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Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia han dicho basta a los desmanes de los oligarcas: unos tienen el poder económico y político por la fuerza del golpe de Estado; otros a través de largos años de neoliberalismo que significa desfalco y explotación a los pueblos, y otros a través de la traición.
En esos escenarios las fuerzas represivas aplican toda la doctrina de la Escuela de las Américas, centro de Estados Unidos para formar fuerzas castrenses capaces de matar a su propio pueblo, y la sombra del Plan Cóndor extiende sus alas por el continente con las antiguas tácticas que caracterizaron a las dictaduras militares.
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, con sede en Buenos Aires, considera que en la región son características comunes la criminalización de los activistas sociales y la aplicación de políticas que buscan limitar o restringir las manifestaciones y mantener en la impunidad las violaciones de los derechos humanos.
Ecuador: No al Paquetazo
El 2 de octubre el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador anunció un paquete de medidas económicas que implicaba el despido de miles de funcionarios públicos, recortes en los presupuestos de sectores como educación y salud, y la liberalización del precio de los combustibles.
Tras lo que el pueblo denominó ‘El Paquetazo’, miles de ecuatorianos salieron a las calles a rechazar las medidas que respondían a un acuerdo del gobierno con el FMI.
Los pueblos indígenas protagonizaron las manifestaciones a las que se unieron sectores del transporte, sindicalistas, y otros.
Ante la magnitud de la protesta, el gobierno declaró el estado de excepción, las fuerzas armadas sitiaron Quito y el palacio de Carondelet, el Poder Ejecutivo se trasladó a Guayaquil, y cuando la movilización tomó fuerzas, hasta un toque de queda fue decretado en la capital.
Finalmente, el 13 de octubre negociaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el gobierno, con las Naciones Unidas como mediadora, y las autoridades anunciaron la derogación del decreto 883 sobre la eliminación del subsidio a la gasolina que fue la nota detonante de ese estallido social.
Chile: de la evasión al pago del Metro a la indetenible protesta social
El pasado 6 de octubre comenzó a regir una nueva tarifa para el servicio del tren subterráneo y el sistema de buses Transantiago.
Con la medida, el valor del pasaje para el metro en el horario pico alcanzó los 830 pesos chilenos, unos 1,17 dólares, mientras que para los estudiantes este llegó a los 230 y en el caso de los buses la tarifa llegó los 710 pesos, lo que significa un aumento de 30 pesos para el Metro y 10 para los buses.
El tren subterráneo moviliza cada día a unos 2,8 millones de pasajeros y su valor en hora punta, o de más pasajeros, llegó a ser de los más caros de Latinoamérica tras esa última subida.
Tal medida provocó el rechazo y la protesta de numerosas personas, sobre todo de estudiantes, que evadieron de forma masiva el pago en las estaciones de ambos sistemas de transporte.
La policía no dejó pasar esas acciones y utilizó buena parte de su arsenal para contener las protestas.
Gases lacrimógenos, tanquetas lanza agua, balines de goma, perdigones, fue la primera parte de la represión contra miles de manifestantes, todo bajo la sombrilla del estado de Emergencia, decretado por el presidente Sebastián Piñera para poner fin a la demanda social.
Las movilizaciones sin precedentes en ese país austral y que se mantienen desde entonces, exigen la renuncia del mandatario y la redacción de una nueva Carta Magna, que destierre a la vigente concebida en la dictadura de Augusto Pinochet.
Bolivia: Golpe de Estado
En Bolivia, el pasado 20 de octubre tuvieron lugar las elecciones y lo que parecía una fiesta cívica desembocó en un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Evo Morales que se concretó el 10 de noviembre.
Ese día, el líder del Estado Plurinacional, obligado por militares y policías renunció a su cargo y aceptó el asilo político ofrecido por México. Pocas horas después se autoproclamó como presidenta interina la senadora de oposición Jeanine Añez.
Sin embargo, desde antes, la derecha conocedora de su nueva derrota en las urnas, en complicidad con Estados Unidos, venía preparando el golpe y utilizó para ello como pretexto un supuesto fraude no confirmado.
