No importa que esté en cuarentena al enfermar con el coronavirus que hace estragos en su país, mucho menos que no haya sido elegida democráticamente al cargo que usurpa, ni siquiera que al mejor estilo de antiguas dictaduras militares imponga la represión como método para frenar las protestas populares.
Jeanine Áñez y el gobierno que encabeza se mantienen como una de las cartas de la reacción nacional e internacional, al demostrar consecuentemente que pueden seguir siendo útiles a las fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas estadounidense y de la CIA, que hicieron posible su presencia en el gobierno.
Bien lo sabe el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, víctima de los ataques del Ejecutivo, incrementados luego de la denuncia penal por supuesto daño económico contra el Estado, según reporte de la agencia Prensa Latina.
‘Hoy los trabajadores están siendo echados a la calle. Están sufriendo reducciones de sus salarios y están disminuyendo su salario porque les hacen firmar las vacaciones como parte de la cuarentena’, enfatizó el ex ministro de Economía recientemente.
‘Nuestra candidatura se mantiene inalterable, seguiremos rumbo a la victoria el 6 de septiembre’, preciso el candidato del MAS, agrupación que hasta el momento marcha primera en la intencionalidad de los votos en todas las encuestas.
Persecución implacable
La persecución política contra el candidato a la presidencia por el MAS se incrementó desde su regreso al país el 28 de enero pasado procedente de México.
De inmediato fue citado por la justicia en el mismo aeropuerto acusado por un presunto caso de corrupción en el Fondo Indígena pero finalmente quedó libre de toda acusación.
Las acciones en su contra son señales de la inminente derrota electoral que temen los golpistas, aseguró Evo Morales en su cuenta de Twiter.
En la misma línea se pronunció el Mas en un comunicado el 30 de junio y solicitó al Tribunal Supremo Electoral garantizar un proceso donde participen en igualdad de condiciones los pueblos indígenas y sectores populares representados por esa agrupación política, según despachos de prensa.
‘Convocamos a la Fiscalía General del Estado a actuar imparcialmente frente a la actitud del gobierno de facto que ha convertido a nuestros dirigentes políticos y sociales, militantes y afines al MAS-IPSP, en víctimas de un mecanismo perverso de revancha política desde noviembre de 2019, en persecuciones, detenciones y demandas penales’, reveló el documento.
Por otra parte, el sociólogo chileno Ernesto Reyes también alertó sobre una posible detención de Luis Arce y la preparación de un golpe en su contra por la mandataria de facto en complicidad con Estados Unidos y la Unión Europea.
Si el golpe de Estado fue organizado y realizado por la CIA con el apoyo de fuerzas de operaciones estadounidenses, su presencia ahora, detrás de cada medida gubernamental junto con algunos gobiernos europeos, evidencia la intención de evitar por todos los medios que el poder vuelva a pasar a manos de la izquierda.
Un país a la deriva
Las contradicciones entre los candidatos claramente pro-norteamericanos, como Áñez, Carlos Mesa o Luís Camacho, hacen más complejas las próximas elecciones, aunque de resultar electo alguno de ellos –con o sin fraude- se activarían los esfuerzos para aumentar la presión y lograr cambios gubernamentales en Venezuela y Nicaragua.
En un país a la deriva, en medio de una pandemia, con la represión como método oficial y un gobierno que no gobierna, el escenario electoral se presenta muy difícil para los analistas políticos.
Áñez ha demostrado en la práctica su incapacidad, lo que le resta apoyo popular, aunque para sus protectores sigue siendo una buena marioneta para sus objetivos políticos.
El descontento popular se incrementa por las señales de corrupción cada vez más evidentes y una economía en total crisis, no solo por la pandemia, sino por la mala gestión gubernamental.
Un especialista recién comentaba que a pesar de tanto vaivén social, económico y político, “perdura una matriz de sentidos comunes progresistas. El 70% está en contra de las privatizaciones de servicios básicos y sectores estratégicos; se valora el rol del Estado en la economía (74%).
Las encuestas por lo regular no son confiables, Luis Arce goza de un 41,9 por ciento de intención de voto y su adversario más cercano, Carlos Mesa, permanece con 26,8 por ciento en la segunda semana de julio.
Faltan además, casi dos meses para los comicios y aunque las contradicciones entre los principales líderes de la derecha favorecen la desunión, de seguro se unirán para traicionar los intereses patrios como simples marionetas y por la tan deseada recompensa harán lo imposible por retener el poder.
La Bolivia que demostró su capacidad y potencialidades durante los gobiernos de Evo, corre el riesgo de convertirse en una colonia de nuevo tipo si finalmente gana la reacción, ya sea mediante fraude o un nuevo golpe de Estado. Dejará entonces de ser un país a la deriva para hundirse nuevamente en el subdesarrollo.
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