Mientras Gobiernos y organizaciones políticas, sindicales y del más diverso corte se suman a la espontánea campaña que propone entregar el Premio Nobel de la Paz al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, el Congreso de los Estados Unidos se ve obligado a evaluar un proyecto de ley que pretende castigar a los países que soliciten personal cubano de salud.
La propuesta anticubana fue presentada por los senadores Rick Scott, Marco Rubio y Ted Cruz. En ella exigen que el Departamento de Estado investigue y haga pública la lista de países que tienen misiones médicas cubanas en su territorio con el propósito de incluirlos en el reporte anual del imperio sobre la trata de personas.
La iniciativa conecta con el proyecto Cut Profits to the Cuban Regime Act (Detener las ganancias del régimen cubano), cuya intención es boicotear los ingresos económicos que gestiona el país a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU., y enlodar el prestigio internacional que ha ganado la Mayor de las Antillas.
Justo desde que Donald Trump asumió la presidencia y nombró en puestos claves a lo peor de la mafia anticubana, comenzó la guerra contra la presencia médica en varios países, lo que condujo a la retirada de las brigadas en Brasil, Bolivia y Ecuador.
El mismo tridente diabólico —Scott, Rubio y Cruz— había escrito en mayo del 2019 al secretario de Estado, Mike Pompeo, “para instar al Departamento de Estado a tomar mayor acción para abordar el despliegue de médicos y personal médico del régimen cubano en condiciones que representan trabajo forzoso”.
Para los senadores, “la cooperación cubana es una red global de tráfico de personas que generó miles de millones de dólares en ingresos para el régimen”, por lo cual cuestionaron “qué pasos estaba tomando la Administración para restablecer el Programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos”.
El reclamo pedía activar el Parole para los médicos cubanos (Cuban medical professional Parole Program), que servía para otorgar visas a los médicos que abandonaban las misiones, operó durante más de diez años (2006-2017) y fue deshabilitado como parte del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas del Gobierno de Barack Obama con Cuba. Mientras funcionó, el programa facilitó el robo de cerebros y una irrespetuosa injerencia en las decisiones soberanas de las naciones.
Con la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2, numerosos Gobiernos del mundo, conocedores del prestigio del sistema de salud cubano, comenzaron a solicitar ayuda médica. La respuesta no se hizo esperar y ya laboran más de 50 contingentes Henry Reeve en diferentes naciones.
En mayo pasado, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) destinó 2 millones de dólares adicionales a su esquema de lucha contra Cuba, en específico para atacar a las brigadas médicas cubanas.
Cuba tiene más de 480 mil trabajadores de la salud, 95 mil de ellos son médicos y 84 mil enfermeros. Cada uno de los que se incorpora a una misión lo hace de manera voluntaria y recibe una preparación en dependencia de la cultura, hábitos, costumbres, e idioma del país donde laborarán, declaró recientemente Santiago Badía, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
El también médico recordó que a pesar de todas las campañas, cada día reciben nuevas solicitudes de personas del sector que desean incorporarse a las misiones; y añadió que siempre, antes de salir, firman un contrato laboral, basado en la Resolución 279 del Ministerio de Salud Pública, en el que se regulan los detalles de salario, vacaciones, etcétera.
Desde 1963 a la fecha, más de 400 mil integrantes del personal de salud cubano, incluidos médicos, enfermeros y técnicos, han dejado su huella en 164 países. Como si no bastara, las universidades de ciencias médicas y escuelas afines han formado, de manera gratuita, a 35 mil 613 profesionales de la salud de 138 naciones. La nueva propuesta legislativa podrá ser discutida y hasta aprobada, pero no conseguirá empañar la obra de Cuba en su lucha por la salud y contra la COVID-19 en el mundo.
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