La vía electoral pudiera ser el momento para dirimir diferencias políticas y encauzar por el rumbo normal los destinos de Venezuela, aunque ello parece difícil por una oposición “cipaya” y la intromisión de Estados Unidos.
El gobierno constitucional que encabeza el presidente Nicolás Maduro está consciente de los peligros que ello entraña, pero vale más la voluntad política pese al asedio y acciones de bloqueo de Estados Unidos, y en medio de la pandemia por la Covid-19.
Aun así, fueron electas las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, entidad que cifró en 105 los partidos políticos que hoy están habilitados para participar en los comicios del 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional (hoy en desacato).
Según el listado publicado por el CNE, se trata de 28 partidos de ámbito nacional, 53 de alcance regional y 24 organizaciones indígenas (seis nacionales y 18 regionales).
Destacan el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como Acción Democrática y Primero Justicia, que se oponen al chavismo pero anunciaron su participación en las elecciones.
En la lista del Consejo no aparece el partido Voluntad Popular, al que pertenece el autoproclamado «presidente encargado», Juan Guaidó, cuya agenda responde a los aprestos del gobierno de Estados Unidos.
Guaidó ya adelantó que el sector opositor que representa no participará en los comicios parlamentarios por considerar que en las circunstancias actuales serían un «fraude», un pretexto de vieja data para continuar atizando la crisis en el país.
Si la derecha pierde la mayoría en la Asamblea Nacional la marioneta de Donald Trump perdería su valor de uso para la política de Washington de asedio, cerco y todo tipo de agresiones contra el país sudamericano. También dejaría en la estacada a gobiernos de la región y algunos de Europa que siguen en la órbita de la Casa Blanca en sus actos hacia Venezuela.
Con tales adelantos, el proceso revolucionario bolivariano asumió el compromiso electoral, a pocas semanas de que fuera abortada un intento de golpe de Estado, otro más, salvo que esta vez incluía a paramilitares de Estados Unidos que pretendían secuestrar y/o asesinar al heredero de Hugo Chávez.
Aunque todos los caminos de la subversión contra el país sudamericano apuntan a EE.UU., no hay que dejar de mencionar al gobierno colombiano y sus fuerzas armadas, que dejaron de ser libertadoras como cuando estaban bajo el mando de Simón Bolívar.
Los comicios responden al respeto a la Constitución emanada de la Revolución Bolivariana, que impulsó el entonces presidente Hugo Chávez, quien ganó casi todos los comicios, y el que perdió, por apenas un pelo, lo reconoció sin ambages.
Las elecciones parlamentarias tendrán lugar en un contexto bien difícil para el Gobierno de Maduro, en el colimador de constantes medidas de aislamiento y asfixia económica que llegan al extremo de obstaculizar los esfuerzos de ese país por resolver necesidades materiales de la población al impedirle el acceso a recursos propios y negarles asistencia financiera.
No en balde el Fondo Monetario Internacional se negó a prestar a Caracas cinco mil millones de dólares destinados a enfrentar la pandemia de la Covid-19.
En este propio contexto Washington se apropió de la petrolera venezolana Citgo, que operaba en territorio estadounidense, y que durante su actividad prestó asistencia social a sectores desfavorecidos de la nación norteña.
Por estos días, además, Venezuela batalla ante la justicia británica para acceder a sus reservas en oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
Venezuela ha resistido estos y otros embates, pero es indudable que este bregar produce desgaste sobre todo por los esfuerzos y la intención de Washington por provocar desaliento y penurias en la población venezolana.
Aun así, con la inscripción de decenas de partidos y el anuncio del cronograma electoral, Venezuela avanza en la hoja de ruta para la realización de unos comicios parlamentarios democráticos y transparentes.
A este momento se llegó luego de complejas negociaciones con sectores de la oposición y el establecimiento de una Mesa de Diálogo que Washington y sus aliados internos intentan desbancar.
Con ello el proceso bolivariano demuestra otra vez su voluntad de diálogo y de dirimir las diferencias en las urnas, como lo ha hecho durante 20 años y 25 procesos electorales.
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