Por Aymara Massiel Matos Gil
La producción de alimentos en Cuba es un tema de seguridad nacional. Ante el impacto del bloqueo estadounidense y los efectos de la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, garantizar la soberanía alimentaria y nutricional resulta indispensable.
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Es este precisamente uno de los principales objetivos de la estrategia aprobada por el Gobierno para impulsar el desarrollo interno y hacer frente a la compleja situación externa, que –según explicó el presidente de la República– parte de la necesidad de transformar el comportamiento de la economía nacional con “agresividad, intensidad e innovación”.
Ante el Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel explicó que “nos toca aprender a vivir con menos importaciones y con más exportaciones, promoviendo la producción nacional para satisfacer la demanda interna, potenciando los sistemas productivos territoriales y locales —y aquí se tiene que reforzar el papel de los gobiernos locales—, estableciendo una secuencia de acciones según prioridades”.
Desde los municipios, el reto consiste en producir más con recursos limitados (incluso inexistentes). Así lo afirmó Emilio Interián Rodríguez, quien alterna sus funciones como representante en la comunidad y en la Asamblea Nacional, con la responsabilidad de presidir una cooperativa de créditos y servicios (CCS).
Diputado desde el año 2003, este médico veterinario ha llevado a las reuniones de la Comisión Agroalimentaria y a las sesiones del Parlamento las preocupaciones de quienes, desde la base, trabajan la tierra. Ahora, cuando en medio de la compleja situación deben redoblar esfuerzos para garantizar la alimentación del pueblo, con énfasis en el autoabastecimiento, reflexiona sobre las condicionantes que podrían optimizar su desempeño.
“Los momentos que estamos viviendo no son los mismos que 50 o 20 años atrás. La realidad hoy es que casi nadie quiere trabajar en la agricultura. Las personas tienen que estar estimuladas económicamente para ir al campo”, opinó.
Para Interián Rodríguez, cuestiones como los listados de precios deben revisarse. “No se concibe que un cuentapropista que no produce nada esté autorizado a vender una libra de boniato a tres pesos mientras que los campesinos, cuyo sacrificio es enorme, lo tienen que expender a 85 centavos. Esos montos tienen que equilibrarse para que no se afecte a la población pero tampoco a los productores, porque estos se desmotivan”, consideró.
Avalado por los resultados de excelencia obtenidos durante sus 20 años al frente de la CCS Sabino Pupo Milián, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, explicó que las ganancias que se reciben actualmente no compensan los costos de producción.
“Una finca es como una empresa, donde hay que llevar los ingresos y los costes a punta de lápiz, y la cuenta no puede dar negativa, porque entonces no se puede mantener, no es rentable. Por tanto, los productores tienen que ser retribuidos por su entrega. Al que es un alto consumidor los precios le pueden parecer elevados, pero hay que venir al campo, ver lo duro que es el trabajo aquí y a cuántas dificultades que enfrentamos para producir”, manifestó.
Otro asunto al que prestar atención es la pérdida de producciones. El diputado aseguró que aún falta mucho por hacer, por lo que es necesario poner –literalmente– los pies sobre la tierra. Señaló que, si bien la voluntad política es clara con respecto a la erradicación de este mal, “cuando usted viene a la base la realidad es otra”.
La CCS Sabino Pupo, orientada fundamentalmente al cultivo de frutales, perdió este año más del 50 % del mango producido. ¿La causa? No hay donde procesarlo en La Habana. “A pesar de todo lo que destinamos a los centros que abastecemos, este año no se vendió mango para industria”, lamentó.
Es verdad que a veces no posee el tamaño adecuado para comercializarlo en los mercados, pero se pudiera aprovechar, incluso para hacer “esa mermelada baratica” que se le vende a la población, y a ese producto se le da un valor agregado; porque aunque se tomen medidas, todavía vemos cómo se pierden producciones, alertó quien desde hace dos décadas se desempeña también como delegado de circunscripción.
Pese a las evidentes dificultades, los resultados continúan siendo favorables. Ante la carencia de fertilizantes químicos, en las 27 fincas que componen la CCS Sabino Pupo se emplean alternativas propias para la producción, específicamente materia orgánica, cuyos beneficios se reflejan en la calidad de los alimentos.
“A raíz de la situación que hoy enfrentamos en el país, hemos hecho un llamado a todos nuestros productores y hemos crecido en el plan de siembra, incluso se han roturado tierras que no estaban previstas en el contrato. Somos conscientes de que no podemos pedir más recursos porque no hay; por tanto tenemos que producir más con las posibilidades que están a nuestro alcance”.
El principal destino de las producciones (que incluyen en menor medida cerdo, leche y cultivos varios, entre otros) es el consumo local. Ocho centros del municipio, como escuelas e instituciones de salud, además de un punto de venta, son abastecidos por esta CCS. Con el excedente realizan entregas a otros mercados, entre estos el de Cuatro Caminos o el Trigal.
No obstante, ante el llamado a explorar las potencialidades para la exportación y la sustitución de importaciones, los productores avizoran nuevos horizontes: “Muchos de nuestros productos podrían destinarse al turismo, porque son de una alta calidad, incluso algunos como el mango cumplen los requisitos para ser comercializados fuera del país. Ya estamos dando pasos para concretarlo”, refirió Emilio Interián.
El parlamentario señaló que, si bien para garantizar los niveles demandados en el actual contexto “tenemos que resolver los problemas que todavía entorpecen el desarrollo de las fuerzas productivas”, mientras se revisan esos temas, seguirán trabajando para satisfacer las necesidades del pueblo.
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