El portal Nicaragua Rebelde un tiempo antes de los comicios alertaba en un artículo que si Evo Morales ganaba las elecciones del 20 de octubre un gobierno de transición cívico-militar se pondría en su lugar como parte un plan golpista.
Este nuevo gobierno no reconocería la victoria electoral de Evo y alegaría el fraude durante los comicios, advirtió la publicación digital bajo el rótulo de ‘La Embajada de EE.UU. en La Paz continúa su accionar encubierto en Bolivia para apoyar el Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales’.
Ese medio describió la preparación del golpe, en el cual están implicadas las fuerzas opositoras a través de los comités cívicos de Santa Cruz encabezados por Luis Fernando Camacho en alianza con la denominada Coordinadora Nacional Militar, la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz, la embajada de Estados Unidos, y el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
El propio Evo Morales denunció que detrás de la asonada está Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) como su instrumento más viable.
‘La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano’, dijo Morales en su primera rueda de prensa en México, país que le concedió asilo político.
En ese encadenamiento de hechos, diversas fuentes aseguran que el general Williams Kaliman, quien presionó a Evo Morales a renunciar a la presidencia el pasado 10 de noviembre, fue remunerado con un millón de dólares por Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada estadounidense.
Otros generales recibieron la misma cantidad y varios jefes de policía fueron pagados con 500 mil cada uno.
Sin embargo, el pueblo sorprendido por estos acontecimientos inició una cascada de movilizaciones, sobre todo indígenas, cocaleros, mujeres, estudiantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera Evo Morales.
Colombia se cansó de la desigualdad
De acuerdo con la activista Piedad Córdoba, Colombia se cansó de la desigualdad y el pueblo pide un cambio estructural, expresado a todo lo ancho y largo del país durante el 21 de noviembre.
En multitudinaria protesta ciudadana, cientos de miles de colombianos marcharon en rechazo a políticas del gobierno, contra la violencia existente en el país y por la construcción de la paz.
Se trata de una de las mayores movilizaciones de los últimos años y con réplicas en días sucesivos por la cantidad de participantes y diversidad de sectores
Luto en Latinoamérica
Más de 32 muertos en Bolivia, ocho en Ecuador, 23 en Chile y tres en Colombia es el saldo oficial tras la represión de la policía y los militares al estilo de las oscuras décadas de las dictaduras militares en Latinoamérica.
Cientos de heridos y miles de detenidos engrosan la lista del atropello contra las manifestaciones pacíficas en cada uno de estos países.
Como factor común, el vandalismo fue un elemento para legitimar el actuar policial y militar, sin embargo muchos videos y testigos dan cuenta que encapuchados con órdenes de la policía llevaron a cabo robos y otras fechorías en el contexto de las protestas.
En Chile, cerca de 300 personas, muchas de ellas jóvenes, han sufrido traumas oculares por disparos o lanzamiento de bombas lacrimógenas directamente a la cara. La mayoría perdió la vista de alguno de sus ojos.
La militarización del Distrito Metropolitano de Quito y sus alrededores, un toque de queda y actos de represión de parte de los uniformados, entre los que se cuentan disparos de proyectiles contra los manifestantes, mostró la verdadera cara del gobierno de Moreno.
En Bolivia, disparos con armas de fuego, incluso desde helicópteros, masacres, y gases lacrimógenos, amenazas a periodistas, cierres de medios de comunicación y carta abierta a los militares para reprimir, vía decreto, son las acciones de los golpistas para actuar con impunidad. Para Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia y asilado en México junto a Evo Morales, el odio al indio impera en el golpe de Estado en su país.
‘Pero el odio racial sólo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que detrás de cada mediocre liberal se agazapa un consumado golpista’, aseguró.
El odio al indígena, al negro, a los estudiantes, a las mujeres, se conjuga con el temor de la oligarquía a los cambios generados por los procesos de izquierda para mejorar las condiciones sociales.
Los sectores ultraconservadores se aferran a políticas neoliberales y agudizan la represión para detentar el poder y ello atiza las movilizaciones que reflejan el despertar de los pueblos en la región.
