El 2 de mayo de 2019 entraron en vigor el título III y IV de la estadounidense Ley Helms Burton, cuya activación había quedado en suspenso desde 1996.
El Título III se refiere a la «protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses», con redacción engañosa que podrían hacer parecer legales actos sin amparo jurídico.
Esta ley no acepta que en el momento del triunfo de la Revolución ocurrieron, entre otras acciones, la confiscación de bienes mal habidos y la nacionalización de empresas y recursos, por lo cual la política estadounidense desconoce todas las leyes de la Revolución, a la vez que se pasa por alto que, en efecto, existe una lista de compensación para ciudadanos de ese país.
Adicionalmente, este texto le confiere derechos como ciudadanos norteamericanos a personas que en el momento de las nacionalizaciones y confiscaciones eran ciudadanos cubanos, lo que constituye una violación del derecho.
Mientras, el Título IV de la Ley Helms Burton prohíbe la entrada a territorio estadounidense de las personas demandadas en virtud del Título III.
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Podríamos situar el inicio de una cronología reciente de hechos relacionados con la también llamada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas en enero de 2019, momento en que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró una provocación el anuncio de Mike Pompeo de solo suspender por 45 días la normativa.
Hasta ese momento la suspensión ocurría cada seis meses, lo que la había dejado inactiva desde 1996.
En abril de 2019 el Parlamento Cubano declaraba su total condena a la Ley Helms Burton de los Estados Unidos, a la vez que varios países se unieron al reclamo de la Isla, considerando a esta normativa una violación del derecho internacional.
En correspondencia con la entrada en vigor del Título III, varios ciudadanos establecieron demandas a organismos judiciales.
Carnival Corporation & plc, fue la primera empresa demandada en los Estados Unidos con el amparo del título III, y más adelante fueron citadas varias compañías de cruceros, pues la estadounidense Havana Docs Corporation alegaba ser propietaria legítima de inmuebles comerciales en puertos cubanos.
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Sin embargo, en el documento emitido por la Jueza Beth Bloom, se indicó que el reclamo del demandante no le daba derecho a reclamar por actividades que tuvieron lugar años después de ya no poseer interés en la propiedad, por lo que se desestimó la demanda con perjuicio, lo que significa que la Corte adoptó una determinación final sobre los méritos del caso, por lo que el demandante tiene prohibido presentar otra acción basada en los mismos motivos.
En junio de 2019, fue presentada por exiliados cubanos en Miami una demanda colectiva contra Trivago y, tras una enmienda, esta se extendió en septiembre a la agencias online Expedia y Booking, así como a la cadena española de Hoteles Meliá.
En enero de 2020 una jueza de la Florida apartó a Melia, Trivago, Gran Caribe y el grupo Gaviota de la causa, para centrase en Expedia y Booking, quienes sí son estadounidenses, de manera que el proceso podría agilizarse, si bien los denunciantes insisten en que si su causa prospera volverán a incluir a todas las empresas.
Además de estas, muchas otras empresas del sector turístico fueron demandadas en el año 2019, entre ellas también figuran Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.
Por otra parte, una familia cubana acusó en septiembre de 2019 a cuatro bancos: BBVA, Société Générale, Bank of Nova Scotia y Banco Nacional de Canadá, por, según los demandantes, traficar con una entidad bancaria confiscada por el gobierno revolucionario.
También en septiembre una firma de abogados de Miami presentó una demanda judicial bajo la Ley Helms-Burton contra las aerolíneas American Airlines y LATAM por operar en el aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Una demanda que se resolvió justo este 12 de mayo fue la presentada contra Amazon en septiembre 2019 por una persona que alegaba que Amazon se benefició y traficó con propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad de su abuelo, que heredó su padre y luego su madre, la cual le traspasó los derechos de propiedad en 2016, según figura en el texto enmendado.
Este martes el juez falló que el demandante tuvo dos oportunidades para sustentar su reclamación y no fue capaz de hacerlo y por lo que “parecería que cualquier otra enmienda seria fútil”.
La firma española NH Hotel Group también había sido demandada alrededor de esa fecha por similares acusaciones, pero en febrero de 2020 los demandantes retiraron voluntariamente la demanda civil.
Según el Consejo Comercial y Económico EE. UU.-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia del Título III, hasta ahora se han presentado 25 demandas contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en varias acciones judiciales, de las cuales un 45,4 por ciento son estadounidenses y el resto de diez diferentes países, incluido Cuba.
El presidente de EEUU, Donald Trump, activó la norma después de que sus antecesores, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, se negaron a hacerlo por las implicaciones legales y comerciales con terceros países. Cuando se anunció la activación de los títulos III y IV varios expertos legales advirtieron que las empresas norteamericanas serían las principales perjudicadas con este movimiento, lo que en la práctica ha ocurrido.
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