Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron este domingo un inventario de las pérdidas físicas y materiales por el incendio provocado en el Congreso de la República durante manifestación del 21 de noviembre, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (Oacnudh) recomendó investigar el uso excesivo de la fuerza en la jornada de manifestaciones que dejó decenas de heridos en la Plaza de la Constitución y calles aledañas.
La intensa jornada de protestas debido a lo que organizaciones diversas describen como “precipitada y turbia aprobación del presupuesto” previsto para el 2021, terminó con heridos, arrestos y un incendio rápidamente controlado en el edifico sede del Congreso de la República, donde manifestantes (algunos encapuchados) entraron a la fuerza.
Según Orlando Blanco de la @UNEBancada fueron personas infiltradas quienes cometieron los hechos delictivos en el Congreso de la República, y señaló varias coincidencias “sospechosas”, entre ellas la demora de las fuerzas de seguridad, las cuales no actuaron en el momento.
Desde Twitter el activista @Ivan_Velasquez_ denunció que “El gobierno, que no hizo nada por prevenir ni impedir el incendio en el Congreso, salió minutos después a reprimir violentamente a los pacíficos manifestantes de la plaza. La PNC fue la que provocó los enfrentamientos. ¡Que los ojos del mundo miren a Guatemala!”
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, también hizo pública su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), con lo cual violó el amparo que había sido otorgado en favor de los manifestantes.
A modo de ejemplo, Rodas confirmó que varias personas en la Plaza Central, incluso niños, resultaron afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron las fuerzas antimotines desde un costado la Catedral Metropolitana, mientras en las redes sociales se pudo ver agentes de seguridad arrastrando mujeres y policías que sacaban armas de fuego de las alcantarillas, lo cual hace pensar en una acción previamente planificada.
Momento exacto en que integrantes de la Policía Nacional Civil abren una alcantarilla y sacan armas al puro estilo de los mareros y sicarios. Esto es demasiado preocupante, parecen delincuentes en lugar de policías. pic.twitter.com/JtOwen8Jua
— Xep (@XEPLAINFIESHTA) November 22, 2020
El procurador agregó que es necesario que el Ministerio Público (MP) investigue y determine si hubo agentes del Estado involucrados en la quema del Congreso, y explique la poca presencia policial en los alrededores del edificio cuando fue asaltado
El ministro de gobernación, Gendry Reyes, por su parte, justificó el proceder de la policía aduciendo que hubo “actos terroristas” de personas que lanzaron bombas incendiarias contra el Congreso y que vulneraron “la paz social”.
El sábado a las 22:00 horas la policía había reportado en sus redes sociales la captura de más de 30 personas supuestamente implicados en los disturbios, mientras que el domingo en la mañana el Organismo Judicial, por medio de su vocero Mario Siekavizza, informó que eran 43 personas las arrestadas por esos hechos, a las cuales el Ministerio Público acusaría de delitos como reuniones ilegales, daños al patrimonio y atentado. Al cierre de esta edición, 9 de ellas habían sido exoneradas de cargos.
¿Por qué protestan los guatemaltecos?
Académicos entrevistados por el diario guatemalteco Prensa Libre coinciden en que, esta vez, “el Presupuesto General de la Nación surgió en medio de una opacidad que no permitió la discusión amplia, lo que puede entenderse como una intencionalidad de los políticos de turno de controlar a su beneficio el gasto público”.
El mecanismo facilitó la reducción de las partidas para salud y protección social, en las que se disminuyeron los recursos para la prevención de la desnutrición, la atención materno-infantil y el tratamiento del cáncer, entre otras dolencias que afectan a la población guatemalteca.
Según el análisis del portal Plaza Pública, el nuevo presupuesto también perjudica a la universidad pública y al poder judicial, al tiempo que destina 100 millones de quetzales (más de US$12 millones) para construir una nueva sede del Congreso, lo cual sustenta la queja de que se pretenden priorizar grandes proyectos de infraestructura, manejados por compañías con conexiones gubernamentales, y se pasa por alto el impacto social y económico de la pandemia covid-19, así como a las graves secuelas dejadas por los huracanes Eta (181 mil 953 familias afectadas para un total de 119 mil 913.54 hectáreas de 30 cultivos) e Iota (hasta el domingo se contabilizaban más de 15 mil 075 familias afectadas y unas 9 mil 978.80 hectáreas dañadas).
Un artículo publicado este domingo en Prensa Libre sostiene que “Aunque el pleno del Congreso haya aprobado el mayor presupuesto de la historia, en un año con pandemia y estragos por desastres naturales, no responde a las verdaderas necesidades de país, e incluso no hay garantías para la fiscalización de recursos; lo único evidente, según expertos, es el pago de favores”.
Con respecto al secretismo con que se manejaron las audiencias para evaluar las diferentes partidas, Paul Boteo, integrante de Fundación Libertad y Desarrollo, concluyó que “Si no levantamos nuestra voz y no somos enérgicos con condenar lo que pasó en el Congreso, será un patrón que va a seguir de aquí en adelante, donde van a negociar todo detrás de la ciudadanía”.
Algunos expertos han denunciado además que el presupuesto no cuenta con una planificación adecuada en los proyectos que se incluyeron en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip).
Desde el mismo viernes, varias organizaciones alertaron al presidente Alejandro Giammattei y le pidieron que vetara el plan aprobado por el Congreso, entre ellas destacan el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); la Alianza Evangélica; la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi); la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas; el Comité de Crisis del Sector Turístico Organizado, el grupo “Aj Kem” (Tejedores, integrado por exfuncionarios, analistas, periodistas y dirigentes empresariales), la Conferencia Episcopal, el Consejo Superior Universitario, la Junta directiva y el Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios y otros.
“En aras de la paz y tranquilidad ciudadana, solicitamos al señor Presidente de la República que, atendiendo su mandato constitucional de velar por el bien del país la transparencia y eficiencia de las finanzas públicas, ejerza el veto para el decreto recién aprobado por el Legislativo, evitando que se consuma así una grave irresponsabilidad”, afirma una de las misivas enviadas por empresarios.
“El sector empresarial organizado manifiesta su total repudio a la forma en que una discusión que debió haber sido técnica y razonada se llevó a cabo en forma acelerada con opacidad y con ánimo de evitar la observancia ciudadana” decía otro comunicado.
Las protestas evidenciaron aún más las discrepancias entre el presidente Alejandro Giammattei y su compañero de fórmula, el vicepresidente Guillermo Castillo quien ha propuesto al mandatario, “por el bien del país”, que renuncien de forma conjunta ante el Congreso y cedan espacio a una comisión de notables integrada por representantes de las iglesias católica y evangélica y otras organizaciones, para que el Legislativo nombre sucesores que “oxigenen” el rumbo de Guatemala.
