El ahorro puede ser una imposición o un hábito. Si lo asumimos de la segunda forma, resulta mucho más natural y creativo. La racionalidad en el modo de gastar cualquier recurso requiere de incorporación a la gestión cotidiana como un sistema de trabajo.
Hay varias listas de medidas de ahorro que citan aquí y allá. Están las 37 disposiciones que nos dejó la dura experiencia de la coyuntura energética de septiembre del pasado año, y cada centro suele tener su relación de disposiciones que buscan reducir gastos y costos.
Sin embargo, al menos en las reuniones de discusión del plan y el presupuesto que ya hemos podido ver, el problema del ahorro todavía es un elemento secundario. Suele ser de esos puntos que el informe administrativo contempla y menciona ya casi hacia el final, y en no pocas ocasiones no pasa de ser una referencia a la famosa lista de medidas de la entidad en cuestión.
Y las listas, por cierto, tienen una gran limitación. Las podemos hallar de 14, de 35 o de 67 puntos, no importa. Son más o menos específicas, en relación con las características y naturaleza del trabajo de cada colectivo. Pero el problema está no solo en aplicar lo que ellas dicen, sino en no cerrar la puerta a lo que no recogen y que es posible hacer.
Expliquemos mejor esto. Entre las propias 37 medidas de carácter permanente que dispuso el país, las hay que apuntan directamente al ahorro y sustitución de los principales portadores energéticos, pero también a no pocos reacomodos organizativos en la manera de trabajar, para conseguir de modo indirecto el mismo efecto.
Una en particular guarda estrecha relación con la labor sindical, cuando dispone la defensa de los cambios de labor, en lugar de la vía más fácil, aunque a veces inevitable, de la declaración de interruptos. ¿Cuántas acciones pueden derivar solo de esta sugerencia? Infinitas, todas las que sean necesarias para buscar producciones alternativas en caso de falta de materias primas u otras condiciones excepcionales e imprevistas.
Y, además, está el ahorro como categoría del plan. O sea, muchos de los propósitos que en esas mismas reuniones ahora discuten representantes sindicales, administrativos, y sus trabajadores ya llevan implícito una menor asignación o disponibilidad de determinados recursos, para hacer lo mismo o más que en el año anterior. Sucede sobre todo en el caso de los combustibles y la energía eléctrica.
Eso hay que explicarlo, pero además concretar cómo hacerlo. Pues no va a ocurrir por generación espontánea. Son procesos productivos y de servicios que será preciso reorganizar de una forma diferente, para que resulte esa intención de ahorro que ya contiene el plan o el presupuesto.
Por último, pero no menos importante, está otra concepción mucho más abarcadora sobre un ahorro que llamaremos “social”. Ninguna empresa o entidad debe asumir solo “su” ahorro. Hay que pensar tales actuaciones hacia todo el contexto nacional y a su principal beneficiario: la ciudadanía.
Muchas de las propuestas centrales para ahorrar, por ejemplo, tienen que ver con la transportación, el reacomodo de cargas y el alivio del traslado de pasajeros, más allá de si son o no trabajadores de nuestro centro. Ese tipo de acción expresa solidaridad, pero también eficiencia a escala de sociedad.
No importa que ello no conste quizás en algún indicador, o no cuente tanto para la caja registradora de la entidad: si le ahorramos recursos o energía, y hasta una molestia, a alguien a nuestro alrededor, ya eso constituye una medida importante, aunque no aparezca en ninguna enumeración de tareas. No menos trascendente es lo que hagamos en el hogar, en el barrio, en las comunidades.
Porque cada lista por escrito de medidas para ahorrar es imprescindible, pero no suficiente. El ahorro, cuando lo asumimos por convicción y de una manera orgánica, deja de ser entonces una relación más o menos didáctica de metas a conseguir, para resultar una tendencia saludable a lo infinito.
