Hace algunos años conversé en Bogotá con una dirigente del Movimiento por la Paz de Colombia. En la entrevista me confesó estar angustiada porque había sido amenazada de muerte. Han pasado los años y lamentablemente desconozco si forma parte de la macabra lista de asesinatos de líderes sociales.
La última semana de febrero un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que la situación en el país es la peor desde 2014 y que el Estado no está cumpliendo su labor de defensa de líderes sociales.
Días después el jefe de la Relatoría Especial de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Forst, denunció que el gobierno de Duque impidió su ingreso al país para finalizar su informe sobre la situación de tan delicado asunto.
La violencia no es nueva en Colombia. Durante décadas líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido asesinados.
Desde que se firmó en 2016 el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, entre 300 a 500 activistas sociales, y más de 100 excombatientes de las FARC fueron muertos, según el Estado. Los defensores de los derechos humanos suman más de 600.
Tampoco es nuevo el problema de ausencia total o parcial del Estado en casi la mitad del territorio y la presencia de grupos armados políticos o del crimen organizado, o una mezcla de ambos.
Muchas denuncias pocas soluciones
El tema fue denunciado nuevamente el pasado 27 de febrero por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe anual sobre Colombia. El Informe critica la falta de acceso a la justicia que “perpetúa ciclos de impunidad y violencia”, y señala que la Fiscalía General de la Nación sólo tiene alcance en la mitad del país. Explica, así mismo, la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y los crímenes que llevan a cabo.
Recientemente el Gobierno anuló el contrato con la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y la Corrupción (UNODOC) para verificar la sustitución voluntaria de cultivos. Informes de esta Agencia de investigaciones independientes indicaba que el plan era exitoso, contrariamente a lo que sugiere el Gobierno, que se inclina, con el apoyo de Washington, por la sustitución forzada y la fumigación.
En enero pasado el fiscal general (e) de la Nación, Fabio Espitia, aseguró que en los primeros días de 2020 solo un líder social fue asesinado. Pero según el Instituto de Desarrollo para La Paz (Indepaz) en el mismo período fueron muertos más de 29.
El gobierno trata de encontrar el balance entre limitar la implementación, tener un buen reconocimiento en la ONU, y continuar recibiendo el apoyo político y financiero internacional. En ese complejo punto medio se encuentran las disputas con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humano.
Naciones Unidas vs Gobierno colombiano
El Secretario General de la ONU llamó a que se adopten medidas más efectivas para protegerles, tales como una política pública para desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones criminales que llevan a cabo reclutamiento forzado, homicidios, ataques, desplazamientos y amenazas.
La falta de seguridad es aún más crítica para los líderes sociales: desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019.
“A pesar de las mejoras generales en la seguridad registradas tras el Acuerdo de Paz, las comunidades continúan siendo atacadas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en áreas donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades ha hecho que las comunidades sean vulnerables a las economías ilícitas”, aseguró el Secretario General.
La ONU hizo un llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas provisiones específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.
“Reitero también mis llamamientos, dijo Guterres, a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los ex miembros de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz. Los familiares, incluidos los niños, de los excombatientes asesinados desde la firma tienen vulnerabilidades particulares, y se deben considerar acciones específicas para apoyarlos”, dijo.
“Con el Acuerdo de Paz como hoja de ruta, Colombia puede continuar construyendo la paz que sus ciudadanos tanto anhelan. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con ese objetivo, trabajando en asociación con las partes, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional”, concluyó.
El gobierno de Duque trata de encontrar el balance entre limitar la implementación, tener un buen reconocimiento en la ONU, y continuar recibiendo el apoyo político y financiero internacional. En ese complejo punto medio se encuentran las disputas con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Esta realidad no parece que cambiará mucho en el presente año sobre todo por la falta de la necesaria voluntad política para enfrentarla y terminar de una vez con los asesinatos.
