Consolidado el triunfo revolucionario, el Ejército Rebelde procedió a la toma inmediata de los cuerpos represivos existentes en el país, verdaderas cámaras de tortura donde agentes del depuesto régimen cometieron innumerables crímenes y violaron los más elementales derechos ciudadanos. Aunque desde los primeros momentos la Revolución procedió a la detención de los criminales, no fue hasta el 18 de febrero de 1959 que el comandante Camilo Cienfuegos, en su condición de jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde y de las fuerzas de aire, mar y tierra de la provincia de La Habana, dispuso su disolución, con lo cual dio respuesta a un justo reclamo popular.
Así desaparición para siempre el Buró para la Represión de Actividades Comunistas (Brac), los servicios de Inteligencia Militar (SIM), Regimental (SIR), Naval (SIN) y Policial; el Departamento de Investigaciones, las policías Secreta y Judicial, y el Departamento de Investigaciones de la Policía (Buró), creados por el tirano Fulgencio Batista Zaldívar para consolidar su poderío militar y obtener todo tipo de información sobre la oposición, aprovechándose de la inexistencia de un control institucionalizado sobre el empleo de la fuerza.
A ese quehacer se sumaron grupos paramilitares, entre ellos los Tigres de Masferrer y la denominada Piquera Gris, un centro de autos de alquiler que mantenía constante comunicación por radio con la jefatura de la policía, así como miles de agentes, entre informantes, espías y chivatos —empleados del régimen o contratados entre la delincuencia y los lumpen—, que actuaban bajo el disfraz de pacíficos vendedores ambulantes.
La mayoría de tales grupos recurrían a la violencia para arrancar a sus víctimas los secretos que guardaban, alcanzando una dimensión de delirio que hoy algunos tratan de ignorar, y otros ni siquiera sospechan.
La violencia sobre los detenidos se ejecutaba por la vía moral o física. La primera, con burdas amenazas, chantajes, sobornos, promesas de libertad, y hasta ofrecimientos de elevados puestos dentro de la jerarquía político-militar; y la segunda, alternando la tortura con otros métodos, refinados o brutales, de manera que el individuo pasaba de prisionero a enfermo y, en no pocos casos, a cadáver.
Generalmente esos grupos los integraban jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, armados con pistolas, ametralladoras, cables y vergajos, quienes en lugar de hablar, gruñían y vociferaban a los miles de revolucionarios y personas sin ningún tipo de filiación política llevados a las mazmorras del tirano.
La historia indica que, para sostener el poder, las fuerzas represivas ordenaron numerosos crímenes: contra las manifestaciones de estudiantes universitarios, de la Segunda Enseñanza y de las escuelas de Comercio; los asaltantes a los cuarteles Moncada, Carlos Manuel de Céspedes y Goicuría, así como al Palacio Presidencial; los expedicionarios del Granma y del Corinthya, y los sublevados en Cienfuegos. Así lo demuestran las masacres de Humboldt No 7, la embajada de Haití, los poblados de Cabañas y Pino 3, la huelga del 9 de abril, y las llamadas Pascuas Sangrientas, por solo citar algunas.
Todos esos cuerpos fueron objeto de repudio popular, en forma muy especial el SIM y el Brac, dos de los más siniestros. El primero, directamente subordinado al jefe del Estado Mayor del Ejército, fue creado por Batista en la década del treinta, cuando ocupó por primera vez la jefatura de esa institución militar
El segundo, presidido por el ministro de Gobernación e igualmente fundado por Batista en mayo de 1955, en estrecha relación con la policía política de la embajada estadounidense, se caracterizaba por recurrir a los métodos más especiales de tortura. Para establecerlo, un grupo de oficiales, entre los cuales se encontraba el general Martín Díaz Tamayo, viajó a Estados Unidos para recibir entrenamiento.
Tanto el Brac como el SIM, contaron con el asesoramiento constante de agentes de ese país, algunos acreditados como miembros activos, entre ellos Charles E. Wilson, Jhon F. Bashter, Elton T. Preser, George A. Vaughan y David Morales, residentes en la misión diplomática de Estados Unidos, quienes participaban en interrogatorios e, incluso, torturaban
Mano dura, no: ¡durísima!
Desde el propio 10 de marzo de 1952, algunos miembros de las fuerzas armadas y paramilitares se hicieron cargo de la llamada disciplina de masas, y los cuerpos de oponentes políticos acribillados a balazos comenzaron a aparecer en lugares desiertos y los alrededores de La Habana y otras capitales de provincias, y si bien Batista no pudo estar directamente vinculado con la muerte de todos sus opositores, estas ocurrieron con su anuencia y mandato, lo cual lo convierte en principal responsable.
Como es de suponer, existió una estrecha relación entre los referidos cuerpos represivos, tal como prueba el hecho de que tras la oficialización del Brac, se orientó al jefe del SIM poner a su entera disposición los registros y archivos de antecedentes de todas las personas fichadas como comunistas y demócratas; permitir el uso de la radio y teléfonos oficiales para cursar mensajes, y ceder el empleo del criptógrafo para la correspondencia clasificada y mensajes cifrados. Se dispuso, además, que en los regimientos de la guardia rural los miembros del SIR pasaran a la investigación y represión de actividades comunistas, para lo cual algunos oficiales del ejército fueron a entrenarse a Estados Unidos, entre ellos el siniestro primer teniente José Castaño Quevedo.
Pero la impunidad no podía perpetuarse, y en busca del castigo a los violadores de los derechos humanos se irguió la juventud que, liderada por Fidel Castro Ruz, el 26 de julio de 1953 se lanzó al combate, punto de partida de un largo y escabroso camino de lucha por la conquista de la total libertad e independencia de la patria.
