El salto cualitativo dado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas y sus sindicatos en la atención a personas que cumplen su libertad condicional ocupando puestos en colectivos laborales, confirma cuánto más se puede hacer en beneficio de uno de los programas más humanos de la Revolución cubana.
No obstante la consolidación de la tarea en predios yumurinos, esta labor necesita de constante sensibilidad y espíritu creador, para que cada insertado sienta la influencia del colectivo en la modificación de su conducta, consideró Consuelo Baeza Martín, integrante del Secretariado Nacional de la CTC.
Al presidir en Matanzas un taller sobre los resultados del estratégico objetivo de trabajo para la organización, Baeza Martín insistió en el diseño de un traje a la medida para cada uno de los que son ubicados en los centros, de manera tal que se pueda medir la efectividad de lo que se esté haciendo.
“No se trata de una labor de un día, ni mucho menos contentarse con la presentación a su llegada, sino con concebir un sistema de atención que en muchos lugares tiene como saldo positivo que muchos se quedan en la entidad al término de la sanción”.
La dirigente se refirió a las indicaciones de la CTC para seguir perfeccionando la manera de gestionar a los insertados, término empleado en el movimiento sindical en referencia a quienes completan su sanción penal en centros de trabajo.
Precisó que la mayor concentración de este tipo de población laboral el país la concentra en sectores como la salud, la construcción, la agricultura y comunales, aunque en menor medida también hay inserción en formas de gestión no estatal.
En el Taller Provincial sobre el Control y la Atención a los Trabajadores que Cumplen Sanción en Libertad Condicional se socializaron las buenas prácticas de un municipio como Cárdenas que, junto con Matanzas, posee el mayor número de sancionados.
Se llamó a un cambio en los resultados en territorios donde no se alcanzan los saldos previstos, de manera tal que a los insertados no se les revoque la libertad condicional, lo cual, según se dijo, ha sucedido en muy pocas ocasiones.
De manera conjunta entre el juez encargado del control y las dirección municipal de Trabajo, se establece la ubicación laboral de los insertados, para lo que se tiene en cuenta criterios de factibilidad como las características del delito y el posible organismo en el que lo pondrán, de forma tal que el empleo no se convierta en un factor de riesgo para cometer otro hecho delictivo, manifestó a Trabajadores Dayma Espinosa Cuesta, presidenta de la Sala Tercera del Tribunal Provincial de Matanzas.
A juicio de Espinosa Cuesta, el reconocimiento del avance en Matanzas y en la noble tarea exige continuar estableciendo mecanismos de perfección de la actividad, a partir de utilizar la norma y las plataformas metodológicas que “definen modos de actuación y acciones concretas de cada uno de los organismos, lo que nos pone en mejores condiciones para optimizar esta labor”, señaló.
Explicó que para conseguir tal propósito, habitualmente se aplican estrategias de retroalimentación y evaluación sistemática de la prevención laboral y social del controlado, lo que también permite medir la efectividad de todos los organismos y organizaciones participantes en el proceso (CTC, CDR, FMC, PNR, entre otros).
Matanzas cuenta con más de 2 mil insertados, la mayoría de los cuales son afiliados a las diferentes seccionales sindicales, desde donde “se acciona para que se mantengan en esos puestos laborales y culminen sus estudios, en el caso de quienes así lo deseen”, afirmó Tahimy Martínez Domínguez, integrante del secretariado de la CTC en esta occidental provincia.
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