Los cubanos saben mucho sobre terrorismo, flagelo cuyos efectos muchos compatriotas han sufrido tanto en carne propia como en la de sus familiares y amigos. En 1999, la población pudo escuchar desgarradores testimonios contados en el proceso jurídico seguido durante la Demanda del pueblo cubano al Gobierno de Estados Unidos por daños humanos, ascendentes hasta entonces a dos mil 99 muertos y el quebrantamiento de la integridad física de otros tres mil 478 compatriotas.
De muchos de esos casos ocurrieron durante el enfrentamientos a las bandas contrarrevolucionarias que de 1959 a 1965 operaron en todas las provincias cubanas, son responsables los gobernantes estadounidenses por el apoyo moral y material brindado a las bandas de alzados contra los poderes revolucionarios, grupos no surgidos por generación espontánea, pues de fomentarlos se ocuparon agentes infiltrados, como parte del plan de acciones encubiertas diseñado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para derrocar al Gobierno Revolucionario instaurado en la Isla a partir de la victoria popular de enero de 1959.
La verdadera intención: la intervención armada
El bandidismo en Cuba tuvo sus antecedentes en grupos organizados, respectivamente, por Luis Lara Crespo, ex cabo del derrotado ejército batistiano, en Pinar del Río, y por Graciliano Santamaría, en Matanzas, ambos prófugos de la justicia. Sobre tal escoria centró su atención la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, con el propósito de desencadenar en la Isla un movimiento contrarrevolucionario dirigido a desarrollar una guerra irregular que le franqueara el paso a una intervención armada.
Entre las causas que propiciaron el auge del bandidismo pueden citarse la radicalización del proceso revolucionario, la posibilidad de una invasión mercenaria, la influencia que sobre determinados estratos sociales ejercían el compadrazgo, las relaciones familiares, los atavismos y la incultura; las calumnias que sobre el comunismo se habían encargado de afianzar en la población los regímenes anteriores; y los errores cometidos por algunos dirigentes de base en la aplicación de las leyes y medidas adoptadas por la Revolución.
A las bandas de alzados fueron a parar obreros y campesinos confundidos por la propaganda enemiga, ex militares batistianos, elementos afectados por las leyes revolucionarias y traidores cuyas expectativas de privilegios y prebendas se vieron frustradas por el derrotero genuinamente popular y revolucionario tomado por el proceso, al cual en determinado momento se habían sumado.
Fueron años de intenso quehacer durante los cuales la Revolución cubana invirtió cuantiosos recursos económicos que, si bien incidían negativamente en los planes de desarrollo del país, resultaban inevitables para garantizar su existencia. Así, la nación se vio obligada a movilizar hacia las zonas de conflicto gran cantidad de fuerzas, en una primera etapa conformadas por las milicias obreras y campesinas y unidades del Ejército Rebelde, para llevar a cabo lo que se dio en llamar Limpia del Escambray, y más tarde dedicar los efectivos de los ejércitos ya constituidos para, junto con los órganos de la Seguridad del Estado y otras fuerzas del Ministerio del Interior, exterminar totalmente al enemigo.
El gobierno de Estados Unidos jamás pensó que esas bandas podrían derrocar a la Revolución; las empleó como una variante de agresión militar que abonara el camino para una intervención directa de sus tropas en Cuba. Pero el bandidismo tenía los pies de barro; y el pueblo, estrechamente unido y certeramente conducido por Fidel, supo amputárselos logrando así que al producirse la invasión mercenaria por Playa Girón —organizada asimismo para justificar el desembarco de efectivos del ejército yanqui en territorio cubano— los mercenarios contaran con una base social de apoyo que les garantizara el triunfo.
Según declaró en el referido proceso jurídico el general de división (r) Raúl Enrique Menéndez Tomassevich —quien de 1961 a 1963 dirigió la lucha contra las bandas en el país, y más tarde fue jefe del estado mayor del Ejército Central, y continuó ocupándose de ellas hasta su total liquidación—, en el territorio nacional llegaron a operar un total de 299 grupos, con tres mil 999 bandidos. De ellas, 86 en el Escambray, con mil 524 miembros, cifra que indica la relevante importancia que el enemigo le concedió a esa inhóspita región caracterizada por la cantidad de personas afectadas por la Reforma Agraria, la incultura y el atraso del campesinado, y la estela dejada allí por el bandidesco accionar de los elementos del Segundo Frente Nacional del Escambray durante la Guerra de Liberación.
El bandidismo es un capítulo de nuestra historia que no puede ni debe ser olvidado jamás. Así lo exigen el saldo de 549 muertos y el considerable número de heridos que ocasionó, entre estos últimos 200 incapacitados, algunos de los cuales testimoniaron ante el Tribunal y en la prueba de reconocimiento judicial mostraron las secuelas físicas y psíquicas que en ellos, entonces en su mayoría prácticamente niños, provocaran aquellos a quienes el gobierno de Estados Unidos organizó, financió y alentó en su bárbaro proceder.
