Este domingo más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a elegir al Gobierno que regirá los destinos del país durante los próximos años.
En este ejercicio democrático está en juego la confirmación del camino neoliberal impulsado por el actual mandatario Lenin Moreno o si avanzarán hacia políticas de mayor compromiso social como las que defiende el favorito en las encuestas Andrés Arauz, de la alianza Unidos por la Esperanza (UNE).
“El voto no siempre es una decisión razonada, es sobre todo un acto de confianza cargado de emociones —decía un editorial sabatino del periódico ecuatoriano El Telégrafo—. Para algunos las elecciones serán el momento de desahogarse, de escribir en una papeleta su desesperanza, de expresar su desprecio frente a una clase política que no resuelve sus problemas”.
La campaña desarrollada por las diferentes agrupaciones políticas que finalmente inscribieron una cifra récord de candidatos (16 binomios para la presidencia y más de 4 mil por el centenar de curules en los legislativos nacional y provinciales) no ha estado exenta de expresiones de odio, miedo e ira. Grupos extremistas han exhibido intolerancia y han lanzado mensajes discriminatorios contra pobres, afros, cholos y mestizos. Frente a ellos no han faltado activistas que llaman a “votar con el corazón” para que, “frente a la papeleta, sientan que este país le pertenece” y expresen en ella su deseo de legar a “un Ecuador con menos desigualdad, más justicia y más libertad”.
Para el ganador —el cual probablemente solo conoceremos el 11 de abril, en segunda vuelta— el principal desafío será la crisis sanitaria por la COVID-19 y la caída de la economía ya que heredará un país endeudado y con 3,2 millones de nuevos pobres en el último año.
El actual mandatario Lenín Moreno culpa al expresidente Rafael Correa de tal degradación y más recientemente a la caída del precio del petróleo (antes de la pandemia), y a la paralización económica por la COVID-19.
No obstante, cada vez son más claros los perjuicios. Según Jonathan Báez Valencia, experto del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Central del Ecuador, es evidente el sobrepeso del sector empresarial entre los funcionarios del gobierno saliente.
“Los actuales ministros ocuparon antes cargos de gerentes generales, explicó Báez Valencia. Fue un gobierno empresarial, no de todas las empresas sino de las élites empresariales. El expresidente del Comité empresarial ecuatoriano (Richard Martínez) adquirió el grado de ministro de Economía, por ejemplo”.
Y cuando asumió la cartera, en el 2018, “la economía tomó un rumbo que benefició al sector empresarial y dejó de beneficiar a la población”.
Para el economista, la Ley de Fomento productivo eliminó tres ingresos fundamentales para el Estado: “hizo exoneraciones a las empresas, quitó ingresos petroleros y regalías mineras. Finalmente quitó mecanismos de financiamiento interno, un rol que cumplía el Banco Central del Ecuador. Hubo una ‘autoemboscada’ que quitó ingresos al Estado, que legitimó el endeudamiento con organismos internacionales y políticas de recortes”.
Verdades como esas, que subyacen en la cultura política de la nación aunque no siempre sean visibles, son las que están en juego este domingo en unos comicios cuyos resultados comenzarán a conocerse tres horas después de cerrados los registros electorales, tal como informó el Consejo Nacional Electoral.
