Trabajadores le da seguimiento al reportaje titulado: Tierra brava, publicado en este sitio digital el 10 de noviembre de 2019.
El cañaveral y la manigua son amigos entrañables de Iosvany Acosta Delegado; lo idolatran, porque saben que este guajiro ama el trabajo y no le teme ni al litigio de una herencia que muy cara le ha costado.
Tan pronto se despidió de las cañas, en calidad de machetero de alta productividad en el Ejército Juvenil del Trabajo, se fue para el monte, pues gran extensión de la finca de su abuela Mercedes de la Caridad se había convertido en un malezal.
A golpe de sacrificio la fue metiendo en cintura hasta hacerla una Unidad de Referencia ―algo avalado por la Dirección de la Agricultura en el avileño municipio de Ciro Redondo― y por sus resultados fue incluida en el proyecto científico universitario: Contribución a una producción agropecuaria climáticamente inteligente para Ciego de Ávila
Sin embargo, las cosas se invirtieron, y era la existencia de Iosvany la que parecia estar llena de malezas. No sabía de los quebraderos de cabeza que se le avecinaban.
No lo imaginó cuando el 31 de marzo de 2004 la resolución 726 del delegado provincial de la Agricultura, delimitó las responsabilidades en ese terruño. Desde ese momento, en la certificación de tenedor, anotada con el folio 1213516 en el registro de tenencia de la tierra, aparece el nombramiento como propietarios de Iosvany Acosta Delgado y su padre Juan Bautista Acosta Maza.
Luego de esa oficialización, un ambiente relativamente apacible comenzó a reinar en La Caridad, hasta que en marzo de 2019, Iosvany, cumpliendo sus obligaciones, informó sobre presuntas violaciones de la legalidad en el terreno asignado en copropiedad con su progenitor.
Tras cuatro meses de efectuar la queja lo visitaron funcionarios de la Delegación Municipal de la Agricultura (DMAG) de Ciro Redondo. Después, en septiembre, su abogada, Ysneilyn Quesada, recibió una comunicación y le notificó al campesino la respuesta de la DMAG: «…iniciar el proceso de expropiación forzosa de la tierra a Juan Bautista Acosta Maza e Iosvany Acosta Delgado”.
«Quieren quitarme mis tierras, mi empleo. No soy yo quien ha cometido ilegalidades…”, expresaba Iosvani en su carta entregada en la corresponsalía de Trabajadores, en Ciego de Ávila.
Qué dice la Ley
En cuanto a los agricultores pequeños, el Decreto Ley 125 en su Artículo 9 considera infracción el establecimiento de relaciones de aparcería, arrendamiento u otras que impliquen cesión parcial o total de la tierra. Además prevé que se dicte por el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar, cuando proceda, la correspondiente Resolución fundada.
Iniciada la expropiación forzosa, el tribunal procederá de inmediato a dar posesión de la tierra y demás bienes agropecuarios a la entidad que señale el Ministerio de la Agricultura. Preve igualmente que la utilidad y necesidad de la expropiación forzosa no podrá ser impugnada por la parte demandada.
Yumisleidi Rivero Felipe, jefa del departamento de la tierra en la DMAG, aclara que “la expropiación dependerá de los resultados finales de las investigaciones. No obstante, como primera medida, multamos a Juan Bautista Acosta Maza, padre de Iosvany».
Afirmó la funcionaria que se investiga si una parte del terreno ocupado por Juan Bautista fue vendido a una tercera persona. De comprobarse, la finca La Caridad, incluida la parte de Iosvany, sería confiscada.
Según Zenayda Ruiz, especialista en la DMAG, no se puede expropiar solo la mitad de la unidad agropecuaria, tiene que ser en su totalidad, aunque solo delinque uno de los dueños.
El asunto nos lleva a preguntarnos porqué perjudicar a quien nada hizo y hasta cumplió con el deber de denunciar? A juicio de la especialista, el Decreto-Ley 125 “tiene varias lagunas, pero es el que tenemos para aplicar”, acotó.
