¿Cuántas veces hemos cuestionado la existencia de un mismo producto con diferentes precios en el mercado? Bastaría un ejemplo para ilustrarlo.
Un pomo de refresco Tukola de 1 500 mililitros (ML), producido por Los Portales, cuesta 1,50 CUC en la red de tiendas que comercializan en esa moneda. Al multiplicar ese valor por la tasa de cambio vigente, el precio es 37,50 CUP. Sin embargo, en los establecimientos del Comercio Interior, ese mismo refresco vale 25,00 CUP. Así ocurre con las latas y con otras mercancías que no sería posible listar.
Esas diferencias, generadoras sempiternas de malestar en la población, son el reflejo de las profundas distorsiones con las cuales ha operado la economía desde hace varios años, derivadas, en buena medida, de la dualidad monetaria y, sobre todo, cambiaria.
Por ello la unificación, aunque no tenga, ni por asomo, porte y aspecto de varita mágica, debe contribuir a homogeneizar los métodos actuales de formación de precios y a eliminar las torceduras que impactan en el comercio interno, el externo y en el sistema empresarial.
Viaje a la semilla… de las distorsiones
A las distorsiones de hoy, al decir de la máster Margarita de la Caridad Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Cuba llegó por un camino bien largo que se remonta a la década de los 90 del pasado siglo, periodo en el cual fue preciso establecer la dualidad monetaria y adoptar medidas de saneamiento financiero como, por ejemplo, el incremento de precios de productos no esenciales y la eliminación de varias gratuidades.
Pero no fue hasta 2003, según rememora, que se introduce el peso convertible (CUC) en las relaciones entre entidades y en la formación de precios mayoristas, como un modo de reconocimiento del componente importado de las producciones y servicios.
Ya en 2004, agrega, las Tiendas Recaudadoras de Divisas, nacidas desde los años 90 con sus ventas en dólares estadounidenses, pasan a cobrar en CUC y, una vuelta de almanaque después, se establece una congelación de los precios minoristas en CUC de productos de alta demanda.
Desde entonces y hasta los días que corren, no han sido pocas las medidas implementadas para intentar corregir las deformaciones expresadas en la categoría económica precios, una de las más complejas y controversiales, y que tiene especial vínculo con las políticas salarial, fiscal y del comercio.
Sobresale, en opinión de Acosta Rodríguez, lo dispuesto en 2016 para aumentar la capacidad de compra del peso cubano, que contempló la disminución de los precios de una gama importante de productos alimenticios, de higiene y aseo comercializados en CUC.
También se toparon los precios de determinados productos agropecuarios y, en junio de 2019, se estableció el no incremento de los precios mayoristas y minoristas para no contrarrestar los efectos del aumento salarial al sector presupuestado, así como en las pensiones.
En resumen, acota la Directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios del MFP, la economía ha operado en un ambiente de dualidad monetaria y cambiaria compuesto por dos circuitos:
- El de las relaciones entre entidades o circuito mayorista, con una tasa de cambio de: 1 usd = 1 CUC = 1 CUP.
- El de las relaciones con la población o circuito minorista, con una tasa de cambio de 1 CUC = 25 CUP.
Al mismo tiempo, se han mantenido las altas restricciones materiales y financieras provocadas por el bloqueo económico estadounidense, que persiste en su escalada agresiva; no ha sido posible, a pesar de los intentos, revertir la alta dependencia de las importaciones y tampoco la Mayor de las Antillas ha logrado sustraerse de los efectos de las crisis internacionales, aderezadas con alzas de precios del mercado externo.
Tampoco se puede pasar por alto, de acuerdo con Acosta Rodríguez, el mandato expreso de los documentos rectores del vi y vii Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC), de revisar el sistema de precios y perfeccionarlo de manera integral.
Ahí se sostienen las raíces del diagnóstico realizado, y que tuvo en cuenta los factores que inciden en su comportamiento, los aspectos vinculados al control y la identificación de las distorsiones de la economía que se expresan en los precios.
Hoy, en términos generales, explica la especialista, «los precios no exponen las señales sobre el comportamiento del mercado, debido a la desconexión entre los precios mayoristas y minoristas, lo que responde a la existencia de subsidios y al carácter recaudatorio de varios productos».
Precio que nace torcido… ¿se endereza?
Quizá la distorsión más «costosa», económicamente hablando, sea la asociada a la actual tasa de cambio para las relaciones entre entidades (1 usd = 1 CUC = 1 CUP). Según la funcionaria del MFP, «ello impide que los precios midan, objetivamente, los hechos económicos y desestimula las exportaciones y la sustitución de compras en el exterior, a partir de las deformaciones en el cálculo de los costos y gastos».
En otras palabras, con el tipo de cambio 1 x 1 para las relaciones entre entidades, por lo general, el precio del producto importado es inferior al nacional, lo que resulta totalmente contradictorio y acentúa la vocación importadora de la economía, cual lastre para la competitividad y la creatividad.
