Dirigentes y empleados de la sede del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas alzaron sus voces en respaldo al editorial La soberanía no es negociable, publicado este lunes en las páginas de Trabajadores.
Reunidos en áreas del sitial histórico, frente al busto de José Martí y la bandera cubana, se dio lectura a un texto donde claramente se expresa que “hace falta compromiso y responsabilidad. Hace falta trabajo. Hace falta sentido de nación”.
Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en predios matanceros, manifestó que “nadie puede atentar contra un país que procura el bien de todos, mucho menos poner en juego sus conquistas, las cuales defenderemos hasta con nuestra propia vida si fuera preciso”.
Ramírez Ramírez llamó a los trabajadores a dar el máximo en la producción de bienes y servicios, a elevar ahora más que nunca la guardia obrera, ahorrar materia prima y recursos energéticos, porque “la Revolución se defiende mejor si cada cual cumple bien su misión en cada puesto laboral”, señaló.
“En el aniversario 62 del triunfo del primero de enero de 1959 y en los 60 años de la victoria en las arenas de Playa Girón (19 de abril de 1961) tienen los matanceros dos motivaciones especiales para sacar las reservas de eficiencia en cada colectivo y convertir a Matanzas en la provincia más productiva del país”, instó.
Vladimir González Rodríguez, integrante del Secretariado Nacional de la CTC, repudió la actitud de quienes intentan poner en riesgo la estabilidad social de una nación protectora de los derechos de todos por igual; y cuestionó a quienes no aceptan el diálogo y optan por el chantaje, las mentiras, y llaman a la desobediencia, “algo que no estamos dispuestos a aceptar”, afirmó.
Según lo anunciado, en todos los colectivos laborales se efectuarán matutinos en apoyo a un editorial donde queda claro que un grupo reducido de personas, que se erige en “movimiento de artistas” y cuya agenda coincide con la de los enemigos históricos de la Revolución, no puede aprovecharse del legítimo derecho a disentir para socavar las bases populares de un sistema político y social.
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