La tierra sigue temblando en una seguidilla de movimientos telúricos en Puerto Rico, donde también se mueve la indignación social por el mal manejo gubernamental ante la emergencia, que afecta sobre todo a zonas del sur y suroeste de la isla.
Ya sea frente al Capitolio o La Fortaleza, residencia de la gobernadora Wanda Vázquez, las manifestaciones son expresión del descontento popular ante la gestión de las autoridades ante la situación creada por los sismos que sacuden la ínsula desde diciembre y que tuvieron su punto máximo con el terremoto del 7 de enero de 6.4 grados en la escala de Richter.
Ese fenómeno natural provocó la muerte de una persona, lesiones a otras, varios miles de damnificados y severos daños materiales en inmuebles, viviendas e infraestructura.
Los afectados se quejan de la falta de ayuda oportuna, y la indignación creció al ser descubierto en Ponce un almacén lleno de artículos de primera necesidad (agua, pañales, mantas, estufas, gas doméstico) que no fueron distribuidos a las víctimas de huracán María en 2017 ni a los necesitados tras los terremotos de las últimas semanas.
El escándalo provocó que la gobernadora despidiera al comisionado del Negociado del Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, pero la medida no calmó los ánimos, especialmente entre quienes perdieron sus viviendas.
Más allá de la coyuntura, hace más de dos años el huracán María demostró que, a pesar de que la isla está situada en la de las zonas más activas de ciclones tropicales del planeta, sus autoridades no están preparadas para enfrentar a un meteoro de la categoría de aquel, que dejó varios miles de muertos.
También Puerto Rico está ubicado en un área de fuerte sismicidad, que cobró inusitada actividad y evidenció las carencias de programas oficiales para enfrentar desastres naturales de esa índole. Baste decir que tres semanas después que comenzara el enjambre sísmico, hay unos siete mil albergados en 14 centros habilitados en el sur, donde cientos de niños siguen sin poder asistir a sus escuelas.
«Quedó demostrado que Puerto Rico no está preparado para un movimiento sísmico», dijo Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Gestores de Emergencias de la isla.
Lugo fue director de gestión de emergencias y ahora afirma que el Gobierno no activó su centro de mando para tales efectos sino hasta el 8 de enero, quebrando así los procedimientos establecidos.
El huracán María había dejado la experiencia de que al llegar el meteoro las autoridades locales y federales (recordar que se trata de una neocolonia de Estados Unidos) estaban cortas de suministros y con una infraestructura mal atendida. De ahí las razones por las cuales Puerto Rico demoró meses en poder recuperarse y que miles de boricuas se quedaran sin luz y otros servicios básicos por buen tiempo.
Ahora el sismo del 7 de enero dejó a todo el país sin electricidad y en el sur muchos quedaron sin el suministro de agua potable. Pocos días después, el luego despedido director de gestión de emergencias, reconoció que el Gobierno no tenía listos los protocolos de actuación ante la adversidad de un sismo de fuertes proporciones.
Habrá que ver si la gobernadora Wanda Vázquez supera el vendaval. Frescas en la memoria están las movilizaciones ciudadanas que decidieron la renuncia del anterior gobernador, Ricardo Roselló.
