La implementación de una estrategia basada en los principios de libertad, equidad, inclusión y justicia social, ha sido una conquista de la Revolución cubana desde su triunfo en 1959.
Esa política incluye a las personas con discapacidades, con el fin de propiciar el aprendizaje y el desarrollo de sus potencialidades en el empleo, el deporte, la cultura y otras actividades de la política, la economía y la sociedad.
A pesar de los esfuerzos para lograr la rehabilitación integral y la inserción social de los ciudadanos ciegos o de baja visión, con discapacidades auditivas y físico-motoras, algunos funcionarios se han adjudicado la atribución de aplicar procedimientos no acordes con las medidas orientadas por la dirección del país, en tiempo de la epidemia de la Covid-19.
«Hoy los voy a dejar comprar, mañana no, deben estar en sus casas»; «no tienen derecho, anoche lo dijeron por la televisión»; «solo hay prioridad para ustedes en la farmacia y el transporte… «, fueron, entre otras, las expresiones en algunas Tiendas Recaudadoras de Divisas y de la red minorista de Comercio Interior, en la provincia de Ciego de Ávila.
Quizás esa gente actúe influenciada por coleras o coleros especuladores y cibermercenarios que infunden confusión desde las redes sociales de la comunicación para provocar el desorden en los establecimientos públicos.
Nadie le contó los hechos a Trabajadores, los presenció y solicitó por vía telefónica la opinión de Julia Esther Ferras Santos, presidenta provincial de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM).
«La discapacidad no es una enfermedad, sino una condición que solo la limitan las barreras arquitectónicas y mentales, la población debe ganar más en cultura y comprensión en este sentido.
«Hemos recibido inquietudes de nuestros asociados de los municipios de Ciro Redondo y Florencia, donde solo se nos han reportado casos sobre determinadas actitudes negativas en medio de la actual contingencia sanitaria en la que no deben cerrarse las puertas a nadie, lo que pasa es que hay desconocimiento o se ha olvidado el contenido de la carta circular del Ministerio de Comercio Interior, la cual establece prioridades para nuestros asociados.
«Les indicamos a los presidentes de nuestra organización en esos municipios que se acercaran a los Gobiernos locales para tramitar esas preocupaciones, y solicitamos al Ministerio de Trabajo la posibilidad de llevar a las viviendas los productos de primera necesidad a discapacitados que viven solos, quienes, además de su limitación, padecen de otras enfermedades.
«En cada lugar se puede conocer si alguien está haciendo mal uso del carné de asociado, nosotros tenemos la potestad de retirárselo».
La carta que debe recircular
Pablo Leon Águila, presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales en el municipio avileño de Ciro Redondo, vuelve a revisar la carta circular número 11, emitida en el año 2000 por el MINCIN.
oincide el entrevistado con la opinión del periodista de que el documento debiera colocarse en los murales de los centros de ese organismo, por la vigencia de su contenido: Atendiendo a la importancia que se le concede en nuestro país al desarrollo del ser humano, es necesario brindar todas las posibilidades a las personas discapacitadas para que puedan concurrir a las unidades de comercio y servicio, previa presentación de su carné actualizado.
«Le he dicho a nuestros 52 asociados que el coronavirus no se vence con temor, sino con higiene, prevención y disciplina, por eso confío en el sistema de Salud y el Gobierno revolucionario que nos dio la posibilidad de entregar en los últimos años 18 viviendas y 7 subsidios».
Tanto Julita, como Pablo, han colocado a sus respectivas asociaciones en la primeras posiciones, a nivel de país, en la tarea de lograr para las personas con limitaciones una vida socialmente útil, por lo que la ACLIFIM provincial y la ANCI de Ciro Redondo atesoran por varios años consecutivos la condición de Vanguardias Nacionales.
León Águila hojeó las páginas de la Constitución cubana, se detuvo en su artículo 89 y citó: «El Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad, a quienes se les crean condiciones para el mejoramiento de su calidad de vida…»
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