El problema de la mala calidad del pan normado es quizás de los más antiguos con que hemos tenido que lidiar, sin que antes de ahora lo hayan podido resolver de forma definitiva ni las inspecciones, ni las asambleas de rendición de cuentas de delegado del Poder Popular, ni ningún otro mecanismo administrativo.
Sin embargo, la medida del ordenamiento monetario y cambiario que elimina el subsidio a este producto y establece el precio de un peso para el pan que recibimos por la libreta, podría establecer nuevas bases para la exigencia sobre las panaderías, a partir de este mecanismo financiero.
Las insatisfacciones y quejas que ha venido planteando la ciudadanía durante estos primeros diez días de enero en relación con la calidad de ese pan nuestro de cada día, tienen ahora un nuevo matiz que no es posible subestimar.
Las propias autoridades gubernamentales ya han informado de varios territorios donde la población rechazó y dejó de adquirir ese producto, en porcentajes no despreciables, por la falta de correlación entre su nuevo precio de un peso y su calidad.
También los medios han reflejado varias acciones sorpresivas de control hechas en algunas panaderías, bajo esa misma presión popular, con el hallazgo de incumplimientos en el gramaje del producto, así como de otras propiedades como durabilidad, consistencia y otros parámetros esenciales en ese alimento de primera necesidad.
Este el tipo de reacción que se esperaría de cualquier cambio de precio de un producto al cual se le retire el subsidio, y hay que verla, más que como una amenaza, como una oportunidad.
En la medida en que algo nos cueste lo justo, que debamos pagar por su verdadero valor, ello servirá también para movilizar los mecanismos administrativos que permitan resolver las deficiencias existentes en cualquier producción o servicio.
Si en una panadería los clientes empiezan a dejar de comprar el pan, porque con toda razón se rechaza su elaboración chapucera, con la cual muchas veces se han enmascarado los robos y desvíos de las materias primas, no deberían tardar en saltar siempre esos resortes del control popular y de los gobiernos locales, para atajar las causas de la mala calidad.
Un riesgo sería, como me comentaba una amiga, que la gente se cansara y admitiera ese pan mal hecho, incluso sin subsidio, ya sea por la falta de una alternativa o por la ausencia de las correcciones oportunas.
Sin embargo, las nuevas condiciones financieras en que la familia deberá desenvolverse, no creo que admitan ese lujo de pagar y pagar cada día, un peso y otro peso, por un pan sin los requisitos mínimos.
Las autoridades locales tendrán que acompañar esa lucha cotidiana por la calidad, con las respuestas rápidas imprescindibles ante cualquier desviación de las normas de elaboración del pan.
De ser preciso, diríamos parafraseando aquel concepto, habría que cambiar a todo el que deba ser cambiado, si no se resuelve el asunto en algún establecimiento.
Porque lo que sí resultaría inadmisible es que se gastaran harina, grasas, levaduras y otras materias primas, para fabricar un pan que la población no compre.
El peso del pan ahora no solo será su precio, sino también la posible fórmula para, con la exigencia colectiva, mejorarlo de una vez y por todas. Ordenar será entonces tener el pan a peso, y con su peso.
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