Durante el 2018 seis países de la región eligieron presidente, entre ellos los tres más poblados, Brasil, México y Colombia, procesos que culminaron con el triunfo de al menos dos partidos no tradicionales: Morena, conducido por Andrés Manuel López Obrador (Amlo), que rompió con la alternancia que desde el 2000 tenían el Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN); y el Social Liberal, de Jair Bolsonaro, que sacó del juego a formaciones dominantes desde 1995, el Partido de los Trabajadores (PT) y el de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
En el 2019 otras seis naciones latinoamericanas acudieron a las urnas: El Salvador (3/2), Panamá (5/5), Guatemala (11/8, segunda vuelta), Bolivia (20/10), Argentina (27/10), y Uruguay (24/11, segunda vuelta).
Carlos Malamud y Rogelio Núñez, expertos de política internacional del europeo Real Instituto Elcano, afirman que “el período 2017-2019 deja una Latinoamérica más heterogénea y fragmentada, que no ha protagonizado el ‘giro a la derecha’ imaginado hace dos años. En este trienio los triunfadores en las urnas han sido figuras de un amplio abanico político-ideológico”.
Esta circunstancia, además de complejizar los varios proyectos de integración que coexisten en el área, aporta elementos que nos permiten una mirada a lo que en materia política sucede en la región.
El impacto de las iniciativas neoliberales aplicadas en el área —experimentales primero, e intensas y profundas después— ha sido severo, y no solo en los que ya eran pobres. Analistas aseguran que las acciones contra el Estado, su blanco favorito, han conseguido debilitarlo hasta convertirlo en un ente ineficaz, ineficiente e incapaz de responder a las políticas públicas que demandan y necesitan los ciudadanos.
Latinobarómetro, una corporación asentada en Chile desde donde estudia la opinión pública en la región, señala que un 75 % de los consultados cree que los gobiernos no defienden los intereses de la mayoría y solo ejercen para unos pocos.
Esa misma fuente afirma que si en 1997 el 63 % decía estar convencido de que el modelo de democracia capitalista (el único que conocen) es preferible a cualquier otra forma de gobierno, en el 2018 esa certeza solo valía para el 48 % de la población. El grado de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia creció del 51 % en el 2009 al 71 % en la actualidad.
Frente a esa realidad, las figuras y partidos políticos tradicionales, así como las instituciones representativas de los modelos democráticos republicanos llevan la peor parte. Cada vez son más los que les descalifican como “herramientas adecuadas para canalizar sus exigencias”, y acuden a liderazgos de otro tipo, estos estos las iglesias evangélicas, los movimientos sociales y los sindicatos.
Tales opiniones disidentes llegan a las urnas en forma de ‘voto del enojo’, que no apuesta por un proyecto o plataforma política, sino que va contra alguien (o algo). Ello explica que algunos comicios, en países que padecen males comunes, terminen por favorecer conceptos tan dispares como la extrema derecha del brasileño Bolsonaro, el nacionalismo izquierdista de Amlo, o el ultraconservadurismo de tintes religiosos del tico Fabricio Alvarado.
Otro experto, el español Antoni Gutiérrez-Rubí, explica que “el ‘voto del enojo’ se da en unas sociedades caracterizadas por la desconfianza interindividual y hacia las instituciones. Esto desemboca en escepticismo, altos estándares de exigencia y, finalmente, en la formación de individuos hipercríticos, lo que reinicia el proceso de desconfianza-escepticismo-exigencia-crítica”.
Estadísticas publicadas por Latinobarómetro permiten añadir que vivimos en “la región más desconfiada del mundo: ocho de cada 10 latinoamericanos no confían en el otro, mientras que en los países nórdicos ocho de cada 10 sí lo hacen”. En la parte más baja de esa credibilidad figuran los partidos políticos. Solo el 15 % de la población tiene fe en ellos.
Este panorama heterogéneo y receloso, aderezado por turbios manejos electorales, fraudes y corrupción, podría reforzar el prejuicio imperial de que, en algunos casos, la región aún no está apta para gobernarse a sí misma y por ello precisa de la sombra “metodológica” de las exmetrópolis o de la tutela ambiciosa del voraz norteño que se inventó, como señuelo, una Organización de Estados Americanos (OEA) que le hace el trabajo sucio.
Pero, volviendo a las contiendas electorales, las efectuadas durante el 2019 mostraron resultados finales inobjetables, los cuales prontamente se reconocieron en el ámbito internacional y también por los rivales. Las excepciones, Uruguay, cuyo recuento exhaustivo tardó una semana; y Bolivia, que culminó con un artero golde de Estado orquestado por Estados Unidos con el apoyo de la OEA, y que arrebató el triunfo en primera vuelta a Evo Morales y a su Movimiento al Socialismo (MAS).
Las estadísticas revelan, además, que los índices de participación electoral se mantienen altos (por encima del 70 %), y estables, a lo cual contribuye la obligatoriedad del sufragio en 13 naciones de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Vale aclarar que tal condición solo prevalece en unos 30 países del mundo.
