Los efectos de la COVID 19 se han hecho sentir con fuerza en el ámbito laboral. El pasado 7 de abril la Organización Internacional del Trabajo declaró que la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus destruirá 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo durante el segundo trimestre.
Según el director general de la OIT, Guy Ryder, “tenemos que actuar con decisión y coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso”.
Ello se contradice con la desastrosa y demorada respuesta a la enfermedad por parte de la Administración del país más poderoso del planeta, lo que no es de extrañar ya que las asignaciones de este año para la administración de alimentos y medicamentos, los centros para el control y la prevención de enfermedades y los institutos nacionales de Salud, en conjunto fueron menos del 1 % de los costos de las guerras.
Donald Trump comenzó por restarle importancia a la pandemia, y el resultado fue que por primera vez en la historia los 50 estados de la Unión se tuvieron que declarar en situación de desastre y Estados Unidos se convirtió en el país más afectado por el coronavirus en número de casos confirmados y muertes.
Los ataques del mandatario a la Organización Mundial de la Salud y la congelación de los fondos estadounidenses a esta organización son, como se ha señalado, un intento por encubrir sus errores en el manejo de la pandemia y una maniobra para hallar un culpable de la calamidad para salvar su carrera política en un año electoral.
Recientemente se vio obligado a aprobar un paquete de ayuda que algunos califican de insuficiente para los trabajadores, no protege a los millones de informales e indocumentados que laboran en el país, y prevé la asignación de miles de millones de dólares de ayuda para grandes empresas.
En contraste, Cuba, una nación pequeña y contra la cual el imperio ha recrudecido despiadadamente el bloqueo para privarla de recursos en la pelea contra la pandemia, ha reaccionado con la unidad y la entereza que nos caracteriza.
Aquí sí se ha actuado, como lo reclamó el director general de la OIT, con decisión y coordinación.
La protección a los trabajadores tanto estatales como no estatales ha estado entre las prioridades, apoyada en la Ley 116, Código de Trabajo, que recoge y defiende sus derechos y contempla medidas apropiadas para estos tiempos de aislamiento social. En la conformación de este paquete de medidas el Sindicato ha tenido una activa participación, así como en su aplicación en los centros de trabajo.
Ejemplo de ellos es el trabajo a distancia en el caso de los estatales, del cual forma parte el teletrabajo, al que se han acogido, como informó recientemente Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), más de 550 mil personas, con la garantía de la totalidad de su salario; se ha potenciado además la reubicación de los interruptos, y la protección salarial a los que no pueden pasar a otras actividades y a los que por su edad avanzada y padecimientos crónicos permanecen en aislamiento. Quienes reciben garantías salariales no están sujetos a impuestos sobre ingresos personales ni a la contribución especial a la seguridad social.
Vladimir Regueiro Ale, viceministro Primero de Finanzas y Precios (MFP), declaró que las empresas tienen la responsabilidad de asegurar el control administrativo de esas garantías salariales y cubrir con sus recursos el pago de los empleados ante la reubicación laboral u otras afectaciones descritas. No obstante, en los casos que no resulten suficientes los recursos, interviene el Presupuesto del Estado.
Se aprobó igualmente reducir la carga impositiva a las empresas afectadas en sus niveles de actividad por la actual situación.
Una de las primeras medidas adoptadas en relación con el sector no estatal cuya labor sufrió un duro impacto en esta situación, fue el aplazamiento de todos los impuestos y pagos pendientes.
Cuando el trabajador privado está contratado en un negocio que reduce su actividad, no queda desamparado, ya que el empleador está obligado a remunerarlas con el equivalente al salario mínimo del país. Aquel cuya labor era la única fuente de ingresos de la familia y no puede continuar haciéndola, puede requerir protección de la seguridad social.
En esta sociedad cuyo centro de atención es el ser humano, el Presupuesto del Estado, a pesar de las tensiones financieras con las cuales se previó para este año, dedicó el 28 % de sus montos a la salud y la asistencia social.
Los trabajadores que se encuentran en el borde delantero de la lucha contra la pandemia, están convencidos de que en este país, entrenado en el enfrentamiento a las dificultades, no hay cabida para el colapso, sino que juntos saldremos adelante.
