Cuando el mundo entero y Cuba luchan por erradicar o disminuir los daños que genera el nuevo coronavirus, se apela a la solidaridad entre las personas, a la disciplina y al cumplimiento de cada medida orientada por las máximas autoridades.
Es por eso que los órganos jurídicos y del orden interior, con el propósito de mantener la tranquilidad y hacer cumplir las disposiciones del gobierno, incrementan el control en la ciudad de Camagüey.
Según comentó a los medios locales Idelsys Martínez Laurencio, fiscal jefa de Camagüey, las disposiciones emprendidas se han orientado principalmente para contrarrestar las acciones de personas que trasgreden las normas jurídicas previstas para enfrentar la pandemia.
Las violaciones vinculadas con las medidas de aislamientos, con los precios de los productos de las carretillas en las calles, así como la venta ilegal de alimentos y artículos de primera necesidad y la prestación de servicios sin el empleo del nasobuco, son algunas de las principales irregularidades.
Hasta el momento tramitaron 19 procesos penales por conductas delictivas. Como comentó Jacqueline Ballester Aranda, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, a Radio cadena Agramonte, la mayoría de los delitos están relacionados con la propagación de epidemias. En ese caso fueron sancionadas ocho personas procedentes del exterior que se negaron a cumplir el protocolo de aislamiento social indicado.
Otro grupo fue por especulación y acaparamiento. No obstante, fueron recuperados esos productos que tenían como fin la comercialización a precios superiores.
También se conoce de otras indisciplinas como atentados hacia los agentes del orden público, desacato a las autoridades, incluyendo a las sanitarias. Pero, como señaló Alexis Rolán Martínez, director de la dirección Integral de Supervisión en el municipio de Camagüey, impusieron más de 200 multas en los cuatro distritos de esta ciudad.
El directivo también apuntó que por indicación del Consejo de Defensa Provincial toda la información de las infracciones detectadas son comunicadas grupo jurídico para que se adopten medidas más enérgicas con aquellos violadores que reinciden tanto en las alteraciones de precio como en el incumplimiento de las medidas sanitarias.
