Una de las tan mencionadas, pero todavía poco conocidas 37 medidas de ahorro que emergieron durante la difícil coyuntura de los finales del pasado año y que se ha pedido mantener como un cambio permanente, tiene que ver precisamente con algunos trámites muy específicos que debe realizar la ciudadanía.
Plantea en cuestión la propuesta el acercamiento de los trámites del Instituto de Planificación Física, tanto para las personas naturales como para las entidades, hasta los consejos populares, y de ese modo evitar el traslado de la población hacia las cabeceras municipales, así como agilizar los plazos en las respuestas.
Aunque parezca muy específica de una sola institución, el concepto que esta medida resume podría aplicarse a muchas otras gestiones cotidianas que las personas tenemos que hacer, en muy diversas instancias, algunas incluso que guardan relación unas con otras.
Porque a veces se piensa más en los nexos hacia dentro de las instituciones, en las parcelas y divisiones internas que se establecen para completar cualquier prestación pública, que en la manera en que la población aprecia y siente la satisfacción o insatisfacción al final de un determinado proceso.
Esa filosofía de establecer mecanismos pensados más para la comodidad de los prestatarios de un servicio que para el bienestar de quienes deben beneficiarse con ellos, debe ser desterrada de nuestra administración pública.
Aquí podemos incluir cualquier encadenamiento de trámites o de pasos a seguir para obtener o consumir un producto o servicio, ya sea con fines comerciales o de las entidades estatales que tienen como función cumplimentar gestiones vitales para la ciudadanía.
Piensen si no, en cuántas colas innecesarias hemos visto por ahí, que son inventadas por funcionarios o dependientes para en apariencias organizar la vida interna de su organización, y que en realidad lo que logran es desorganizar nuestra vida personal, con el consiguiente despilfarro de tiempo y de recursos.
O cuando en cualquier dependencia se arrogan la potestad de querer conducirnos a un supuesto orden, que puede ir desde entrar por una sola puerta donde hay varias, o esperar que una oficina de atención al público se vacíe para que entren todas las personas a la vez, o inventar controles, firmas y autorizaciones que solo contribuyen a alargar un proceso y a dar poder de decisión a quienes tal vez no deben tenerlo, y luego pueden abusar de él en beneficio propio.
Las prohibiciones, los mecanismos innecesariamente enrevesados y no enfocados a los clientes o los usuarios, son el resultado de una mala gestión, de una falta de sentido común y de la incapacidad para ponerse en el lugar de las personas para quienes se supone que una entidad trabaje, y no al revés.
Muchas de las medidas que en la actualidad se implementan como parte de la actualización del modelo económico y social cubano buscan esta racionalidad en la prestación de los servicios públicos, pero OJO, incluso en las nuevas prácticas o soluciones ya implementadas pueden mezclarse o infiltrarse esas viejas concepciones.
Por tal motivo es preciso siempre tener como divisa de las organizaciones cuál es el sentido de cada actividad, a quienes en realidad debe beneficiar y cómo concebir cada trámite, para así obtener ese valor esencial que es la satisfacción de nuestra ciudadanía, y de paso, ahorramos recursos económicos a la gente y a la nación.
O, dicho en otras palabras, la principal condición y finalidad de todo cuanto hagamos, tiene que ser —invariablemente— hacer la vida más fácil y menos costosa.
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