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Al igual que en la masiva marcha del 21 de noviembre último, diversos sectores se manifiestan para expresar su inconformidad con la gestión gubernamental y demandar políticas efectivas en áreas como salud, educación, media ambiente y seguridad.
Las comunidades indígenas insisten durante las protestas en que se respete la vida, el territorio y la paz.
Si bien en su mayoría las acciones transcurren de manera pacífica, en algunos casos se registraron choques entre los manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), sobre el que llueven los cuestionamientos pues varias voces critican lo que consideran uso excesivo de la fuerza.
Las marchas de este miércoles y de ayer tienen un denominador común pues las personas se manifestaron también para honrar la memoria de Dilan Cruz, un joven de 18 años que falleció el 25 de noviembre tras ser herido de gravedad el fin de semana último por un integrante del Esmad durante una protesta pacífica en esta capital.
Una estudiante que participó en una concentración en Bogotá, manifestó a Prensa Latina su indignación por lo sucedido con el joven, quien marchaba por una educación de calidad.
Adicionalmente, el cacerolazo, devenido símbolo de la protesta pacífica en esta nación, logró sumar a los trabajadores del Congreso de la República.
En dicho contexto, el Comité organizador de estas actividades acordó reforzar las manifestaciones en el país.
En tal sentido, apuntó que en la acción de este miércoles exigen la disolución del Esmad, la depuración de la policía y el hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el gobierno, por considerar que atenta contra los interese de los colombianos.
El Comité también acordó mantener la movilización ciudadana y respaldar las acciones de protesta de manera pacífica y realizar asambleas sindicales, comunales, populares y barriales este fin de semana en todo el país, de tal forma que se pueda coordinar la movilización social.
En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, dicho panel pidió que el Gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
Adicionalmente, solicitó que el Ejecutivo aborde con el movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Los anteriores temas serán abordados por el Gobierno y el Comité de Paro exclusivamente a través de los mecanismos que se acuerden entre los mismos, independientemente de los establecidos por el Ejecutivo para el que ha denominado gran diálogo nacional.
Esta última petición hace clara referencia a lo que Duque denominó conversación nacional, proceso que comenzó el 24 de noviembre último con alcaldes y gobernadores y que se extenderá hasta el 15 de marzo próximo.
(Tomado de PL)
