La economía cubana había entrado en un proceso de crisis estructural desde décadas anteriores. En los años veinte ya se percibía el inicio del estancamiento de la industria azucarera en la Isla. El crecimiento de esa industria se había producido en relación directa con el crecimiento de la demanda del dulce en los Estados Unidos, con la particularidad de que ese mercado demandaba fundamentalmente azúcar crudo, es decir, materia prima para su industria refinadora, fenómeno que comenzó a darse desde fines del siglo XIX y que el historiador Jorge Ibarra Cuesta calificó como “desindustrialización” de Cuba. Sin embargo, hacia 1913 comenzó a detenerse la demanda estadounidense, pero llegó la Primera Guerra Mundial y abrió un paréntesis en aquel problema; sin embargo, la guerra terminó y el asunto volvió a plantearse.
En el primer lustro de la década de 1920, los Estados Unidos comenzaron a aplicar aranceles proteccionistas a la entrada de azúcar en su país, lo que afectó directamente a Cuba: en 1922 fue la Tarifa Fordney Mc Cumber que elevó los derechos que, para el azúcar cubano quedaba en 1,7648 centavos por libra, lo que ya impactó a la industria isleña; pero en 1930 fue peor: la Tarifa Hawley Smoot elevó a 2 centavos ese arancel, en momentos en que el mundo sufría una crisis económica terrible y el precio del azúcar en el mercado estaba a menos de 1 centavo. Si bien esa crisis cíclica capitalista entró en recuperación, ya la industria azucarera cubana no podría mantener el crecimiento y, dado el carácter monoproductor y monoexportador de la Isla, eso implicaba el estancamiento de la economía en su conjunto.
A los aranceles proteccionistas siguió, a partir de 1934, la política del sistema de cuotas azucareras, con la cual resultaba más segura la protección porque se asignaba la cantidad de azúcar que cada proveedor podía vender en aquel mercado, de manera que se eliminó así la competencia y se aseguró la participación de los productores propios, continentales e insulares. Este sistema tuvo apenas una interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, pero a su término se reanudó.
Ante lo que significó para Cuba el estancamiento azucarero y, por consiguiente, de toda la economía, hubo intentos de buscar alternativas; pero la dependencia neocolonial impedía asumir políticas que entraran en contradicción con los intereses norteños, lo que fue un impedimento importante. Así se llegó a los años cuarenta, cuando en 1948 se desarrolló la llamada Conferencia para el Progreso de la Economía Nacional convocada por la Asociación Nacional de Industriales de Cuba y la Cámara de Comercio. Los resultados de esta reunión se centraban en buscar el estímulo a las inversiones en el campo industrial; pero no fueron los únicos preocupados con esa situación, por la parte norteamericana también hubo propuestas.
El Chase National Bank hizo un estudio de la situación cubana, que no le era ajena por sus inversiones en Cuba en la esfera bancaria, de las que se derivaban presencia en otros negocios. Esto se plasmó en el documento entregado al presidente en 1949, Carlos Prío Socarrás, bajo el título: “Desarrollo Económico de Cuba”. Es evidente que había una preocupación con la situación económica cubana y, aunque no se mencionaba la palabra “crisis”, el problema estaba a la vista, lo que generaba inquietud, ya que la no solución del mismo podía hacer peligrar el sistema en su conjunto, por tanto, se trataba de buscar alternativas para preservarlo, por supuesto, dentro de los marcos del mismo, es decir dentro del sistema neocolonial.
Después de décadas de crisis estructural, cuando el problema se hacía cada vez más complejo, el gobierno presidido por Prío solicitó al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) un estudio sobre Cuba para que, a partir del diagnóstico que elaboraran, emitieran sus recomendaciones. En ese año se hizo el estudio por una comisión presidida por Francis Adams Truslow, de ahí que su resultado, con el título Report on Cuba, se conoció como “Informe Truslow”, entregado en 1951. El diagnóstico, por sí ya es muy evidente pues, aunque tampoco califica la situación con el término crisis, afirma que Cuba vivía de una economía que hacía 25 años había dejado de crecer, lo cual es una descripción bien clara. Esa situación, según el Informe, explicaba el serio desempleo permanente y estacional que padecía el país.
En el criterio de los especialistas, Cuba vivía dentro de lo que calificaron de “círculo vicioso” caracterizado por las inseguridades y ansiedades debidas a la inestabilidad, el estancamiento, las demandas injustificadas, aquí añadían el bajo grado de eficiencia, el desaliento del espíritu de empresa y el desempleo por retraso en la diversificación de la producción. Lo más interesante de este análisis, en ese aspecto, es su conclusión de que ese círculo vicioso conducía a un “callejón sin salida”, a su vez esto plantearía una disyuntiva: o mejorar sensiblemente las relaciones entre empleados, empleadores y gobierno para crear un clima favorable a las inversiones o se produciría un empeoramiento progresivo, que daría lugar a una dictadura. A su vez establecían tres posibilidades para la dictadura que anunciaban: podía ser de “derecha” para “poner a los trabajadores en su lugar”, o de “izquierda” con un “estado obrero” para abolir “la explotación capitalista” y el “imperialismo” o un tercer tipo en el que los sindicatos obreros sirvieran de instrumento a un régimen político.
La comisión hizo un minucioso estudio de la sociedad cubana, en lo que analizó de manera especial los factores que incidían en las inversiones, los obstáculos para ellas y el clima que las rodeaba, pues veían este asunto como algo central. En relación directa con esto, planteaban el problema de las relaciones obrero patronales, en lo que señalaban que los patronos se quejaban por los derechos laborales recogidos en la legislación, y ejemplificaban con conquistas obreras como la existencia del salario mínimo, el derecho a las vacaciones pagadas, el cobro de 48 horas por 44 de trabajo semanales, el derecho de nueve días de ausencia por enfermedad y cuatro días oficiales de fiesta al año, así como la prohibición del despido sin causa justificada. Por este aspecto es que consideraban que no había un clima favorable para las inversiones, cuestión que había que resolver. Entre las recomendaciones para solucionar el problema de Cuba estuvo hacer más expedito el despido de los trabajadores.
Sin duda, los expertos del BIRF estaban observando una situación crítica en el país a corto plazo, lo que se corresponde con el diagnóstico. Los especialistas recomendaron lo que llamaron “estrategia para el desarrollo”, que tenía como idea central la de crear un clima propicio para las inversiones, para lo cual había que fortalecer la posición patronal y reducir las conquistas obreras. El Informe planteaba la urgencia de tomar las medidas que recomendaban, entre las cuales incluían depender menos del azúcar, crear la confederación de patronos y que los obreros revisaran su política sindical sobre antigüedad, mecanización y otros asuntos.
Para aquellos especialistas que, por supuesto, respondían a los intereses y concepciones de la institución que los enviaba, “si los dirigentes no preparan a Cuba para eso, serán culpados por el pueblo. Y, si esto pasara, el control podría pasar a manos subversivas y engañosas”, es decir, que estaba muy clara la crisis que se vivía y, por tanto, la necesidad de resolverla para preservar el sistema. Sin duda, era el sistema el que peligraba y había que hacer algunas reformas, que incluían como asunto central la eliminación de las conquistas obreras.
Así entraba Cuba en la década de 1950, con una crisis estructural muy peligrosa para los grupos de poder, por lo que se planteaba la necesidad de aplicar soluciones que, en su esencia, debían superar la crisis estructural sobre la base del sacrificio de los sectores populares, de los trabajadores. El reto estaba planteado para los grupos de poder internos y externos, aunque para los sectores populares las consecuencias de esa situación eran diferentes, por lo que el reto también era distinto.
