Hay cifras que alarman. Y las que tengo ante mí obligan a encender el bombillo rojo, como suele decirse.
Los números que incorporaré a estas líneas son imprescindibles, sobre todo porque tienen una relación directa con la seguridad y la salud de los trabajadores, que es igual a decir, con la vida misma.
El Observatorio de la Economía Latinoamericana ha definido que “en el mundo actual la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST) ocupa un lugar importante dentro de la gestión de los procesos de Recursos Humanos, pues constituye un pilar fundamental para mantener la fuerza de trabajo satisfecha y altamente motivada y estos a su vez constituyen el eslabón fundamental de toda una cadena de acciones y recursos necesarios para lograr eficiencia en cualquier organización”.
A buen entendedor, con esas palabras bastan para comprender el significado real, táctico y estratégico del asunto que abordamos.
En Cuba, la GSST tiene la mayor prioridad y así está refrendado. De manera específica y por razones obvias, el movimiento sindical le concede la mayor relevancia.
Pero no siempre las preocupaciones y ocupaciones se corresponden con los resultados. En los primeros seis meses del año, según consta en un informe analizado en el Secretariado Nacional de la CTC a partir de los datos registrados por la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, se investigaron 49 accidentes mortales, en los cuales fallecieron 53 trabajadores. De estos, tres fueron múltiples y causaron siete muertes.
Durante ese período, la accidentalidad aumentó en un 19 % en relación con la del año anterior, tanto en los accidentes de trabajo, como los ocurridos en las vías. La cantidad de fallecidos se elevó en un 13 %, mientras que el 54 % de los hechos fueron propiciados por la conducta inadecuada de los trabajadores, el 31 % por problemas organizativos y el 15 % por deficiencias técnicas.
Entonces, el asunto no anda bien, no obstante los chequeos y las medidas adoptadas, y requiere de una preocupación mayor y sobre todo, de una exigencia más eficaz, principalmente para eliminar los riesgos y acrecentar la responsabilidad individual y colectiva.
Veamos otras cifras que resultan elocuentes.
En el acto de clausura provincial de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en Cienfuegos, se informó que debido a la accidentalidad laboral allí, se dejaron de aportar a la producción de bienes y servicios millones de pesos. En los primeros nueve meses del año en esa pequeña provincia ocurrieron 87 accidentes en centros laborales y 25 en las vías con vehículos estatales involucrados.
Evidentemente, resulta imprescindible elevar el papel de los dirigentes administrativos y sindicales, correspondiéndoles a estos últimos exigir el derecho de los trabajadores a contar con la mayor protección y medios con la calidad requerida.
A esas cuestiones se refirió de manera enfática en un reciente encuentro sindical Roberto Betharte Mazorra, jefe del Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC, quien precisó que las ansias lógicas de producir y brindar servicios no pueden provocar que se labore en condiciones inseguras y con medios de protección inadecuados o sin ellos.
También criticó la indisciplina existente en algunas entidades con la ejecución del presupuesto para la compra de los medios requeridos, y recordó que en el año 2018 la utilización del financiamiento dispuesto no rebasó el 40 por ciento.
Todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo no puede tratarse con “paños tibios” ni tolerancia. En los consejos de dirección y en las asambleas de representantes y de trabajadores tienen que ser más analíticos y enfáticos al respecto. Nada es más preciado que la vida de una persona. Entonces, hay que actuar en consecuencia.
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