Hay espacios para el diálogo, para el debate cultural, concebidos y garantizados por la ley. Las instituciones culturales aseguran que hay disposición. Hay voluntad —afirman— para abordar cualquier aspecto de la política cultural, de las relaciones de los escritores y artistas con el Ministerio de Cultura, y todo su sistema de institutos y consejos.
Y el debate cultural, por supuesto, no está circunscrito a cuestiones estéticas o conceptuales. El artista no vive en una burbuja; es un ciudadano con derechos, con necesidades y demandas.
El ejercicio del arte tiene proyecciones políticas, sociales, económicas. Las discusiones sobre arte trascienden por tanto el ámbito de los problemas de la creación. La libertad creativa está consagrada en la Constitución de la República y su concreción en la práctica amerita un escrutinio permanente.
Y en esa lógica, la institución tiene el deber de escuchar a los artistas, atender sus reclamos, ofrecer explicaciones pertinentes, participar activamente en la solución de diferendos puntuales.
Sería tonto aseverar que no hay problemas en la aplicación cotidiana de la política cultural. Que no hay conflictos de intereses. Que no hay desencuentros. Son inevitables, asumiendo la naturaleza cuestionadora e incisiva del arte y su rol en el entramado social.
No obstante, la vía para solventarlos será siempre el intercambio respetuoso, responsable, ético. Y en el marco de la ley, como corresponde a un estado de derecho, los límites para todo ejercicio público los define el entramado legal.
Manifestarse frente a una institución cultural, en medio de una complicada contingencia sanitaria que desaconseja aglomeraciones (suficiente con aquellas que debido a las circunstancias no se pueden evitar); exigir “mediáticamente” un diálogo para acto seguido no aceptar invitaciones a la cordura y el entendimiento… no puede ser el camino.
El “espectáculo” para los medios interesados no puede ser más importante que la vocación dialogante. No es con presiones para imponer una agenda que se logra establecer un intercambio fructífero con una institución que tiene la responsabilidad de articular una política en medio de un panorama difícil.
La aplicación de la Tarea Ordenamiento, que es un imperativo del momento, plantea no pocos desafíos. El Ministerio de Cultura ha atendido reclamos de la ciudadanía y ha tomado decisiones específicas, como la reducción considerable de las tarifas de entrada a los centros culturales.
Ahora que la mayoría de las agrupaciones han debido recesar por el impacto de la pandemia ha sido preciso proteger salarialmente a los artistas. Se trabaja por mantener, en la medida de lo posible, una programación que evite el apagón cultural.
Hay que actuar con sentido de la responsabilidad.
No significa, por supuesto, que se vulnere el derecho de expresión de los creadores. Tiene que haber oídos receptivos; en el sistema institucional de la cultura y en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero tiene que ser un debate de altura, con argumentos, con propuestas viables, con respeto al rol de las instituciones y su importancia en el sostén de la vida cultural de la nación.
En un país asediado por décadas, la defensa de la soberanía nacional no es una cuestión menor. Es un asunto de principios. Ningún poder extranjero tiene derecho a decidir las reglas del juego, ningún emporio mediático debería imponer narrativas que sirven exclusivamente a sectores interesados en un cambio de régimen.
Pretenden hacer creer que en Cuba hay un divorcio entre los artistas y las instituciones culturales.
El debate sobre arte y literatura no es precisamente prioridad para esos grupos de poder. Los artistas (y también “los artistas”, porque no han dudado en “construir” referentes mediáticos) son asumidos como instrumentos de un plan perfectamente concebido. Ha funcionado en varios escenarios.
Hay muchas razones para defender una sólida plataforma institucional para la cultura: el acceso pleno de la ciudadanía a todas las manifestaciones del arte; el sistema de enseñanza artística, democrático e integral; la protección de expresiones poco favorecidas por el mercado; la defensa de la dignidad plena del artista…
No es poco lo que está en juego. Y la mayoría de los creadores —incluso muchos de los que han planteado desde la honestidad sus inconformidades— lo saben. Corresponde hacer más diáfanos los mecanismos, comprender el rol de las organizaciones de artistas y escritores, que tienen que ser la contrapartida eficaz del Ministerio de Cultura, los espacios naturales para el diálogo necesario.