Al decir de Acosta Rodríguez, «la mayoría de las producciones, sustitutas de importaciones o con destino a la exportación, recibe altos montos de subsidios o tiene subsidios implícitos que se cubren con los precios de otras mercancías y servicios. Sin embargo, hay precios mayoristas que contienen otros convertidores, que no son al tipo de cambio de 1 x 1».
Evidentemente, sostiene la experta, el contexto de dualidad monetaria y cambiaria ha limitado la flexibilización de la formación de precios y tarifas, la cual, mayoritariamente, ha estado aislada de los precios del mercado externo.
Tales procedimientos, añade, se han sustentado en métodos de gastos, lo que propicia el encubrimiento de ineficiencias y su traslado a la economía, sin que sea visible, tanto por razones estructurales, tecnológicas, dificultades en los registros contables, la no implementación de sistemas de costos y otras irregularidades.
Otra distorsión notable estriba en el expendio de productos iguales con precios mayoristas diferentes, debido, principalmente, a la existencia de un mercado en CUC y otro en CUP. Un mismo producto se vende, por lo general:
- A entidades estatales, a un precio que contiene componentes en CUP y en CUC.
- A empresas mixtas, a un precio que considera el monto total en CUC.
- A las Cadenas de Tiendas y al Turismo, a un precio que contempla, en la mayoría de las producciones nacionales, el componente en CUC, al tiempo que se le financia a la industria por la diferencia en CUP.
Teniendo en cuenta estas deformaciones, reconoce la directiva del MFP, los precios no siempre cubren todos los gastos en los cuales se incurre. A lo que se ha sumado la aprobación de pagos de estimulaciones en CUC a trabajadores de varios sectores.
De igual modo, se han aplicado, de forma experimental, convertidores diferentes al 1 x 1 para el tratamiento de la remuneración de los trabajadores en áreas priorizadas, como mecanismos de estímulo a esa fuerza laboral, que no son considerados en sus costos. Tal es el caso de:
- La inversión extranjera.
- La Zona Especial de Desarrollo Mariel.
- La construcción en obras priorizadas.
En todos estos casos, subraya, se reconoce la formación de precios a 1 x 1; sin embargo, la diferencia con el convertidor aprobado la financia el Presupuesto del Estado, lo que supone, indiscutiblemente, una sobrecarga para este último.
A los distintos tratamientos en la formación de precios para el sector estatal y las formas no estatales también hace referencia la especialista y, a su vez, enfatiza en la desconexión entre los precios mayoristas y los que llegan a la población. Y tampoco los productores, dice, reciben hoy la mayor parte del valor final.
No podrían obviarse, de igual modo, los altos niveles de subsidios que se otorgan a los precios minoristas de los productos que conforman, especialmente, la canasta familiar normada, dígase arroz, frijoles, azúcar, pollo, otros cárnicos normados y regulados; así como los servicios básicos de electricidad, gas, agua y telefonía básica.
Sin embargo, sigue siendo muy limitada la implementación de subsidios a personas, no habiéndose logrado lo definido en todos los documentos programáticos que sustentan la actualización del modelo económico.
Para Acosta Rodríguez, en la determinación de los precios también gravitan otros problemas estructurales, como la existencia de muchos niveles de circulación de las mercancías hasta su destino final.
Y si bien se ha descentralizado la aprobación de los precios mayoristas, todavía resulta insuficiente, en su opinión, el otorgamiento de dichas facultades a las empresas.
Mientras, en los precios minoristas persiste una alta centralización y han sido pocas las potestades conferidas, en ese sentido, a las instancias municipales.
Todo ello influye, además, en que no se cumpla el principio constitucional que enarbola la autonomía de los territorios.
Las carencias de personal calificado en materia de precios, las insuficientes acciones de control e inspección, las fisuras en la capacitación y la falta de un funcionamiento sistémico de la información sobre precios, desde su formación, aprobación y aplicación, constituyen agravantes, no menos significativas, a la hora de analizar cualquier desviación.
La lupa empresarial de los precios y sus (des)ajustes
En la actualidad, reitera la Directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios del MFP, los precios expresan el comportamiento de la economía con todas sus irregularidades.
A su juicio, la poca flexibilidad, tanto en los métodos de formación como en las facultades para la aprobación de los precios por las diferentes estructuras empresariales, ha limitado la autonomía en este ámbito. Las consecuencias, convertidas en nudos gordianos para la economía, se traducen en demoras y en bajos niveles de eficiencia y competitividad de los productos y servicios nacionales.
Por otra parte, comenta, hasta julio de 2019, cuando se estableció la regulación de no incremento de precios, era marcada la tendencia de las entidades de crecer en esta categoría para obtener mayores utilidades y aumentar los pagos por resultados, lo que introdujo una nueva distorsión.
Precios en el comenrciominorista, otra espada de Damocles
Para evaluar el impacto de las distorsiones de los precios minoristas en el comercio interior, resulta imprescindible tomar en cuenta la segmentación del mercado: uno normado en CUP, uno liberado en CUP y CUC y, recientemente, uno en moneda libremente convertible (MLC).
