular y de la ampliación de la conectividad, no obstante, es notable el incremento de tal facilidad en el desempeño de labores que así lo requieren, lo cual incluye hasta la ventaja de no consumir tiempo del bono mensual cuando se llama a esos aparatos desde un teléfono fijo.
Por eso no se justifica que a veces haya quienes no responden, o solo lo hacen con teléfonos cuyos contactos conocen, o mantienen el móvil apagado más allá de lo que la lógica laboral indicaría como indispensable.
Igual pasa con la elemental cortesía de responder mensajes por cualquiera de las vías de mensajería, al menos para hacer notar que se recibió la inquietud o solicitud, y dar la debida respuesta.
También conocemos de muy provechosas experiencias comunicativas, por ejemplo, como las que vimos en el municipio capitalino de La Lisa, donde la comunicadora del consejo de la administración divulgaba en las redes sociales los celulares de las principales directivas de esa localidad que tienen que recibir y accionar ante las denuncias de violaciones de precios, en una muestra de que esos medios deben estar cada vez más, al nivel que cada quien opera, por supuesto, en función de resolver los problemas de la ciudadanía.
Y nos consta que eso no pasa solamente en los municipios, sino que hay muchas personas con responsabilidades esenciales en niveles bien altos de dirección que emplean tales implementos con total transparencia y vocación de servicio público.
Por supuesto hay escalones y mecanismos de trabajo que se deben respetar también, incluso cuando tenemos a la mano esa posibilidad de comunicación. Pero llegado ese punto, hay que tener la agilidad y prestancia para dar la orientación adecuada a quien llama, de manera que pueda encaminar mejor la solución de su problema, sin olvidar nunca que esa es la razón de ser de cualquier servidor público, con independencia de su jerarquía.
Así que tal vez no haya que publicar en la prensa una relación de números telefónicos de personas responsables para determinadas funciones, aunque para algunas tareas o momentos críticos quizás sí amerite hacerlo, pero lo importante es que exista conciencia de que esos teléfonos son para comunicarse con la gente y contribuir a solucionar necesidades sociales y de las entidades donde se labora. O sea, que el celular “petrolero” es para eso: para responder.
