Un total de 41 millones de trabajadores informales del agro peligran por la devastadora pandemia de la COVID-19, advirtió la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe.
La advertencia está contenida en un informe de la citada oficina regional, con sede en Lima, Perú, que plantea el uso de criterios territoriales en las medidas de prevención y mitigación del contagio del mal en las áreas rurales de la región.
Señala que esas medidas deben tener un enfoque territorial y sectorial, para evitar un efecto devastador en un sector clave por su importancia para la seguridad alimentaria y en el que predomina el trabajo en condiciones de informalidad.
“Si bien el ámbito rural en la región se caracteriza por una menor densidad demográfica, los impactos podrían ser mucho más devastadores por la preexistencia en ese espacio de la pobreza, la exclusión y la informalidad en el empleo”, opinó Efraín Quicaña, uno de los autores del informe.
El documento cita informes de la OIT que indican que en la región el 76,8 % de los trabajadores rurales tienen empleos informales, lo que equivale a 41 millones, y anota que tal situación implica empleos inestables, con bajos ingresos, sin protección social ni derechos laborales.
Es peor la situación de las mujeres, entre las que el trabajo informal tiene una tasa de 78,8 %, frente a 75,9 % en el caso de los hombres, incluyendo asalariados, empleadores y trabajadores por cuenta propia.
Las zonas rurales, además, están menos equipadas para hacer frente a una emergencia sanitaria como la de la COVID-19, por dificultad para el acceso a servicios básicos, en especial los de salud, saneamiento y servicios para el desarrollo productivo, indicó Quicaña.
Si bien la pandemia genera un efecto devastador en todos los sectores sociales y económicos, en el caso de la agricultura la crisis podría tener repercusiones mayores por ser una actividad clave en el empleo y la economía, durante y después de la pandemia, explica el informe.
Plantea para el sector rural un enfoque territorial y sectorial en la gestión de la crisis y reactivación de las actividades en las zonas rurales a fin de garantizar la supervivencia de las personas, el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria.
“Hoy más que nunca es clave la adopción de medidas para salvar los empleos, los ingresos y las empresas que sean inclusivas y sostenibles durante todas las fases de la pandemia”, añade el informe. (Con información de PL)