A Trabajadores le preocupa que como parte del proceso de indagación llevado a cabo por la DMAG, no se haya escuchado el parecer de la dirección de la Anap en el territorio, algo que se exige en el propio Decreto-Ley 125/91. Además -y no ha ocurrido hasta el momento- el caso pudo haberse llevado a la Comisión Agraria Municipal.
Este órgano de prensa indagó con Cristian Rodríguez Boch, titular de la ANAP en Ciro Redondo, quien refirió que «nadie nos ha solicitado la opinión en el tiempo que ocupo este cargo; incluso, los miembros del Buró Municipal que llevan tiempo aquí desconocen de la supuesta expropiación. Si sabían de los éxitos del campesino, a quien visité y es cierto que explota la tierra de forma eficiciente».
Tal opinión podría servir al decidir la posible confiscación de la parte del hijo, quien al parecer, nada tiene que ver con lo hecho por el padre, quien ya fue multado.
¿Podría valorarse la excepcionalidad para con un productor que ha convertido su propiedad en un bien colectivo? No olvidar que en las 3.56 hectáreas que trabaja Iosvany, de las 7.11 heredadas, existe un eficiente aprovechamiento del suelo, y no hay empleo de mano de obra asalariada, comercialización ilícita de las producciones agropecuarias ni otras infracciones relacionadas en dicho Decreto-Ley.
Por cierto, el citado Decreto, en su Artículo 15, relacionado con la parcelación o transmisión de tierras por parte de campesinos, establece que de forma excepcional, cuando convenga a una entidad estatal o a una cooperativa, con la autorización del Ministerio de la Agricultura y oído el criterio de la Anap, se podrá adquirir parte de la tierra propiedad de un agricultor pequeño.
Las bondades de La Caridad
Con apego al significado de su nombre, las tierras se vuelven generosas. De las entrañas de la finca La Caridad brotan donaciones de hortalizas y condimentos frescos a instituciones sociales.
Testigo de tal contribución es Leomedes Ponce, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Felipe Navarro: «Nuestro asociado sobresale como productor de ganado menor y frutales».
El Doctor Carlos Mazorra Calero, de la Universidad en Ciego de Ávila, argumenta: «es un escenario de modelos agroecológicos a utilizar en la investigación científica». Por eso, la Dirección Nacional de la ANAP la declaró Finca Agroecológica, condición que poseen solo tres de su tipo en Ciro Redondo.
Legalidad, sensibilidad y soluciones
Es relevante la trayectoria de Acosta Delgado, quien ya contrató las ventas al Estado para el 2020 de ovinos y frutas, a pesar de que la DMAG no le había entregado el certifico de la tierra que debía haberle renovado en septiembre, porque, según el anapista, «me dijeron que mi propiedad estaba en vías de decomiso».
Parecía no haber claridad en cuanto a si el proceso de expropiación se había iniciado o solo se investigaban las denuncias de Iosvany. Pero en reunión el 11 de diciembre de 2019, con la participación de Trabajadores, quedó claro el mal proceder de la DMAG: «no se ha iniciado en este caso ningún proceso para la expropiación de la tierra», aclaró Orlando Pérez Pedreira, delegado provincial de la Agricultura, quien subrayó que los propietarios tienen que ponerse de acuerdo, ya que la ley agraria no va a resolver el litigio familiar.
Además, se acordó entregarles a ambos campesinos la certificación de tenedor de tierras actualizada, orientación cumplida por la DMAG, tras otorgar el 12 de diciembre de 2019 el nuevo documento registrado con el folio 1218883.
El otro acuerdo está pendiente de solución: realizar una nueva visita para revisar la tierra en usufructo aledaña a la finca La Caridad, donde hoy solo engordan el marabú y la tolerancia frente a la ociosidad.
Fenómenos como el descrito no son propicios en medio del actual proceso hacia el XII Congreso de la ANAP. Prevemos el mayor apego a la Ley; rigor y sensibilidad para que en un mismo surco no crezcan inocentes y culpables.
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