Cuando Cuba esperaba una contestación al pedido de investigar los nexos entre el atacante a la sede diplomática en Washington con algunos de los más retrógrados ejemplares de la comunidad cubana en Miami, el Gobierno de Estados Unidos responde con agregar a la Mayor de las Antillas a la lista de “países que no cooperan plenamente” con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos bajo la Sección 40A (a) de la Ley de Control de Exportación de Armas.
Tal decisión “prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa, y notifica a la comunidad pública e internacional que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos”.
Según comunicado emitido el pasado 13 de mayo por el Departamento de Estado, compartimos la categoría con Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. La justificación para el caso cubano es haberle dado supuesto cobijo a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y a otros fugitivos de la justicia estadounidense.
En realidad el asunto parecería un acto de pirotecnia yanqui (otro), pues desde el mismo triunfo de la Revolución se suspendieron las ventas, intercambios y la colaboración entre los ejércitos de los dos países, decisión que más tarde quedó encadenada a las varias leyes con que codificaron el bloqueo.
Tal como consta en la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del 30 de mayo del 2013, desde el año 2002 el Gobierno cubano había tendido la mano y propuesto la adopción de un acuerdo bilateral para enfrentar el terrorismo, oferta que reiteró en el 2012.
En enero del 2017 el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, ministro del Interior, y Jeffrey DeLaurentis, encargado de Negocios de la embajada de EE. UU. en La Habana, firmaron un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en materia de Aplicación y Cumplimiento de la Ley, que permitiría promover y ampliar los vínculos bilaterales en importantes ámbitos de la seguridad nacional de ambos países, entre estos la prevención y enfrentamiento de actos terroristas; el tráfico de estupefacientes; la ciberseguridad; la trata de personas; el tráfico de migrantes, de flora y fauna; el lavado de activos; la falsificación de documentos de identidad y de viaje; el contrabando, incluido el de armas de fuego, municiones, explosivos, dinero en efectivo…
Esa fue otra de las oportunidades desechadas por el Gobierno de Donald Trump. Ahora estamos ante una nueva agresión contra Cuba en que lo relevante parece ser el humo, con el que pretenden empañar el prestigio de Cuba que a golpe de solidaridad y brigadas médicas sigue conquistando corazones por el mundo. No obstante, algunos analistas ven en el reciente anuncio un preámbulo al retorno a la lista de países “patrocinadores del terrorismo internacional”, en la que permanecimos entre el año 1982 y el 2015.
La inclusión de Cuba en esa “lista maldita” se la debemos al Gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, que pretendió ponerle precio a la ayuda que en esa época se le brindaba a países africanos en su lucha contra el colonialismo y el apartheid.
Una vez culminada esa contienda, EE. UU. continuó creando pretextos para mantenernos en la lista negra a pesar de la creciente presión interna, parte de la cual se gestó en medios como Los Angeles Times, The Boston Globe y The New York Times donde aparecieron artículos demandando un cambio de postura respecto al tema.
A tales medios se sumaron voces de académicos de Institución Brookings, el Instituto Lexington y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), que consideraban que sacarnos de la lista era uno de los primeros pasos del Gobierno estadounidense para intentar un acercamiento real a Cuba. Por ese camino anduvo Barack Obama hasta que en mayo del 2015 puso fin a tan ridícula acusación.
Figurar en ese directorio —casi siempre acompañados por Siria, Irán y Sudán— tiene un costo económico, y en el caso de la Mayor de las Antillas agrava la aplicación del más brutal bloqueo económico, comercial y financiero establecido (y sostenido por casi seis décadas) contra país alguno.
Lawrence Wilkerson, coronel retirado del ejército estadounidense y jefe de Gabinete del secretario de Estado Colin Powell entre el 2002 y el 2005, describió años atrás la relación de Estados Unidos con Cuba como la “política más tonta sobre la faz de la Tierra. Es una locura”; mientras que Richard Nuccio, ex asesor especial del presidente Bill Clinton sobre Cuba comentó que “francamente,yo no conozco a nadie dentro o fuera del Gobierno que crea en privado que Cuba pertenece a la lista de terroristas. Las personas que lo defienden saben que es un cálculo político. Mantiene feliz a una cierta parte de los votantes en la Florida feliz, y no cuesta nada”.
Esa cuerda ha vuelto a tensarse para que sobre ella bailen quienes resultan favorecidos del regreso a la hostilidad entre las dos orillas, entorno que rebasa el sentido común y la conveniencia económica.
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