Bolivia sigue a la espera de que se fije fecha para las elecciones generales como estipula la ley, pero el Tribunal Supremo Electoral mantiene silencio y las autoridades de facto maniobran para perpetuarse en el poder, en medio de la crisis sanitaria aparejada por la Covid-19.
El país sudamericano superó los 10 mil contagios y registra más de 300 muertes por la enfermedad, en medio de demandas sociales y políticas a las autoridades que suplantaron al gobierno del presidente Evo Morales, hace seis meses destituido de sus funciones constitucionales.
Ineptitud, nepotismo, corrupción son algunas de las acusaciones contra el gobierno de Jeanine Añez, quien maniobra junto a la cúpula militar y hace revivir el papel de los militares en los golpes de Estado que marcaron la historia de esta nación.
Por razones de la pandemia, el 30 de abril, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa, promulgó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, la cual estableció a partir de esa fecha un plazo de 90 días para realizar los comicios generales.
Ahora la Cámara de Senadores subraya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe fijar el calendario de la consulta en las urnas, cuya fecha original era el 3 de mayo.
El jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, cuestionó que tras 27 días de la promulgación de la normativa el TSE no haya presentado el nuevo calendario electoral.
“Fuera Añez el pueblo te odia”, “Vete no queremos dictadura, ni corrupción en Bolivia”, “Elecciones ya” son algunas de las consignas que por estos días acompañan cacerolazos nocturnos en varias ciudades bolivianas.
En esta complicada coyuntura la mandataria interina se aferra a los compromisos con las fuerzas armadas, manchadas de sangre por varias masacres cometidas para acallar la reacción popular al golpe de Estado contra Evo Morales.
Como parte de ello, Añez decidió ascender por decreto a altos oficiales de la institución militar, y con ello esquivó el trámite de tener que contar con el aval del poder legislativo, donde los congresistas del Movimiento Al Socialismo resultan mayoría y se oponen.
En una maniobra que volvió a cargar la atmósfera de presagios golpistas, los uniformados ingresaron al Congreso a fin de amedrentar a los legisladores, a quienes dieron un ultimátum para que aprobar los ascensos.
Desde la cúpula castrense se abre la amenaza de disolver el Congreso Nacional por la fuerza, lo cual sería una medida extrema para alejar la fecha de los comicios generales donde los candidatos del MAS dicen llevar ventaja.
Para el expresidente Morales ello sería un tercer golpe al hilo desde que el que lo desbancó en noviembre, luego del que protagonizó Jeanine Añez en enero, cuando se mantuvo en la silla presidencial y se presentó como candidata, obviando la convocatoria a comicios; y ahora este, con las amenazas militares al poder legislativo.
Esta situación ha generado repercusiones internas y externas. Al respecto, congresistas de varios países denunciaron que el gobierno de facto utiliza la difícil situación provocada por la Covid-19 para militarizar a Bolivia, reprimir a la oposición e imponer impunidad a la cuestionada gestión de las autoridades mandantes, salpicadas por la corrupción.
Son varios los casos que involucran a figuras del actual régimen. El más sonado llevó al exministro de Salud, Marcelo Navas, a prisión, tras el escándalo por la compra de respiradores artificiales a precios inflados, a tenor de la pandemia.
Mientras tanto, Bolivia inició lo que la administración actuante denominó como “cuarentena dinámica”, una especie de relajamiento del confinamiento prescrito para evitar los contagios del nuevo coronavirus, que además de sumar a miles de enfermos sirve para esconder otros males en aquel país.
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