En cuanto al mercado normado, recuerda Yosvany Pupo Otero, director general de Servicios, del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), su génesis data de 1962, cuando se implementó, mediante la Ley No. 1015, el sistema de abastecimiento racionado de artículos de consumo corriente, «la libreta» que perdura hasta nuestros días.
Asimismo, llama la atención sobre los niveles en los cuales se concentra la determinación de los precios en Cuba, considerando que entre los elementos sustantivos de esta categoría económica figuran: quiénes los aprueban y cómo se determinan.
Hoy, señala Pupo Otero, la aprobación de precios minoristas para productos y servicios de alto impacto en la población se encuentra centralizada en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Ministerio de Finanzas y Precios, con el objetivo de respaldar las políticas sociales y las necesidades básicas.
Entretanto, la determinación del valor de otro grupo de productos y servicios es facultad del Ministerio del Comercio Interior, del Grupo de Empresas Mayoristas de Alimentos y otros Bienes de Consumo, del Grupo Comercializador de Productos Industriales y Servicios; así como de los consejos de administración provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud.
Como es sabido, el mercado normado se corresponde, básicamente, con la canasta familiar, a través de la cual se comercializa una nomenclatura de productos a precios con subsidios, o sea, lo que paga la población por estos surtidos está muy por debajo del costo real, y la diferencia la asume el Presupuesto del Estado.
De igual manera, agrega Pupo Otero, se expenden productos a precios con subsidios en las dietas crónicas de la infancia, que incluyen a unos 11 817 niños, y en las dietas comunes, que abarcan a 1 360 332 personas.
En la actividad de los productos no alimenticios también se atienden programas a precios minoristas con subsidios:
- Canastilla: módulo textil, colchón y cuna.
- Postrados e incontinentes: módulo compuesto por tela antiséptica, toalla, hule sanitario y jabones. En este programa el pago lo asume el Estado.
- Uniforme escolar para las enseñanzas: primaria, secundaria, preuniversitaria y politécnica. Como promedio anual, se venden 3,8 millones de prendas a precios subsidiados, que oscilan entre 2,00 y 9,80 CUP.
- Calzado profiláctico: se comercializa por recetas médicas, según la política de distribución.
De acuerdo con el Director General de Servicios del Mincin, en estos programas hay principios básicos insoslayables:
- Los consumidores están vinculados a establecimientos específicos.
- Los productos adquiridos se anotan en la libreta (en el caso de canasta familiar normada) y para el resto de los programas según los procedimientos establecidos.
- La comercialización se realiza a partir de per cápita fijado, según la política de distribución aprobada cada año.
- La distribución se realiza por ciclos (mensual, semestral, anual).
Sobre la formación de precios en el mercado liberado en CUP, Yosvany Pupo explica que se reconoce un componente en CUC, como norma para las materias primas y materiales importados, y un componente en CUP.
Para alejarse de los tecnicismos, toma como referencia el programa de materiales para la construcción, en el cual coexisten varios métodos de formación de precios.
De un lado, se comercializan productos a precios sin subsidios, donde se reconoce el componente en CUC, con un multiplicador de 25, y el componente en CUP del precio mayorista.
Sin embargo, en el caso de los productos que tributan al programa de ahorro de agua y de terminación de la vivienda, el algoritmo de formación de precios es diferente y se emplean convertidores inferiores, lo que impacta en los márgenes de la utilidad empresarial.
Y, por último, ese mismo programa garantiza, anualmente, los requerimientos para las células básicas habitacionales, o lo que es lo mismo, los subsidios para acciones constructivas, reflejo del rumbo que, más temprano que tarde, debe seguir la economía: subsidiar personas y no productos.
Pupo Otero también se vale de otro par de ejemplos para estampar, en blanco y negro, las múltiples distorsiones existentes.
Se trata de los precios de línea económica y con subsidios que se aplican en los programas del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y la merienda escolar, ambos incluidos dentro de las actividades de la gastronomía.
En el primero de ellos se ofertan comidas con los requerimientos nutricionales establecidos, a un precio de 1,00 CUP. Ello beneficia a más de 76 000 personas (censados), de las cuales, más de 11 000 son asumidas por la Asistencia Social. Pero, una vez más, el costo real de los productos es superior, lo que afecta la gestión empresarial.
Respecto al programa de la merienda escolar, las distorsiones se acentúan aún más, pues se distribuye de forma gratuita la oferta que suple el almuerzo de estudiantes y profesores, en una red de más de 774 escuelas, con 138 851 comensales, o sea, 107 867 estudiantes y 30 984 trabajadores.
En La Habana, sin embargo, ha sido favorable la experiencia de incluirles a los profesores en su salario el importe de la merienda, de modo que cada cual, con sus ingresos, pueda financiar el consumo. Principio que, más que la excepción, deberá ser la regla en un futuro escenario de unificación monetaria y cambiaria.
Sin duda, como ya había alertado Margarita de la Caridad Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del MFP, «las transformaciones previstas en materia de precios deben ir acompañadas de otros cambios en sectores estratégicos, en políticas comerciales, salariales y fiscales que, en su conjunto y de manera gradual, permitan avances importantes en la vida económica y social de nuestra nación».
Tomado de Granma