El control y fiscalización realizado por la Comisión Agroalimentaria del Parlamento al proceso de contratación de la producción agropecuaria para el año 2020, evidencia atrasos con respecto a los planes de la economía, ya que solo se ha realizado en el 27 % de las cifras y renglones previstos.
El informe presentado a los diputados de esta comisión refleja que solo se ha contratado el 20 % de la carne de cerdo, el 51 % del tomate para la industria, el 26 % de los frijoles y el 16 % del maíz, por lo que se considera que se requiere una atención priorizada a este aspecto, pues de ello depende la calidad del proceso y el compromiso de entrega de los productos.
En el proceso de contratación está la mayor reserva para evitar las ilegalidades en el uso y tenencia de la tierra, la sub declaración y el desvío de la producción, dice el informe.
A pesar de los avances en el abastecimiento de productos agropecuarios a las entidades del turismo, los diputados consideran que la contratación hacia este destino debe ser cualitativamente superior y tener más rigor en la realización.
Al cierre de octubre hay una deuda vencida con los productores que supera los 50 millones 700 mil de dólares, de las cuales 3 millones corresponden a las empresas subordinadas a las Organizaciones Superiores de dirección empresarial (Osde) atendidas por el Ministerio de la Agricultura, más de 2 millones a las subordinadas a Azcuba y el resto a las del Ministerio de la Industria Alimentaria y las de subordinación a los consejos de la Administración en las provincias.
El informe alertó sobre la tendencia al incremento de los impagos a los productores durante el 2019, muchos provocados por problemas subjetivos; ello se convierte en un elemento “desmotivador y causante de descontento e irritación en los productores de alimentos”, en tiempo de serias carencias materiales a causa de las medidas impuestas por el Gobierno estadounidense, que limitan objetivamente el desarrollo de los cultivos y la crianza de animales.
Otro aspecto contemplado por la comisión refleja la implementación de un sistema informático (SIPA), que se ha registrado en 204 empresas, el 97 % de las 211 que están vinculadas a la contratación; de las que faltan por inscribir el sistema 5 pertenecen al Grupo Agroforestal y 2 al ganadero.
El 69 % de las formas productivas y el 40 % de los tenentes de tierras están registradas, y se constató que existen dificultades con la actualización de los certificados de poseedores legales de tierras de los usufructuarios, siendo La Habana la provincia con la situación más compleja.
Los tres elementos fundamentales evaluados son la implantación del sistema informático de planificación agropecuaria, las estadísticas de la contratación que respaldan la demanda de los principales destinos y el efecto de la contratación en el ordenamiento de la disciplina de pago a los productores agropecuarios.
Los debates de los diputados, entre ellos varios productores agropecuarios, se centraron en los asuntos relativos a la contratación y el impago por productos acopiados, que no les permite solvencia para seguir el proceso productivo.
Esta tarea demanda un cambio en su ejecución, pues faltan pocos días para que inicie el 2020, y en el primer trimestre se realizan las mayores cosechas agrícolas que deben enviarse a los destinos planificados, y evitar que se desvíen desde el propio campo.
