La inteligencia se impuso a un estado de crisis mundial de múltiples dimensiones con los aportes de impacto económico y social, tales como las más de 70 investigaciones, acciones preventivas y terapéuticas de la ciencia cubana en el enfrentamiento a la pandemia.
A las novedades científicas y tecnológicas se sumó el ingenio popular. Porque un ejército voluntario de costureras “disparó en ráfagas” nasobucos; la gente fabricó máscaras protectoras plásticas para evitar el contagio y crearon mercados móviles proveedores de alimentos en zonas apartadas.
Por supuesto, los innovadores le metieron el pecho a la carencia de recursos durante la contingencia sanitaria. Sin embargo, todavía en varias entidades no han movido un dedo para retribuir ese gesto altruista para no solo hacer sostenible la vida.
Hay muchos eslabones sueltos en el país en la cadena administración-sindicato-Anir. Una de las evidencias del problema es la pregunta, todavía sin respuesta, en un comentario que publiqué hace cinco años: ¿Le falta un invento a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) para motivar a las direcciones administrativas reacias al pago de las invenciones? Sabemos que no, pues las responsabilidades administrativas que precisan las normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento.
Han transcurrido dos conferencias nacionales de la Anir —antecedidas por seis congresos de esta organización— y el XXI Congreso de la CTC, y las administraciones de la unidad de aseguramiento, de la Empresa Forestal Integral y de Talleres Agropecuarios en Ciego de Ávila, no evaluaron ni remuneraron las inventivas durante el último quinquenio.
Tampoco fue el fatalismo geográfico el que le anuló el itinerario en la remuneración a los aniristas en el año 2019 en las unidades de Talleres Ferroviarios, de Morón, y Ferroazuc, de Ciro Redondo. Demasiadas trabas burocráticas tiene a bordo la comisión evaluadora de la Empresa Ferrocarriles Centro Este, de Camagüey.
Donde acoplan todos los mecanismos, como en Ciegoplast, Aprovechamiento Hidráulico, Agroindustrial Ceballos, Agroindustrial de Granos Máximo Gómez y otros centros, la economía tiene oportunidades de recuperación. Así, con aportes concretos, podrá ser apreciable el efecto económico de las inventivas, cuyo monto superó los 13 millones de pesos el año pasado en Ciego de Ávila.
Más difícil será deshacer las secuelas económicas del coronavirus y del bloqueo imperialista en Transcontenedores, Cítricos Caribe, Residuos Sólidos, Mantenimiento Vial y la Unidad de Camiones (Udecam), donde está ponchada la evaluación de las soluciones y la remuneración a sus autores.
Y eso que los inventores forman su propio fondo monetario. El 30 % de ello es para el Comité de Innovadores, del cual pueden retribuirle a cada creador hasta 5 mil pesos, cifra cuestionada por ser irrisoria en comparación con la aportación del trabajador.
Justamente la desatención y las debilidades del funcionamiento en varias provincias provocaron un decrecimiento de 12 mil 141 asociados y mil 638 organizaciones de base en el país en 2019, según el informe debatido en la II Conferencia Nacional de la Anir.
Entonces, ¿hasta cuándo los Consejos Municipales de Administración van a permitir que direcciones empresariales violen las políticas establecidas?
¿Puede alguien darse el lujo hoy de desinventar iniciativas o nuevos métodos para elevar la motivación, la atención y la estimulación, cuando el Gobierno revolucionario acaba de orientar la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica en todos los procesos productivos y dinámicas sociales para afianzar el desarrollo?
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