Con el deseo de mitigar el daño económico que constituyen las manifestaciones de acaparamiento o reventa de turnos de colas, entre otras cuestiones, en Camagüey varias son las medidas que se implementan, desde ya, para contrarrestarlas, las cuales, en su mayoría, son ejecutadas por destacamentos de vigilancia revolucionaria.
Según explicó en conferencia de prensa Antonio Delgado Sánchez, director provincial de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), la integración de diferentes organismos permite que se pueda enfrentar enérgicamente a los coleros, acaparadores y revendedores que lucran con productos de primera necesidad.
“Nosotros no hemos dejado de trabajar ni de multar acciones de este tipo, añadió. En lo que va de año hemos impuesto más de 17 mil 600 multas y de ellas a coleros un 4,6%. Es insuficiente, lo sabemos, pero los 227 inspectores que tenemos no dan abasto”.
Es ese sentido que en la provincia fueron constituidos destacamentos de vigilancia revolucionaria, los cuales, integrados por funcionarios políticos, miembros de diferentes organizaciones de masas como la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa Revolucionaria (CDR), entre otros, buscan librar una batalla diaria contra estas acciones.
Según explicó el miembro de los CDR provincial, René López Izquierdo, los más de 180 jóvenes cederistas que integran los grupos de enfrentamiento llevarán el diálogo como primera estrategia; por lo que fomentarán el desarrollo de debates entre vecinos.
Por su lado la CTC en el territorio también se integra a estas acciones y forma parte de los 125 destacamentos de vigilancia con los que cuenta Camagüey actualmente, integrados por más de mil 370 personas.
Como constató Maximina Castellanos Soto, miembro del secretariado provincial de la organización obrera, lo primero que hicieron fue conversar “con trabajadores de las tiendas recaudadoras de divisas para que no formen parte de estos delitos. También apoyamos a las autoridades en la organización de las colas en las tiendas de divisas y de MLC, así como en mercados industriales y en unidades del transporte no estatal”.
Idelsis Martínez Laurencio, fiscal jefa en la provincia, aseguró que muchos de los más de 600 procesos penales que se desarrollaron durante el tiempo de pandemia, así como los que se sucedieron luego, son productos de denuncias ciudadanas.
“Esto, confirma, es una muestra de que el pueblo se ha manifestado a favor de un mayor control sobre estas conductas de personas que acaparan de manera inescrupulosa los recursos que con tanto esfuerzo pone el país a disposición del pueblo».
“Es por eso que no habrá falta de rigor ni de severidad a la hora de enfrentar estos delitos, con las sanciones que están establecidas en nuestra ley”.
De manera diaria, con la colaboración de muchos y sin la mano suave de otros, es como se pretende en tierras agramontinas eliminar el daño económico y social que constituyen los revendedores, coleros y acaparadores.
Material Relacionado
