Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirman que el 50 % de los guatemaltecos vive en la pobreza y que la desnutrición infantil afecta a más de la mitad de los niños de esa nación centroamericana, especialmente a los indígenas.
La situación ha sido agravada este año por la pandemia de la COVID-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron 60 muertos, 100 desaparecidos, más de 2 millones de damnificados y cientos de miles de hectáreas anegadas, según reporte gubernamental divulgado el pasado jueves.
Sobre ese lecho y otras desgracias, además de una corrupción sistémica, descansan las revueltas que tuvieron lugar en noviembre, de las cuales trascendieron al menos dos muertos, cientos de heridos, y el edificio sede del Congreso parcialmente inutilizado por un incendio.
Para los manifestantes el gran culpable es el Gobierno y su rostro visible es el mandatario Alejandro Giammattei, quien realmente poco ha hecho por resolver los problemas medulares de Guatemala.
El médico de profesión, que había aspirado varias veces a la presidencia antes de conseguirlo en segunda vuelta en los comicios del 2019, habló durante su campaña de potenciar la lucha contra la corrupción, tema que un lustro antes sacó del poder al mandatario Otto Pérez Molina. Asimismo, prometió reactivar la pena de muerte como herramienta frente al crimen, y condenó el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La pretensión de manejar el país con mano dura no convence, y su verdadera gestión de gobierno se ha vuelto en su contra al llevar los niveles de aceptación por debajo del 30 %, según afirman encuestadoras locales.
Académicos entrevistados por el diario guatemalteco Prensa Libre, a raíz del conato por el Presupuesto General de la Nación para el 2021 que motivó las protestas, denunciaron que “la intencionalidad de los políticos de turno es controlar a su beneficio el gasto público”, lo que pudo ser verificado en la forma poco transparente con que operó el Congreso en ese caso.
Al final, el presupuesto de la discordia quedó definitivamente suspendido, el año próximo el Gobierno tendrá que arreglárselas con partidas similares a las del 2020, pre-COVID-19 y prehuracanes. No obstante, la maniobra reveló que la clase política en el poder ha echado el ojo a programas de salud y protección social, ámbitos donde habían previsto los mayores recortes: prevención de la desnutrición, atención materno-infantil y tratamiento del cáncer, entre otras dolencias que afectan a la población guatemalteca.
Según análisis del portal Plaza Pública, el presupuesto previsto también perjudicaba a la universidad pública y al ejercicio del poder judicial, al tiempo que destinaba 100 millones de quetzales (más de 12 millones de dólares) para construir una nueva sede al Congreso, lo cual confirma las denuncias de que el Gobierno pretende priorizar grandes proyectos de infraestructura, manejados por compañías con conexiones gubernamentales, y pasa por alto el impacto social y económico de la pandemia, así como las graves secuelas dejadas por los huracanes.
“Si no levantamos nuestra voz y no somos enérgicos al condenar lo que pasó en el Congreso, será un patrón que va a seguir de aquí en adelante, donde van a negociar todo detrás de la ciudadanía”, dijo Paul Boteo, integrante de la agrupación de intelectuales Fundación Libertad y Desarrollo; mientras Dionisio Gutiérrez, directivo de esa misma organización, reveló que con el tema del presupuesto “están haciendo piñata frente a los ojos del pueblo, con la diferencia ahora de que la gente está molesta y con gran necesidad por la crisis económica y el desempleo”.
El hartazgo de los guatemaltecos es grande y Giammattei lo sabe, por eso echó mano a la veleidosa Carta Democrática Interamericana de la OEA y el pasado viernes llegó a Guatemala una comisión de expertos encabezada por el argentino Fulvio Pompeo, a quien la fama le precede por haber estado vinculado a una turbia y fallida venta de aviones a Guatemala mientras era funcionario del presidente Mauricio Macri.
Latinoamérica conoce cada vez más a la OEA, la ha sufrido por sus afanes entreguistas y serviles al imperio estadounidense, ejemplos recientes son Venezuela y Bolivia, donde el organismo regional ha hecho de todo por promover un cambio de Gobierno, pero ese riesgo no lo corre Guatemala, más bien todo lo contrario.
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