Como parte de las acciones llevadas a cabo tras la puesta en marcha del ordenamiento monetario en el país, la aplicación del Decreto-Ley 30, que establece severas cuantías de entre cinco mil y 15 mil pesos por violaciones de tarifas y precios, es de vital importancia para el enfrentamiento a indisciplinas e ilegalidades en estos acápites.
Así lo afirmó hoy Lourdes Rodríguez Ruiz, viceministra de Finanzas y Precios, durante su intervención en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda, en el cual explicó que esta medida fortalece los objetivos principales de la Tarea Ordenamiento.
Comentó que la norma pone énfasis en el control de los precios mayoristas y minoristas de productos y servicios centralizados y descentralizados.
En cuanto a sus objetivos, la funcionaria afirmó que la actual disposición vela por el cumplimiento de los procedimientos que se previeron con la puesta en marcha del Ordenamiento, y mantiene el régimen de control de los precios aprobados centralmente.
Aseveró también que el Decreto-ley 30 busca elevar la disponibilidad de las mercancías, recomponer las canastas de consumos y proteger a los consumidores.
La medida actúa en las mismas condiciones tanto hacia actores económicos estables y no estables y para los precios mayoristas y minoristas, dijo Rodríguez Ruiz.
Aclaró que la norma hace mayor énfasis en las medidas administrativas, de manera que se les exija a los jefes de las entidades el cumplimiento de lo establecido.
Otras medidas accesorias por el establecimiento de precios especulativos y abusivos en productos y servicios, que establece la ley, es el decomiso de los bienes y las futuras acciones penales en caso de impagos de las multas.
Sobre el anterior Decreto 227, que regulaba las contravenciones por cuantías excesivas de productos y servicios, Rodríguez Ruiz comentó que las antiguas multas estaban desfasadas y terminaban en el bolsillo del propio consumidor.
Con el objetivo de combatir las conductas de indisciplina y descontrol a partir de la puesta en marcha del ordenamiento monetario, se puso en marcha a principios de este mes de febrero el Decreto-Ley 30, que establece severas cuantías de entre cinco mil y 15 mil pesos por violaciones de tarifas y precios.
(Tomado de ACN)
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