El gobierno del presidente argentino Alberto Fernández parece haber ganado el primer round de lo que será un difícil pulseo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acreedor de 44 mil millones de dólares que resultan la más dañina herencia de la administración del neoliberal Mauricio Macri.
Los directivos y técnicos del FMI estuvieron en Buenos Aires y, para beneplácito de Fernández y su equipo, reconoció en un comunicado que la deuda argentina no es sustentable.
“El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”.
Así reza el comunicado del ente internacional, que califica de «muy productivas» sus reuniones con las autoridades del país austral.
Hay que consignar que la llegada de la misión fondomonetarista estuvo precedida por fuertes pronunciamientos del presidente argentino y de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien reclamó una quita de la deuda debido a que los acuerdos de Macri con el FMI provocaron una fuerte fuga de capitales.
Fue una retórica beligerante que se atenuó con la postura inicial de los prestamistas, pero ello es solo el primer capítulo de una ardua negociación en la que estará en juego la política socio-económica del gobierno y las promesas de campaña de Alberto Fernández.
No hay que olvidar que el FMI maneja su tono acorde a quienes tiene enfrente en la mesa de discusiones. Por ello no sorprende que en el comunicado de marras suscribiera lo siguiente:
“Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo”.
El lenguaje resulta similar al que en su momento dedicó el Fondo a la política de Macri. Claro, su objetivo es cobrar y aunque lo normal resulta que los gobiernos decidan sus medidas, las presiones del FMI y las fechas de pago están en la jugada.
Así ocurre con los mil 600 millones de dólares que Argentina le debe pagar solo por concepto de intereses de la deuda para este año.
De momento el FMI reconoció que el nuevo gobierno consiguió poner coto a la espiral inflacionaria y mantiene congelada la fórmula de movilidad jubilatoria.
Pero a medida que avance el año habrá que ver qué pasa con las tarifas y precios hoy congelados, y cómo se cumple el pago del débito social, entiéndase como la aplicación de medidas para revertir los despidos en la plantilla pública, privatizaciones y otras políticas de la administración anterior que elevaron el desempleo y la penuria para millones de argentinos.
El Fondo no cedió en su propósito de querer cobrar el 100 por ciento de su dinero prestado, intereses incluidos. Entonces reconoce que el débito de la República Argentina no es sostenible y acota:
“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”.
Allí se avizora otro frente de batalla (habrá negociaciones en las próximas semanas) con los tenedores privados de bonos de la deuda gaucha, quienes incluso podrían enjuiciar al gobierno en caso de que la mesa se tranque. Y en ese escenario no sería raro que el FMI pretenda nadar en dos aguas.
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