Más allá de la disputa electoral entre republicanos y demócratas, subsiste en Estados Unidos una batalla vital y perenne asociada al sistema judicial, sin cuya reforma resultará imposible atender, por ejemplo, el dilema de la desigualdad racial que subsiste en las entrañas de esa nación.
“A menudo uno va a los tribunales y el juez, el fiscal y el abogado defensor son blancos, el único negro en la sala es el acusado”, declaró recientemente Gregory Davis, quien se desempeñó como fiscal general de Mississippi entre 2012 y 2017, durante la administración de Barack Obama.
Ese matiz selectivo del sistema ha sido denunciado sistemáticamente por políticos, activistas, abogados y organizaciones profesionales de todo el país, pero en tiempos de Donald Trump se reforzó de manera preocupante, según estudio divulgado recientemente por la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).
Si bien el artículo hace énfasis en la composición sexista y racial de los eslabones principales de la cadena de impartir justicia, otros expertos han comentado que, si bien resulta preocupante la mayoritaria presencia de hombres blancos en cargos públicos, más lo es su afiliación al sector conservador del Partido Republicano.
Los fiscales federales son los “principales litigantes de la nación bajo la dirección del Fiscal General”, cargo que actualmente ocupa William Barr. En EE. UU hay 93 de ellos, uno por cada distrito judicial, incluidos los territorios de ultramar (Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y las Marianas del Norte). Son la máxima autoridad de las fuerzas del orden público en su jurisdicción y suelen ser renovados tras cada elección presidencial, oportunidad que aprovechó muy bien el actual mandatario.
Según AP, el 85 % de los nombramientos de fiscales realizados por Trump corresponden a hombres blancos, dato que supera el 73 % alcanzado durante los dos mandatos de George W Bush; el 63 % de tiempos de Bill Clinton y el 58 % de Barack Obama. De las 93 fiscalías, 79 están dirigidas por blancos, en solo 9 hay mujeres; en 2, negros y en igual cantidad, hispanos.
Interrogado sobre tal desequilibrio, el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere comentó que han trabajado “estrechamente con los senadores para identificar a los mejores candidatos que puedan servir como jefes de las fuerzas del orden en sus distritos” y que “están muy orgullosos del trabajo que han hecho para mantener a los estadounidenses seguros”.
El distanciamiento entre los fiscales y las personas a las que sirven es una de las razones por las cuales “las prisiones federales están cada vez más desproporcionadamente pobladas por negros”, dicen expertos. El fenómeno complejiza la posibilidad de reconocer el “racismo sistémico en la aplicación de la ley” e impide, a su vez, atajar el “desmedido uso de la fuerza en el proceder policial” que coloca a los afroamericanos como víctimas frecuentes.
La mayoría masculina blanca se ha impuesto además en agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Cuerpo de Alguaciles (USMS), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Esta última reconoció a AP que “solo ha conseguido un 8 % de negros entre sus más de 4 mil agentes especiales, frente al 77 % de blancos.
El asunto se repite con los jueces (puestos vitalicios) de la Corte Suprema, así como de los tribunales federales de primera instancia, de Apelación y de Comercio Internacional, cuyos nombramientos también son potestad presidencial, tal como reconoce el título III de la Constitución Política de EE. UU. El estudio de AP refiere que, de los 206 jueces (también cifra récord) investidos por Trump, el 86 %, son blancos y menos de un cuarto, mujeres.
Solo la muerte o la jubilación voluntaria crea vacantes en la Corte Suprema, integrada por 9 magistrados. Durante su mandato, Trump tituló a ese nivel a Neil Gorsuch, a Brett Kavanaugh y a la ultraconservadora Amy Coney Barrett, quien ocupará la plaza dejada por la jueza Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida. Con esta última aprobación del Senado se confirma un tercer récord para el mandatario.
El líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch Mc Connell dinamizó en estos últimos cuatro años el ritmo de confirmaciones de fiscales y jueces propuestos por Trump, pero antes colocó zancadillas múltiples a los candidatos de Obama a esos mismos puestos, debido a lo cual Donald heredó al menos dos docenas de vacancias, entre ellas una en la Corte Suprema.
“Estamos cambiando los tribunales federales para siempre”, se jactó hace casi un año Mc Connel y no le falta razón pues si tomamos en cuenta la edad promedio de sus “delfines” podrían permanecer en sus cargos unos 30 años como promedio, con lo cual estarían garantizando una larga vida y preeminencia al legado de Trump que impactaría en temas vitales para la sociedad estadounidense como el racismo, el control de armas, el derecho al aborto, la emigración, la reforma del sistema de salud, y otros.
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