Por Tubal Páez Hernández
Una de las características de la democracia socialista cubana es la existencia del Consejo Popular, un órgano del Poder Popular integrado por todos los delegados elegidos en las circunscripciones pertenecientes a su demarcación, los cuales eligen, a su vez, a uno de ellos para que lo presida.
Con frecuencia este órgano es identificado erróneamente como una instancia intermedia de la división político-administrativa del país, cuando en realidad, como su nombre lo define, es un grupo de personas que actúan en representación de otras residentes en un espacio físico determinado.
A modo de ejemplo, podemos recordar que los consejos de Estado o de Ministros, ─como también el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, el de Seguridad de la ONU u otros─ no constituyen un territorio, aunque sí tienen ámbitos de alcance y composición regulados por normas establecidas.
Como todo el sistema de órganos del Poder Popular, en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19, los consejos populares están desempeñando un importante papel, toda vez que sus presidentes forman parte de los Consejos de Defensa de zona, activados desde el pasado año ante la difícil situación sanitaria.
De igual manera, aunque más recientemente, están contribuyendo en la implementación del nuevo ordenamiento monetario y cambiario, imprescindible para desarrollo económico del país, al perseguir una distribución más justa de la riqueza, lo cual conlleva también de gran complejidad, por su gran impacto en la vida de millones de personas.
En ambos escenarios, por las atribuciones conferidas, tanto por la Constitución de la República como por la Ley 132 de diciembre de 2019, los consejos populares están investidos de la más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones, entre ellas la cohesión de sus delegados, el respaldo a su labor, la solución o tramitación de problemas, y las acciones de control popular a las entidades de incidencia local.
Sin embargo, ante la pandemia, la Tarea Ordenamiento y otras muchas actividades, resulta imperativo promover la mayor y más directa participación ciudadana en las acciones de control al cumplimiento de las medidas en los centros de producción o de servicios cuyo funcionamiento repercute directamente en la realidad de la comarca.
En cuanto al trabajo comunitario integrado -uno de los empeños que promueven- este no debe verse sólo como la promoción de actividades culturales, necesarias siempre, pero ahora más, cuando los enemigos de la nación centran los ataques contra símbolos sagrados de la identidad nacional; pero debe interpretarse también como convocatoria a emprendimientos colectivos que solucionen problemas identificados en las circunscripciones.
Entre las disposiciones que favorecen la integración de fuerzas, el Consejo Popular tiene la potestad de invitar a sus reuniones a representantes de las organizaciones de masas y sociales, y de las entidades más importantes, siempre desde las funciones que a cada cual corresponden.
Es bueno conocer también que, como expresa la Ley, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Presidente de la República, la Asamblea Municipal y su Presidente son las únicas autoridades competentes para dar indicaciones e instrucciones a los consejos populares.
Esteban Lazo Hernández, titular del parlamento cubano, en sus visitas de trabajo a municipios del país, suele intercambiar con los presidentes de los Consejos Populares y el resto de los delegados que los integran, a quienes recuerda siempre la importancia de conocer en detalle los problemas, estrechar los vínculos con los pobladores y apoyar los programas de desarrollo local.
La historia de estos órganos es un ejemplo del perfeccionamiento del Poder Popular, pues los primeros consejos de este tipo surgieron de manera experimental a finales de los años ochenta del siglo pasado y más tarde, en octubre de 1990, por acuerdo del Consejo de Estado se extendieron a 93 zonas de la antigua provincia de Ciudad de La Habana.
Diez días después de aquel encuentro, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, inspirador directo de la creación de estos órganos, se reunió con sus presidentes recién electos, ocasión en que reflexionó largamente al respecto, como también hizo en la Asamblea Nacional en diciembre del año siguiente y en julio de 1992.
La experiencia acumulada de organización y funcionamiento de los consejos populares, definidos por el máximo líder de la Revolución como un eslabón esencial de la dirección socialista y no como una autoridad administrativa, emergieron como una necesidad del proceso de descentralización y de la participación del pueblo en la adopción de las decisiones estatales.
Ello se concretaría en la Ley 91, de julio del año 2000, que dio paso a la norma actual, contenida en el Título II de la Ley 132 de 2019, sobre la organización y funcionamiento de los consejos populares.
“Algún día la historia tendrá que consignar que hemos resistido en parte importante, gracias a los consejos populares”, señaló Fidel en el quinto aniversario de estos órganos, que hace unos meses cumplieron sus tres décadas de existencia.
