El Parlamento salvadoreño aprobó recientemente el presupuesto general de la nación para el presente año 2020, por unos 6 mil 426 millones de dólares. Varios diputados criticaron entonces que para eso el Gobierno había pactado con partidos de derecha, principalmente con Arena, Gana y PCN.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) —en el poder hasta el 2019 y bancada de izquierda con minoría legislativa— se opuso. La agrupación denunció que se sacrifica educación, salud y programas sociales, mientras se favorecen grupos de poder económico.
También fue aprobada una amnistía fiscal, que se dice dará oportunidad a evasores o presuntos evasores de impuestos para salir impunes. Además, se dejaron intactos los fondos para publicidad de la Casa Presidencial.
Por su parte, la diputada al Parlamento Centroamericano y militante del FMLN, Irma Amaya, afirmó que el Gobierno de Nayib Bukele comenzó a desmontar los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y las Casas de Espera Materna, logros obtenidos a través de la Reforma de Salud durante el anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Asimismo, detalló que el presupuesto presenta un recorte de 33 millones de dólares para esa área, lo que afectará a la población más pobre.
En el país centroamericano, entre los años 2008 y 2018 la mortalidad infantil disminuyó de 23 a 9 por cada mil nacidos vivos, y en un 42 % también lo hizo la desnutrición crónica en escolares de primer grado.
En noviembre del pasado año, la Red Solidaria Misión Milagro denunció el desmantelamiento de un centro oftalmológico que atendía gratis a salvadoreños de escasos recursos, donde especialistas cubanos realizaron miles de consultas y cirugías. Además del programa de alfabetización que logró reducir el analfabetismo de 14 % a 6 % está detenido.
El economista César Villalona, citado por el sitio digital diariocolatino.com, señala que los gobiernos del FMLN crearon 45 programas sociales y económicos que beneficiaban a la población más necesitada. El actual gobierno cerró tres que dejó sin recursos en el presupuesto del 2020, así como a otros 10 no establecidos por ley. También redujo los recursos a cinco más. En total, ha golpeado 18 programas.
La diputada por el FMLN Anabel Belloso manifestó que la aprobación del presupuesto y la Ley de Salarios legalizan el despido de más de 4 mil trabajadores en ocho instituciones, a partir del actual mes de enero. Villalona expresa que en los últimos siete meses han perdido el empleo miles de personas que laboraban con el Estado.
La defensa del personal cesanteado será difícil. En septiembre del 2019 se reinstaló el Consejo Superior del Trabajo, concebido para mediar entre el Gobierno, la patronal y los empleados, e integrado, entre otros, por representantes sindicalistas de derecha.
La Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador acusó al ministro de Trabajo por mantener silencio ante el despido de miles de empleados públicos en el año que termina, y por promover la flexibilización laboral para abaratar la mano de obra. Además, se opone al convenio de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe el acoso sexual y la violencia en centros de trabajo.
Bukele, antes de llegar a la presidencia, había prometido impulsar proyectos de infraestructura y también, hacer frente al desempleo. Por el momento crecen las opiniones de que la situación del país empeora para sectores populares y algunas capas medias, no así para los millonarios.
(Con información de Prensa Latina, Sputnik, nodal.am/elimparcial.com)
