Lucas nació tres días después que su papá, Eduardo Martí Figueroa, volviera a su casa en Regla tras casi un mes de laborar en severas condiciones de aislamiento en los molinos de trigo que distinguen a ese poblado ultramarino.
Este padre primerizo de 25 años fue uno de los alrededor de 70 trabajadores, de entre poco más de 200, que mantuvieron la producción de la Industrial Molinera de La Habana S.A. (Imsa), cuando a finales de agosto pasado un evento de transmisión de la COVID-19 puso en jaque a esa industria, principal abastecedora de harina de la capital y el occidente cubano, y única productora en el país de sémola para fabricar pastas.
“Hablábamos todos los días, pero fue difícil”, dijo al recordar esos últimos días del embarazo de su esposa. Y al menos Eduardo llegó a tiempo para el parto, pues otro obrero de Imsa que descansaba el día de nuestra visita no pudo conocer al hijo recién nacido hasta después de que cerró el evento de transmisión al finalizar septiembre, entre otras muchas anécdotas que allí nos contaron.
“Nos convertimos en una familia donde cada cual hacía más de lo que le tocaba”, resumió el secretario general del sindicato, Francisco Fernández Pérez, ingeniero mecánico con solo tres años de graduado, quien en ese mes tuvo que asumir nuevas labores como el envasado y la estiba del cereal, en medio de estrictas medidas de prevención que llegaron a Imsa para permanecer, junto con mayores exigencias de disciplina para el colectivo de esa entidad mixta con capital mexicano.
En cualquier lugar puede ocurrir
Antes de que ocurriera el contagio con el nuevo coronavirus, que llegó a alcanzar a 40 de sus empleados (todos resultaron asintomáticos y hoy están negativos al virus), en estos modernos molinos que laboran las 24 horas en turnos rotativos ya existía un grupo de precauciones, las cuales, sin embargo, no resultaron suficientes.
La empresa había elaborado nasobucos para todo su personal, mantenía la higienización en los accesos y hasta se hicieron exámenes de PCR a todos los trabajadores en junio pasado. Como áreas de mayor riesgo tenían identificadas a los taquilleros y el comedor, este último con una reducción progresiva de sus comensales, hasta llegar al momento actual en que ya no lo emplean, y los trabajadores reciben la alimentación en envases desechables en cada puesto de trabajo.
No obstante, al diagnosticarse como positivo de la enfermedad a un primer paciente que ingresó por otro motivo en un hospital, comenzó una ardua pesquisa que hizo adoptar medidas excepcionales al Consejo de Defensa Provincial. “La decisión fue no parar la producción, por la importancia estratégica de esta planta”, explicó Ernesto Sellés Gómez, directivo coordinador por la parte cubana.
Hubo que reorganizar las cuatro brigadas para tres turnos de ocho horas, en solo dos que alternaban cada 12 horas, con un mínimo de personal de 74 trabajadores, incluidos directivos suplentes, quienes debieron permanecer en centros de aislamiento, donde se mantuvo una pesquisa constante, con PCR cada cinco días.
“De esos obreros continuaron saliendo casos positivos a la COVID-19, a quienes había que ingresar para el tratamiento médico, así como aislar a sus contactos”, narró Yaisé Cruz Landeiro, directora de ventas, quien por su edad y preparación quedó como principal ejecutiva cubana en la fábrica, y tuvo la responsabilidad de comunicar los diagnósticos a sus compañeros.
En el momento más difícil, explicó, fue preciso incorporar a algún personal externo a Imsa, y detener la producción durante tres jornadas, para la desinfección completa de sus instalaciones.
También con el paso de los días, la telaraña urdida a partir de las entrevistas epidemiológicas permitió contrastar determinadas informaciones preliminares alrededor del contagio inicial. Desde la coincidencia de trabajadores en el comedor de la fábrica, durante la transmisión del partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, a mediados de agosto. No obstante, siete trabajadores y tres directivos recibieron sanciones administrativas por incumplimientos del reglamento disciplinario interno.
Para que no se repita
Luego de 12 días de ingreso en el Hospital Naval con la COVID-19 y otros tantos de aislamiento en su casa, Obenis García Galano retornó a sus funciones como ayudante de producción a cargo del producto terminado el pasado jueves, en coincidencia con nuestra visita a Imsa. Dijo haber sentido varias molestias atribuibles al tratamiento médico durante la enfermedad, y todavía percibe cierta pérdida del olfato, así como algún decaimiento a veces.
Tres días antes había vuelto al trabajo el joven Yosvel Antonio Pérez Molina, jefe de brigada de la planta de premezcla de harina, quien pasó el virus en el hospital de la Universidad de Ciencias Informáticas, sin mayores contratiempos. Ambos refirieron como sus principales preocupaciones en esa etapa la incertidumbre sobre la posibilidad de infectar a sus parejas y familias, lo cual por suerte no les sucedió.
Reconocieron además la atención que recibieron ellos y sus familiares por parte de la entidad, con llamadas constantes, preocupación y apoyo a los hogares con venta de alimentos. Para la dirección de Imsa, por su parte, fue esencial el acompañamiento de la Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa), accionista cubana de la empresa mixta. “Aquí no había cargos, ni rangos, todo el mundo hizo de todo”, recordó Fernández Pérez, el joven dirigente sindical.
A su vuelta ahora, Obenis y Yosvel encontraron entonces una empresa molinera con más controles y exigencias para cuidar la salud del colectivo, con medidas que han permanecido después del evento de transmisión. “Hemos incorporado todas esas precauciones a los procedimientos de trabajo en la fábrica, y mantenemos una vigilancia estricta de su cumplimiento, con alertas y llamados urgentes de atención ante cualquier descuido”, aclaró Amílcar Romero Palma, el director general, por la parte mexicana.
El incremento de los puntos de desinfección en los accesos, la contratación de servicios médicos permanentes, el reforzamiento del transporte del personal, así como la coordinación y asesoría con las autoridades de salud del municipio, son algunos de esos aprendizajes, a lo cual se sumó la modificación del reglamento disciplinario interno, para incluir como falta grave cualquier violación de las medidas preventivas contra la COVID-19. Tampoco descuidan las pesquisas al personal de mayor riesgo, como ocurre con los choferes de su flota de camiones, que transportan alrededor del 60 % de su producción y a quienes realizan pruebas de PCR cada siete días.
“Por las características de esta enfermedad, muchas personas pueden portarla sin mostrar ningún síntoma, como nos sucedió aquí. Por eso el razonamiento tiene que ser al revés —apuntó Romero Palma—: Es preciso pensar qué debemos hacer para no contagiar a quienes nos rodean y trabajan al lado nuestro”.
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