‘Algún día se podrá aclarar lo que sucedió y lo que no sucedió’, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, quien ratificó que su país mantiene la voluntad de trabajar con las autoridades estadounidenses de manera efectiva, tanto política como científicamente, para encontrar una solución.
El documento interno del Departamento de Estado, calificado de secreto y recientemente desclasificado, señala que 18 meses después de producirse los sucesos (en 2016 y 2017) no se sabía qué pasó ni por qué, o quién lo hizo.
Añade que la respuesta de la administración Trump al llamado síndrome de La Habana estuvo plagada de mala gestión y liderazgo deficiente, pues ni siquiera designó a un funcionario de alto nivel como responsable general para investigar.
Además, existió falta de coordinación y de seguimiento de los procedimientos establecidos, así como comunicaciones ineficaces y desorganización sistémica.
A pesar de ello, lo ocurrido en la embajada de Washington en Cuba fue empleado a fines de septiembre de 2017 como justificación para reducir en más del 60 por ciento el personal destacado y cerrar efectivamente el consulado de Estados Unidos.
Ello se hizo sin realizar una evaluación de riesgos y beneficios agrega el reporte.
Asimismo, critica a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por no compartir información sobre las experiencias relacionadas con la salud de sus agentes en La Habana a fines de 2016 y principios de 2017, lo que retrasó la capacidad del Departamento de Estado para reaccionar rápidamente.
El director del Proyecto de Documentación de Cuba del Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh, comentó que el informe de la ARB arroja mucha luz, pero no aclara lo que sucedió, para lo cual las pistas podrían estar en los registros aún secretos del Departamento de Estado, la CIA, el Buró Federal de Investigaciones y el Pentágono.
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