Un equipo multidisciplinario argentino denunció, en base a pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el Gobierno de facto encabezado Jeanine Añez está cometiendo “delitos de lesa humanidad” contra el pueblo boliviano.
En conferencia de prensa, los miembros de la delegación dieron a conocer las conclusiones preliminares de su accidentada visita al país andino y afirmaron haber sufrido amenazas del ministro de la presidencia, Arturo Murillo, así como actos de hostigamiento desde su llegada al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.
No obstante, el informe refiere al menos 11 delitos: dos masacres (Senkata, en El Alto; y Sacaba, en el Cochabamba); desapariciones; torturas, violaciones y delitos sexuales; ataques contra gobernantes; persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales; confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa; represión de manifestaciones públicas; restricción manifiesta de la libertad de prensa; promoción del racismo y los discursos de odio; inacción y encubrimiento del poder judicial; hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales.
El documentó registró “numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores” y la “ausencia de atención sanitaria a la población”.
“Existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto, como consecuencia del actuar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”, afirma.
El informe asegura que los miembros de la delegación visitaron hogares de víctimas en El Alto y otras ciudades bolivianas, así como hospitales, iglesias, organizaciones políticas, lo cual les permitió acceder a testimonios de primera mano.
“Las defensorías públicas no están cumpliendo su función con perseguidos penalmente por falsos delitos”, afirma el texto. “En muchos casos se ha negado la atención médica de emergencia en razón de la ideología política, en tanto fue sistemático el incendio de casas de dirigentes identificados con el MAS (Movimiento al socialismo), y líderes políticos populares”, sostiene.
La delegación dijo contar con material probatorio del “apoyo explícito” de países extranjeros en el Golpe de Estado (…) Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho”, subrayaron.
La delegación estuvo integrada por Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP; Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH; Victoria Freire, del Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad; Daniel Catalano, de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE; Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL; Sergio Smietniansky, de la Coordinadora por los Derechos del Pueblo (CADEP); entre otros.
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