En otras naciones, donde votar es derecho, no obligación, como ocurre en El Salvador, acudió el 52 % del padrón electoral; y en Guatemala el 56 % en la primera vuelta, y el 43 % en segunda.
Los presidentes electos en el 2019 son hombres; sus edades rondan entre los 38 (Nayib Bukele, El Salvador) y los 66 años (Laurentino Cortizo, Panamá). Todos arribaron con un historial de experiencia política previa.
¿Gobernar en solitario?
Una circunstancia que complejiza la capacidad ejecutiva de los presidentes es cuando deben lidiar con una mayoría opositora en las asambleas legislativas. Veamos caso por caso.
Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, contará con el apoyo del Partido Colorado y Cabildo Abierto, lo cual le garantiza superar al Frente Amplio en las dos cámaras (Representantes y Senadores) de la Asamblea General de Uruguay.
El bicameral Congreso de la Nación Argentina, por su parte, contará con Cristina Kirchner al frente del Senado, en su condición de vicepresidenta; y con Sergio Massa encabezando la Cámara de Diputados. Ambos pertenecen al Frente de Todos, igual que el presidente Alberto Fernández, agrupación política que tendrá mayoría absoluta entre los senadores, no así entre los diputados.
Bolivia vive aún bajo un régimen de facto que, sin bien no ha derogado las estructuras democráticas, sí ha ejercido todo su poder represivo (físico y sicológico) para resquebrajarlas, debilitarlas, fragmentarlas. No se pueden olvidar aquellas imágenes de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, golpeada e injuriada por querer participar de la primera sesión del parlamento luego del golpe de Estado.
Es así que, aunque las dos cámaras (Senado y Diputados) de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, o Congreso Nacional, estén supuestamente controladas por el MAS, les será complejo desempeñar su labor y, más aún, repetir en las elecciones previstas para mayo del 2020 el predominio que hasta el momento habían tenido como fuerza política.
La Asamblea Nacional de Panamá, en cambio, está integrada por 71 diputados, predominan entre ellos los militantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), del presidente Laurentino (Nito) Cortizo y de Marcos Castillero (al frente del legislativo). La mayoría absoluta la completan con los aliados del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).
El candidato sempiterno llamaron al presidente de Guatemala Alejandro Giammattei. En el 2007 se postuló por primera vez, con la Gran Alianza Nacional. En el 2011 se presentó con el Centro de Acción Social; y en el 2015 llegó a Fuerza, agrupación que luego de la derrota decidió dejarlo en el camino. Es entonces cuando decide crear una plataforma propia de cara a las presidenciales del 2019 y nace Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
Para gobernar, Giammattei deberá contar con el unicameral Honorable Congreso de la República de Guatemala, conformado por 160 diputados, y solo con 17 comparte agrupación política. La mayoría (52) militan en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata, Sandra Torres, perdió en el balotaje, pero ganó el control de 108 de las 340 alcaldías del país.
Vale destacar que en la puja por escaños en la actual legislatura guatemalteca se colaron cinco nuevas organizaciones: la triunfante Vamos, de Giammattei; Valor; Partido Humanista de Guatemala (PHG); Prosperidad Ciudadana (PC); y el socialista Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
Tras 10 años del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la presidencia de El Salvador, en el 2019 los ciudadanos votaron por el candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), el millenial cantor Nayib Bukele: “Oficialmente soy el presidente más ‘cool’ del mundo”, escribió en Twitter poco después de asumir, y desde esa red social ha impuesto una peculiar, polémica y autoritaria forma de gobernar.
A los desafíos que representan la violencia, inseguridad y pobreza en la nación centroamericana, Bukele ha tenido que sumar la preponderancia que en la Asamblea Legislativa tienen los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en pacto con el de Concertación Nacional (PCN) y el Demócrata Cristiano (PDC), que les confiere 49 diputados en total. El propio FMLN cuenta con 23 diputados, mientras que Gana solo dispone de una decena.
¿Qué nos depara el 2020?
El llamado superciclo electoral de Latinoamérica (2015-2020) debe concluir con los comicios municipales, legislativos y presidenciales del año próximo en República Dominicana, donde no se descarta el regreso al poder del expresidente Leonel Fernández.
Al programa previsto, que incluye elecciones en varios estados mexicanos, a nivel municipal en Costa Rica, las generales en Puerto Rico, legislativas en Venezuela, entre otras, le han nacido nuevos sufragios como resultado de incidentes ocurridos en algunos países durante el 2019.
En tal caso se encuentra Perú, con parlamentarias previstas para el 26 de enero, luego de que en septiembre del 2019 el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso de la República; y Chile, donde se ha convocado un plebiscito nacional para el 26 de abril con el objeto de consultar a la ciudadanía acerca de cómo gestar la Constitución que el pueblo ha reclamado en las calles.
Y, como una sombra oscura que sobrevuela todos los procesos políticos en la región, están las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a celebrarse el martes 3 de noviembre del 2020.