La política para el desarrollo territorial tiene correspondencia con el lineamiento 17 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016 – 2021, que expresa: Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades. Ello requiere del marco jurídico correspondiente y se apoya en el Artículo 168 de la Constitución de la República de Cuba.
El interés por potenciar el desarrollo territorial tiene su origen en las grandes deformaciones y desigualdades socioeconómicas existentes al triunfo de la Revolución, resultando imprescindible dirigir los esfuerzos hacia el ordenamiento de los territorios, en aras del desarrollo proporcional del país.
El proceso de institucionalización política iniciado en 1976, señala el documento, sentó las bases para un desarrollo cualitativamente superior de la planificación territorial. Desde entonces se han implementado un conjunto de acciones encaminadas a fortalecer la escala territorial, a lo cual se suma la articulación de la cooperación internacional para el desarrollo a los procesos locales, esencialmente a través de las agencias del Sistema de Naciones Unidas.
En la política se contempla que el consejo de la administración municipal debe elaborar su estrategia de desarrollo y basar su gestión en la implementación de esta, articulada con la estrategia de la provincia y del país. Además, fomentar el desarrollo local sobre la base de la gestión del potencial humano, la ciencia, la innovación y el uso de tecnologías apropiadas y la planificación física (geoespacial).
Le corresponde estimular la integración entre actores estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos productivos, con énfasis en sectores económicos estratégicos y las prioridades territoriales.
Potenciar los proyectos locales de producción de alimentos con destino al consumo interno; así como los que generen exportaciones, sustitución de importaciones, encadenamientos productivos y flujos monetario-mercantiles al interior del territorio.
Fomentar igualmente la gestión de proyectos de turismo local sostenible, que aprovechen recursos y atractivos turísticos de los municipios.
Dentro de otras responsabilidades le toca evaluar y aprobar las propuestas de proyectos de desarrollo local de acuerdo a las fuentes de financiamiento y el impacto que tienen en el progreso del territorio.
También le concierne identificar aquellos proyectos comunitarios, que de forma espontánea se están realizando por dos o más actores, fundamentalmente no estatales, con el propósito de aprobarlos para su mejor funcionamiento y contribución al desarrollo local.
Entre sus funciones está también la de aplicar mecanismos de presupuestos participativos con parte de la contribución territorial, que permitan a la población residente, y a las formas de gestión estatal y no estatal enclavadas en los territorios decidir sobre su destino en función del mejoramiento y transformación de la comunidad.
Otras dos tareas relevantes son el diseño de un sistema local de innovación como soporte a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Municipal, y elaborar un sistema de formación y capacitación en función de las necesidades derivadas de ella en el que se articulen el gobierno municipal, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, las universidades y las estructuras locales de educación. Fuente: Política para impulsar el desarrollo territorial
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