El mercado es un gran escenario en el que se concretan gran parte de los procesos económicos de un país, y en el caso cubano muchas veces tiene que lidiar con la dificultad de encontrar una congruencia entre sus leyes naturales y el efecto de la dualidad cambiaria y monetaria.
Como resultado del derrumbe del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra la Mayor de las Antillas, desde la década de los noventa en Cuba se implementaron medidas económicas, entre las que prevalece la existencia de dos monedas en circulación (CUP y CUC), y una tasa de cambio que en el circuito empresarial es de 1 CUP=1 CUC y en el ámbito de las personas naturales es de 25/24 CUP=1 CUC.
Esta decisión permitió a la nación recuperar su economía, pero con el transcurso de los años generó también distorsiones que, como han declarado las máximas autoridades políticas y gubernamentales, constituyen un impedimento para la liberación de las fuerzas productivas. El impacto de esta situación transversaliza toda la realidad cubana y se traduce en el comercio interior y los servicios en distorsiones como la falta de continuidad entre los precios mayoristas y los minoristas, medición errónea de los hechos económicos, desestímulo para la industria nacional y las producciones locales, y que iguales productos y servicios tengan diferentes precios.
Este sector resulta muy sensible porque en él se concreta gran parte de lo que consume la población y en la actualidad muestra una gran segmentación y complejidad institucional debido a la alta presencia de subsidios y de métodos para la formación de precios. Yosvany Pupo Otero, director general de Servicios, del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), explicó a la Agencia Cubana de Noticias que si bien hasta la década de los noventa existía homogeneidad en los ingresos de la población y los mecanismos de distribución, a partir de ese momento ocurrieron importantes transformaciones que provocaron una segmentación de los mercados por monedas, y una gran diversidad de formas de distribución.
La política de precios del Mincin establece hoy la centralización de la aprobación de precios minoristas de productos y servicios de alto impacto en la población en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Ministerio de Finanzas y Precios, con el objetivo de respaldar programas sociales y necesidades básicas del pueblo. En esta situación se hallan, por ejemplo, los productos de la canasta familiar normada.
Al mismo tiempo otro grupo de mercancías y servicios se aprueban de manera descentralizada y aplicando distintos métodos de formación de precios (de gastos, por correlación, etc), o convertidores para el componente en divisas, lo que explica que estos varíen de acuerdo a la red comercial en que se ofertan o el territorio en el que circulen determinados bienes y servicios.
En ese sentido Pupo Otero explicó que la canasta familiar normada se comercializa a precios con subsidios y la diferencia es asumida por el presupuesto del Estado. En situación similar están los productos no alimenticios que forman parte de la canastilla, el uniforme escolar, el calzado profiláctico, los módulos para postrados e incontinentes, entre otros.
Aclaró el especialista que en todos estos casos el consumidor se vincula a establecimientos específicos, la comercialización se realiza a partir de per cápitas fijadas y de acuerdo con ciclos de distribución fijos.
La red minorista cuenta también con otros mercados y programas de comercialización cuyos productos se pueden adquirir de forma liberada. Entre estos el programa de materiales de la construcción, los insumos agrícolas, la red de establecimientos de mercados Ideal y la de artículos industriales.
En dependencia de la red en que circule o el programa al que pertenezca, a estas mercancías que en ocasiones pueden ser las mismas, pero en circuitos diferentes se les aplica un método de formación de precios diferentes.
En el programa de materiales de la construcción se venden productos a precios sin subsidios en los que al componente de importación se le aplica la tasa de cambio de 1 por 25, pero los que tributan al programa de ahorro del agua o terminación de vivienda tienen convertidores inferiores. Si se trata de materiales que provienen de la producción local entonces sus precios son fijados por los gobiernos territoriales.
Otro ejemplo citado por Pupo Otero es el de los productos de los mercados Ideal y de artículos industriales, cuyos precios se forman por correlación con productos similares, lo que lleva a que en ocasiones el precio minorista no es continuidad del mayorista y sea necesaria la intervención del presupuesto del Estado para compensar el desfase.
A ello hay que agregar que el solo hecho de aplicar la tasa de cambio actual para las personas naturales (1 CUC=25 CUP) provoca que una lata de refresco cueste 10 pesos en un mercado Ideal o establecimiento de gastronomía, y 12.50 pesos en la red de tiendas recaudadoras de divisas, lo cual es una vulnerabilidad para la comisión de delitos.
En la gastronomía los consumidores se enfrentan a diversidad de precios de productos diferentes como resultado de la existencia de variedad de programas que implican distintos métodos de formación. Programas como el del Sistema de Atención a la Familia y la Merienda Escolar son subsidiados; sin embargo, restaurantes y cafeterías tienen otras normas para fijar sus precios a partir de indicaciones centralizadas, aprobaciones de los gobiernos locales o la aplicación de criterios de oferta y demanda cuando se trata de establecimientos que pertenecen a formas de gestión no estatal.
Algo similar ocurre con los servicios, cuya aprobación de precios se halla descentralizada.
El comercio interior se encuentra en un proceso de perfeccionamiento que tiene el propósito de incrementar la calidad de sus prestaciones y avanzar en la protección al consumidor. Ello significa que el sector se enfrenta a otras problemáticas que sobrepasan las distorsiones que provoca la dualidad monetaria y cambiaria; sin embargo, avanzar en la eliminación de estas trabas allana el camino para solucionar muchas de las insatisfacciones de la población.
