La muerte se pasea por los campos y ciudades de Colombia, y por cotidianas las noticias de asesinatos prácticamente no ocupan ya las primeras páginas de los diarios y los espacios principales de otros medios de comunicación.
El 8 de septiembre fueron asesinadas al menos 12 personas en diferentes puntos del norte de esa nación, como resultado de otras tres nuevas masacres.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de Colomba, denunció que no se trata de hechos aislados, sino de una situación sistemática y es que este verano los asesinos evidentemente quieren romper todos los récords.
Andrei Gómez Suarez, investigador asociado de la Universidad de Bristol considera que el “Gobierno dejó de financiar la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Farc, que ayudarían a poner fin a la violencia en el país”.
Zaragoza es parte de la convulsa región del Bajo Cauca, que la conforman también los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá,
Así de simple. Sucede el hecho, se entierran las víctimas y pasa a ser un dato más de la fúnebre estadística que llena de luto los hogares más humildes de esa nación.
Crece la violencia
En la zona operan grupos ilegales como Los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamada Clan del Golfo por el Gobierno y considerada la mayor banda criminal de narcotráfico cuyo origen se dio tras la desmovilización en el 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares).
Según el Indepaz se destaca que “las diez masacres que se contabilizaron en Colombia en el mes de agosto, las 45 en lo que va del año, los 18 mil 650 desplazados y las más de las 57 mil personas confinadas actualmente debido al conflicto armado hacen urgente y necesario tomar cartas en el asunto”.
Pero lo que más preocupa a instituciones locales e internacionales son los asesinatos de líderes sociales y el reclamo de protección que solicitan es insuficiente ya que finalmente aceptan “las razones que esgrime el Gobierno y que relaciona todo con el narcotráfico”.
“El problema no es el narcotráfico —que ha estado en el país por lo menos durante los últimos 45 años—, sino cómo se gestiona su confrontación”, explicó Alfonso Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de una organización internacional.
Un conflicto sin fin
El Indepaz clasifica como masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Según un colega colombiano las masacres “no son un fenómeno nuevo en la larga noche de conflicto que vive Colombia, pero hubo dos cometidas recientemente que hicieron que el país volviera a poner sus ojos en esos crímenes”.
Se refiere al asesinato de cinco jóvenes de 14 y 15 años el 11 de agosto, en Cali, y a otro a cuatro días cuando ocho jóvenes resultaron muertos. El primer crimen fue atribuido por la Fiscalía a tres adultos quienes “sin mediar palabra y en un acto de total barbarie los asesinaron porque fueron sorprendidos comiendo unas cañas”.
Lo más reciente es la represión policial en la capital colombiana contra estudiantes, con un saldo de más de 10 fallecidos. A pesar de las “disculpas” de las autoridades locales e incluso del propio mando policiaco la represión sigue.
Recientemente se intentó establecer un diálogo para acabar con el asesinato de jóvenes en plena calle. Solo un invitado no asistió, el presidente Iván Duque, quien dice que le preocupa la situación pero evita comprometerse con ponerle fin.
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