Numerosas personalidades y organizaciones se suman a las denuncias contra la inhabilitación del ex presidente Evo Morales (2006-2019) para participar en las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.
Los ex gobernantes de Brasil Dilma Rouseff y de Ecuador Rafael Correa, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y hasta el ex secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno Miguel Insulza, entre otros, consideran ilegal e injusta la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano.
El pasado jueves, el TSE anunció la inhabilitación de la candidatura a senadores del ex presidente Evo Morales y del ex canciller Diego Pary, por no cumplir, supuestamente, con el requisito de la residencia permanente.
Críticos a esa decisión consideran que se trata de un eslabón más en la cadena del golpe de Estado en Bolivia que comenzó desde antes de las elecciones del 20 de octubre y se consumó el 10 de noviembre pasado con la renuncia de Evo, obligado por altos mandos militares.
De acuerdo con Héctor Bernardo, periodista, escritor y profesor universitario, “el camino que la derecha antidemocrática ha decidido recorrer en Bolivia replica los pasos recientemente transitados en Honduras: golpe, proscripción y fraude”.
En un artículo publicado en el diario argentino Contexto, Bernardo considera que el burdo libreto es el mismo, fue escrito en Washington y tiene de trasfondo la Doctrina Monroe, la política neocolonial del imperio y la participación estelar de la OEA encabezada por su secretario general, Luis Almagro.
Advierte que el presidente del TSE, Salvador Romero, nombrado por la presidenta autoproclamada, Jeanine Áñez, no es garantía de transparencia como pregonó sino “la garantía del fraude articulado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)” estadounidense.
En este sentido, recuerda revelaciones hechas en años anteriores por diversos medios de prensa sobre los estrechos vínculos de Romero no solo con la CIA, sino también con otras dependencias del Gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Estado, la USAID y la Embajada de Washington en La Paz.
Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), rechazó también la inhabilitación de Morales, de Pary y de otros representantes del Movimiento al Socialismo (MAS), de cara a los próximos comicios.
“Esta medida es una evidencia más del Golpe de Estado continuado contra el pueblo boliviano, fundada en razones políticas y en modo alguno en razones técnicas o jurídicas”, denunciaron los países integrantes del bloque de integración regional en un comunicado difundido el sábado en el portal de la Cancillería de Venezuela.
Las naciones integrantes del ALBA-TCP hicieron un llamado a la comunidad internacional a denunciar esta “arbitraria e injustificada medida que atenta contra la libertad del proceso electoral del pueblo boliviano en su derecho de elegir a quienes consideren son sus candidatos para que los representen”, concluyó el texto. (Con información de PL)
