Álvarez aludió además al papel protagónico de la Federación de Mujeres Cubanas y del Parlamento, en el impulso a las acciones.
Señaló entre las tareas emprendidas las experiencias de orientación y prevención, el establecimiento de líneas telefónicas de ayuda y programas de protección en los territorios; aunque reconoció que todavía no es suficiente.
‘No podemos olvidar que el fenómeno tiene profundas raíces en el patriarcado, en sociedades caracterizadas durante siglos por la existencia de relaciones inequitativas, desiguales y basadas en el poder’, lo cual sigue ahí.
Precisó que aun cuando se han producido cambios en valoraciones acerca de la violencia contra las mujeres, constatadas en la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en 2016, en una parte de la población persisten criterios que contribuyen a sustentarla y perpetuarla.
Entre los principales logros de la etapa resaltó la nueva Constitución, ‘la cual amplía y fortalece la protección de los derechos, en particular de las mujeres y las niñas’, y reconoce en varios de sus artículos el derecho a una vida libre de violencia.
Asimismo, establece el compromiso de enfrentarla, ‘ratifica la importancia de la prevención y potencia la responsabilidad obligatoria del Estado en la implementación de normas jurídicas, políticas públicas y el perfeccionamiento de los mecanismos de protección a las víctimas’.
Actualmente se armonizan las legislaciones con la Carta Magna, para posibilitar su aplicación, dentro de lo cual se inscriben la modificación del Código de las Familias, que se llevará a consulta popular y referendo, y los cambios en el Código Penal.